El controvertido caso de Jorge Andrés Carrillo, presidente de ISA, ha sumado un nuevo capítulo. La compañía solicitó al Consejo de Estado que declare la reserva sobre los documentos relacionados con el proceso de nulidad electoral que cuestiona su elección.
Según la representante legal de ISA, Sonia Margarita Abuchar, los documentos contienen información sujeta a reserva comercial, secreto profesional y datos personales sensibles, según establece la ley colombiana.
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“Respetuosamente solicito a este honorable despacho que sujete a reserva el expediente del presente trámite de nulidad electoral... Los documentos que se aportan [...] están sujetos a la reserva comercial prevista en el artículo 61 del Código de Comercio, al secreto profesional y a la reserva de los datos personales contemplada en la Ley 1581 de 2012”, se lee en el documento al que obtuvo acceso EL COLOMBIANO.
La solicitud incluye actas clave de la junta directiva, como la No. 918, donde se formalizó la designación de Carrillo, y otras relacionadas con el proceso de selección.
“Toda información relativa a las deliberaciones y decisiones que obran en las actas de la Junta Directiva de ISA [...] se encuentran sujetas a la reserva propia de los libros y papeles del comerciante... La divulgación de información confidencial [...] podría causar perjuicios a la Compañía y a sus accionistas, además de tener eventuales efectos sobre el precio de la acción”, dice la carta enviada a la magistrada Gloria María Gómez, de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
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Por lo tanto, la solicitud de reserva por parte de ISA argumenta que la divulgación de información podría afectar a la compañía y sus accionistas, e incluso influir en el precio de la acción, dada su cotización en bolsa. “Existe el riesgo de que una multiplicidad de datos personales privados, sensibles y semiprivados del presidente electo y los demás candidatos sean expuestos o filtrados ante el público en general”, se lee en la misiva.
Críticas a la transparencia de la elección de Carillo
No obstante, esta decisión ha sido fuertemente criticada. Por ejemplo, el concejal de Medellín Alejandro de Bedout, por el movimiento Creemos del alcalde Federico Gutiérrez, quien ha seguido de cerca el caso, cuestionó duramente las intenciones detrás de esta solicitud: “¿Qué será lo que esconden? ¿Por qué ocultar información que afecta el interés público? Cada día es más claro que algo intentan esconder”, expresó en sus redes sociales.
De Bedout afirmó que, en los últimos días, ha observado un patrón de conducta por parte de ISA que parece orientado a evitar la entrega de información que debería ser pública, relacionado con el nombramiento de Jorge Carrillo como presidente. “Este panorama refuerza la percepción de que hay un interés por ocultar detalles sobre la selección de Carrillo y su cercanía con figuras políticas cuestionadas, como el exalcalde Daniel Quintero”.
Sus cuestionamientos no pararon ahí y exigió que los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad detrás de este caso. “Todo lo de Carrillo es oscuro, reservado, dudoso, mal intencionado que genera mucha desconfianza en su actuar. A EPM le hizo mucho daño, ahora es evidente que hará lo mismo con ISA. ¿Por qué el presidente de Ecopetrol y miembro de junta de ISA le sigue el juego a Carrillo? ¿Qué le deben?”, preguntó el concejal.
Hace poco también se conoció que Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, habría tenido injerencia en elección de presidente en ISA. Según dijeron fuentes a EL COLOMBIANO, Caicedo, junto con otras dos personas, habría ofrecido ayuda en el proceso buscando las presidencias de las filiales de Perú y Brasil a cambio, cuyo accionista mayoritario es la petrolera.
Como es de recordar, había nueve votos en juego, cinco correspondientes a Ecopetrol y cuatro a los nominados por fondos de pensiones y EPM. Entonces, los sufragios desde la petrolera podían marcar la diferencia y quien aceptara la “ayuda” de los tres hombres en cuestión podría verse favorecido en la elección.
Finalmente, la contienda se decantó en favor de Jorge Andrés Carrillo, a quien las fuentes consultadas ponen como muy cercano a Sebastián Ortega, hijo del empresario del sector constructor y político de Bello, William Ortega. “Estas son personas que tienen cooptada la contratación en varias entidades. Ortega, particularmente, es el vaso comunicante en Afinia, él fue el operador de la compra (por parte de EPM) que se dio en la administración Quintero”.
Retomando los cuestionamientos de Bedout, el concejal aseguró que ISA podría estar buscando evitar que la opinión pública examine los documentos relacionados con el proceso de selección de Carrillo, lo que generaría aún más sospechas sobre la transparencia e imparcialidad de su nombramiento. “Si el proceso de selección no cumplió con los estándares establecidos en los estatutos de ISA y el Código de Buen Gobierno, declarar la reserva del expediente evitaría que se evidenciaran irregularidades, como una posible falta de meritocracia o influencia indebida en la decisión”.
Más controversias en el caso Carrillo
El caso Carrillo está marcado por irregularidades desde su inicio. Aunque fue nombrado presidente de ISA en agosto, su designación aún no ha sido registrada oficialmente en la Cámara de Comercio de Medellín.
Esto ha generado un vacío legal que le impide firmar documentos en representación de la empresa, a pesar de haberse presentado como su líder en eventos internacionales como la COP16. La razón principal es que las actas de su elección no han sido aprobadas por la junta directiva.
Parte del problema para inscribir el nombre de Carrillo en el certificado es que el acta de la reunión de junta directiva que sesionó entre el 14 y 15 de agosto, en la que fue elegido presidente, no ha sido aprobada y sin ese visto bueno ese nombramiento no se puede asentar.
Además: Jorge Carrillo haría remezón en la cúpula de ISA que costaría $42.000 millones
Este inconveniente ya lo había registrado este medio el pasado 28 de septiembre, cuando se informó que Jorge Carrillo haría remezón en la cúpula de ISA que costaría $42.000 millones, es decir, estaría contemplando un plan de retiro para vicepresidentes y directivos de alto rango, algo parecido a lo que Carrillo también hizo en EPM, donde sacó a técnicos para poner cuotas políticas.
Entonces, al frente de este gigante del sector eléctrico está desde comienzos de septiembre Jorge Andrés Carrillo Cardoso, cuyo nombre ni siquiera ha sido asentado en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Medellín.
Sin embargo, los argumentos de ISA no convencen a todos. La falta de claridad sobre el proceso de selección de Carrillo y la opacidad de las actas de junta directiva alimentan la percepción de un manejo irregular en una empresa pública que administra activos por $73,4 billones.
El Consejo de Estado, que había solicitado a principios de noviembre las actas para evaluar la legalidad de la elección, ahora deberá decidir si accede a mantener la reserva.
El organismo solicitó “una copia del acta de la reunión donde se hizo la designación de Carrillo y los documentos que formalizaron la misma”. También se requirió una constancia de la publicación de ese acto, en caso de que haya sido publicada.
También el pasado 7 de noviembre, ISA pidió más tiempo al Consejo de Estado para entregar el acta de nombramiento de Carrillo. En respuesta al requerimiento, la compañía ha solicitado una prórroga para cumplir con la entrega del acta que oficializa a Jorge Carrillo como presidente.
Según ISA, el documento aún no está listo porque la Junta Directiva sigue en proceso de revisión y aprobación. Además, la empresa argumenta que, al ser una compañía de naturaleza mixta, no aplica los mismos estándares de transparencia que los actos administrativos, por lo que su nombramiento no requiere la misma “publicidad”.
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Cabe recordar que, el pasado jueves 15 de agosto, la junta directiva de ISA, filial de Ecopetrol, decidió nombrar nuevo presidente de la empresa de interconexión eléctrica a Jorge Andrés Carrillo, una ficha clave del exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
Su hoja de vida y la trayectoria arrojan por lo menos dos conclusiones que tal vez definan los cimientos de la trayectoria del bogotano de 43 años: ha pasado por varios cargos relacionados con el tratamiento del agua en Colombia; y ha forjado amistades políticas que en realidad no se sabe si son lunares en su ancho y vistoso currículum.
Todo cambió para Carrillo cuando Daniel Quintero llegó a la Alcaldía de Medellín. Quintero reclutó los saberes de Carrillo. El 14 de abril de 2021, fue nombrado gerente general de EPM, luego de que la Junta Directiva de la Empresa recomendara de forma unánime su nombramiento al alcalde de Medellín.
Y la realidad es que llegó con la sombra del quinterismo a cuestas y de su mala gestión en EPM, por lo mismo que fue tan difícil su elección, ya que varios miembros de la junta, quienes representaban a los fondos de pensiones y a EPM no admitían su nombre para el alto cargo.
De esta manera, con esta nueva polémica, según las fuentes consultadas, Carrillo, conocido por su cercanía con Daniel Quintero y otros actores políticos, estaría protegido por esta reserva, a su vez proteger a los involucrados de los cuestionamientos por posibles conflictos de interés o favoritismos.
“Aunque no tenemos acceso directo a las actas, el hecho de que ISA haya tardado tanto en presentar documentos básicos y que incluso ahora solicite reserva refuerza los indicios de que algo irregular ocurrió. Las empresas mixtas tienen un deber especial de transparencia, y cualquier intento de ocultar información solo aumenta la desconfianza”, remató el concejal de Bedout.
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