En Colombia hay dos regímenes previsionales: uno privado de Ahorro Individual (Rais), que manejan administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP); y otro público de Prima Media (RPM), que administra Colpensiones.
En teoría, ambos regímenes tienen unos criterios precisos para otorgar una jubilación. Sin embargo, por cuenta de fallos judiciales, hay más de 1.280 normas distintas para que un colombiano se pensione en Prima Media.
Así lo señaló Mauricio Olivera, presidente de Colpensiones, en entrevista con EL COLOMBIANO, luego de que la entidad presentó a la Procuraduría General de la Nación un estudio sobre el tema.
Esto llevado a la práctica indica que los jueces, con su nutrida jurisprudencia, suplantan la función de la entidad estatal para determinar si un afiliado cumple o no, requisitos para jubilarse.
“Hay exceso de jurisprudencia que dificulta la toma de decisiones eficientes. Internamente estamos consolidando todas esas normas y se trabajará con el Gobierno para determinar la manera para unificar criterios”, comentó el funcionario.
Por eso solicitará al “alto Gobierno” que este asunto pueda ser parte de una eventual reforma pensional que se presente al Congreso (ver ¿Qué sigue?).
La diversidad de decisiones judiciales se alimenta de la interpretación particular que se ha dado a casos de colombianos, por ejemplo, cobijados por el régimen de transición.
Pero también por los detectados carteles de jueces que han negociado fallos, el escándalo de las megapensiones judiciales y a virajes improcedentes que terminaron reconociendo derechos laborales a quienes no hicieron méritos para conseguirlos.
“El régimen pensional colombiano funciona y se hace prácticamente todos los días por decisiones de jueces en procesos ordinarios, tutelas y demandas a normas de seguridad social”, comentó recientemente el superintendente Financiero, Gerardo Hernández, en el congreso anual de Asofondos.
Lo anterior, pese a que la Corte Constitucional en varias de sus sentencias ha hecho llamados insistentes para que los fallos en materia de pensiones, “en lo sucesivo, den estricto cumplimiento a los lineamientos fijados”, atiendan siempre decisiones previas de altas cortes.
Esta variopinta realidad jurídica, de fondo, pone en mayor riesgo la sostenibilidad de un régimen público claramente desfinanciado. En cuentas gruesas de Olivera, de los 23 billones de pesos que pagó Colpensiones en mesadas en 2015 a 1,2 millones de jubilados, 6,5 billones fueron con aportes de cotizantes activos (un 33 % de afiliados); otros 6 billones provinieron del traslado de ahorros de quienes se cambiaron de régimen.
Los cerca de 10,5 billones restantes, los giró el Ministerio de Hacienda con cargo al Presupuesto General de la Nación, es decir, con impuestos que pagan los colombianos.
Y eso que Colpensiones demanda poco menos de la tercera parte de 34 billones de pesos que el Gobierno destina este año para mesadas públicas (incluidos militares, profesores, entre otros), el gasto más alto, excluyendo servicio a la deuda.
“Ya superamos todos los retrasos pensiones del Seguro Social, que además implicaban retroactivos muy altos. Así que esperamos que la presión sobre el presupuesto vaya bajando”, agregó Olivera.
Y esa proyección tiene en cuenta que más personas se están jubilando con Colpensiones: si en 2014 se alcanzó el mayor pico, 100 mil nuevos retiros, para este año se espera que oscilen entre los 60 mil y 70 mil, para cerrar con un poco más de 1,3 millones de colombianos que reciben mesada en el régimen público.
