La Procuraduría General de la Nación le “jaló las orejas” al Ministerio de transporte, la Aerocivil y la Supertransporte luego de hallar que, de más de 60.000 quejas de pasajeros afectados por la suspensión de vuelos de Ultra Air, solo 3.043 recibieron respuesta, lo que corresponde a menos del 5%.
La entidad verificó los hechos en el Puesto de Mando Unificado (PMU) activado por el Gobierno y encontró que varios usuarios, sobre todo adultos mayores, llegan desorientados a los aeropuertos a solicitar información y, con la demora en la atención, se han generado congestiones.
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La preocupación es mayúscula entendiendo que solo para esta Semana Santa la aerolínea había vendido 63.500 tiquetes, y se prevé que más personas se seguirán acercando para pedir una solución.
Por ahora, Latam, Wingo, EasyFly y Avianca les han lanzado “salvavidas”, aunque cada una a su manera. Solo esta última reubicó a 5.900 pasajeros de Ultra entre el 28 de febrero y la mañana de ayer, en un proceso que se extenderá sin costo hasta el próximo 11 de abril.
A la par que los viajeros buscan claridad siguen los rumores sobre una declaración de emergencia aérea por parte del Gobierno, entendiendo que sin Ultra Air ni Viva el país ha perdido a compañías que respondían por la cuarta parte de la demanda doméstica.
Según el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, la idea se pondrá sobre la mesa en el consejo de ministros que usualmente se realiza los lunes y, de avalarse, el Gobierno podría intervenir el mercado aéreo, lo que entre otras cosas le permitiría regular los precios de los vuelos.
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¿Una tragedia anunciada?
Lo cierto es que no deja de llamar la atención que en solo un mes dos aerolíneas hayan suspendido sus operaciones, dejando en suspenso a la industria aérea nacional, por más que el low cost sea de por sí un modelo de alto riesgo.
En ese sentido, algunas miradas han apuntado al Gobierno entendiendo que podría haberse anticipado a esta crisis, o por lo menos así lo consideran ciertas voces de la industria.
Por ejemplo, aunque Ultra Air ha aceptado que quebró por circunstancias coyunturales como el alto precio del combustible y la devaluación del peso, entre otras razones, en el aire quedó el sinsabor de que el Gobierno pudo actuar oportunamente brindando apoyo a través de un fondo de garantías, entendiendo lo esencial que es el transporte aéreo y que había tiempo de maniobra suficiente.
Las autoridades, de hecho, se apretaron el cinturón cuando Viva dejó de volar, pues fue en ese momento que empezaron a revisar con lupa los estados financieros de las aerolíneas y encontraron a una Ultra Air diezmada y llena de cifras preocupantes.
Dicho sea de paso, los representantes de Viva también le lanzaron su dardo a la Aerocivil. Aseguraron que los siete meses que tardó sin dar respuesta a la solicitud de integración con Avianca agravaron su situación financiera, al punto de tener que salir parcialmente del mercado con pasivos de $4 billones.
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Entre las fuentes del sector las opiniones están dividas. Una de ellas, que prefirió no ser citada al ser parte de una importante aerolínea, consideró que en el “caso Viva”, si bien había una situación financiera difícil, no puede decirse per se que exista responsabilidad del Gobierno.
“Una cosa es la difícil situación de Viva, que es cierta, y otra cosa es que hayan usado la crisis como causal para integrarse con Avianca. Ellos nunca buscaron otras opciones de inversión o se declararon en quiebra; de hecho, también les llegaron ofertas de Latam y JetSmart. Son dos temas distintos”.
De su lado, Claudia Velásquez, experta de la industria aérea, mencionó que el Gobierno sí tiene posibilidades de actuar ante estas crisis, pero con estrategias que impacten a todo el sector y no a unas aerolíneas puntuales. “Se debe pensar en volver a bajar el IVA a los tiquetes del 19% al 5% en esta situación (...) estaba anunciado que devolverlo al 19% este año, sumado a los ajustes que iban a hacer las aerolíneas por el dólar y el precio del combustible, iba a tener un efecto impresionante”.
Por su parte, las autoridades han manifestado que en el caso de Viva se necesitaba tiempo para analizar un proceso de tamaña envergadura –en relación a la integración con Avianca–, mientras en el de Ultra el ministro Reyes se libró de responsabilidades al asegurar que la firma había dicho que tenía solidez financiera, lo cual nunca demostró finalmente.
