La confiabilidad de la matriz energética de Colombia estaría en riesgo: las empresas se están quejando de los cambios regulatorios y fiscales a las reglas del juego del sector y de los retrasos que están teniendo los permisos y licencias ambientales.
La primera advertencia la hizo este miércoles Brookfiel Corporation, propietarios mayoritarios de Isagen. Por medio de un carta dirigida a los ministros de Hacienda y Energía, la compañía alertó que algunas medidas anunciadas por el Gobierno, de ser implementadas, perjudicarían a los inversores en Colombia.
Para el accionista, un proyecto de resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que modificaría el mercado de energía mayorista, resultaría contrario a los estándares de protección a la inversión a la que se ha comprometido el país.
“Estas directrices conllevan el planteamiento de esquemas en los que se pondrá en riesgo el retorno esperado sobre las inversiones realizadas y, en consecuencia, causarán cuantiosos perjuicios. Este tipo de criterios, en caso de adoptarse, podrían poner en riesgo la confiabilidad de la matriz energética”, dice la misiva.
Y si por un lado llueve, por el otro no escampa. Este jueves la compañía francesa EDF Renewables notificó su retiro de dos proyectos de energía solar en Girardot (Cundinamarca), con los que pretendía construir una planta con una capacidad de 145 megavatios.
Según explicó, la decisión de salirse obedeció a retrasos significativos en los permisos y licencias ambientales por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).
Asimismo, hizo hincapié en los cambios regulatorios y fiscales que han ocurrido, como la reforma tributaria de 2022, que impactó las rentabilidades de los proyectos y los beneficios de la Ley 1715, para promover las renovables.
Los contrastes
Este cóctel de factores está dejando al sistema eléctrico en una situación de incertidumbre y nerviosismo. Algo crítico en un momento en el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca apostarle a una transición energética, para la cual la seguridad jurídica y confianza inversionista son fundamentales.
“La situación se torna cada vez más compleja: la Creg y otros cargos siguen en interinidad; gremios y empresas advierten riesgos financieros y técnicos; anuncian suspensión de proyectos por cambios en reglas de juego; hay bloqueos en múltiples proyectos, incluyendo centrales en operación como Hidroituango; y El Niño amenaza con ser de larga duración, mientras la demanda y el precio en bolsa siguen incrementando”, señaló Diego Mesa, ex ministro de Minas y Energía.
Y agregó que ante la coyuntura actual y las complejidades del sector, es urgente una gestión eficiente y técnica desde la política pública y la regulación.
Desde la óptica de Santiago Ortega, director de innovación en Emergente Energía Sostenible, si bien la situación regulatoria que vive el país es bastante preocupante dado que la Creg todavía no tiene comisionados en propiedad; hay decretos que plantean intervenir el mercado de energía mayoristas y el Gobierno ya puso sobre la mesa una reforma a los servicios públicos, también hay apuestas empresariales, como la de EDF Renewables , que “simplemente no salieron”.
“A pesar del ruido, hay que hacer una lectura más prosaica de por qué EDF termina el proyecto. Hoy en Colombia hay una especulación gigante sobre puntos de conexión para iniciativas solares. Hay muchos proyectos potenciales y pocas subestaciones donde conectarlos. Y como eso se estaba volviendo una locura, Minenergía decidió establecer un esquema de garantías. Uno muy caro: si a un proyecto le asignan un punto de conexión, debe pagar una garantía de un año para ‘reservarlo’, que cuesta unos US$10.000 por megavatio”, comentó Ortega.
Si el proyecto no se desarrolla en el transcurso del año, continuó, “pues toca pagar la garantía otra vez, o perder el punto y volver a participar en el proceso de asignación. Para conectarse tiene que tener todo listo, cierre financiero, estudios ambientales, permisos. Y acá es donde entra la apuesta de EDF”.
Según el experto, esta compañía buscó el punto de conexión, pero no estaba lista la licencia ambiental, por lo que les tocaba pagar la garantía o renunciar al punto.
“Ellos pensaron que les iba a dar el tiempo y no les dio. Pero eso no es un problema necesariamente del proceso, es una apuesta que ellos hacen evaluando sus riesgos. En Colombia, los proceso ambientales y eléctricos dependen de instituciones distintas, cada una con sus tiempos. ¿Que los procesos ambientales son muy demorados? Sí. Pero un desarrollador de proyectos tiene que tener en cuenta esos tiempos para planear”, agregó.
Finalmente, el empresario afirmó que este tipo de casos no son nuevos, pues anteriormente ya hubo proyectos que perdieron (y les tocó pagar) el cargo por confiabilidad por atrasos en las líneas o en proceso ambientales, como fue Porvenir II de Celsia.
“Incluso le ha pasado al mismo Hidroituango con la emergencia. Si un proyecto se compromete a algo y por alguna razón no puede lograrlo, tiene que asumir las consecuencias. Esa es la apuesta que hacen los desarrolladores. Entonces, si bien EDF se está escudando (con alta dosis de razón) en una situación muy compleja de estabilidad jurídica y regulatoria, no se nos puede olvidar que abandonan el proyecto porque una apuesta no les salió. Medir ese riesgo era responsabilidad de ellos, de nadie más”, puntualizó el experto.
Las barreras que presentan las renovables
Según la Asociación de Energías Renovables Colombia (SER), hay 80 proyectos de renovables, que totalizan 3.330 megavatios, programados para conectarse y entrar en operación en 2023 y 2024. Estos representan inversiones entre US$2.500 y US$3.400 millones.
Sin embargo, estos presentan barreras: la mitad de ellos tienen trámites ambientales: 40% ante Corporaciones Autónomas Regionales y 10% ante la ANLA. Por otra parte, otros 19 están esperando respuesta a diferentes trámites con la Upme, la ANI y el Invias, y otros con alcaldías.
Además, según SER, les está pasando factura el encarecimiento de los intereses, el dólar y los costos de los equipos. “Estos proyectos se financian en pesos colombianos y reciben ingresos en pesos, pero su inversión se realiza en dólares”, dijo el gremio.
