La Procuraduría General de la Nación ordenó este lunes la apertura de una investigación disciplinaria contra seis exfuncionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), el Inder y Metroparques, por su presunta participación en la celebración de contratos interadministrativos en los que se habrían incurrido en irregularidades.
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Los investigados son el exsubdirector de gestión administrativa y financiera del Área, Álvaro Alonso Villada García; la exdirectora del Inder, Diana Paola Toro Zuleta; el exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina; la también exgerente María Eugenia Domínguez Castañeda; la exjefe de Compras, Viviana del Valle Velásquez; y el exsecretario general Carlos Augusto Jaramillo Villareal.
La Segunda Delegada para la Contratación Estatal señaló que, al parecer, según revelaron medios de comunicación y la Veeduría Todos por Medellín, “varios de los negocios jurídicos entre las entidades se celebraron de manera directa y se pactaron acuerdos en detrimento de terceros para favorecer a algunas de ellas”, señala el Ministerio Público.
En el mismo sentido, la Procuraduría adujo que “supuestamente se configuró una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades por parte de Metroparques por la suscripción de los bilaterales que tenía a su cargo”.
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La investigación tiene que ver con el contrato interadministrativo 6700013390 de 2020, por valor de $21.826 millones, cuyo objeto era gerenciar, coordinar y ejecutar dichos recursos “para el desarrollo de eventos recreativos, deportivos y de actividad física junto con todos los componentes, accesorios y demás materiales necesarios para el desarrollo de las actividades descritas conforme a los lineamientos de la oficina asesora de planeación, así como los proyectos priorizados del programa planeación local y presupuesto participativo del Inder”.
En marzo, la Personería de Medellín ejecutó un proceso de vigilancia administrativa al mismo caso e identificó que en el desarrollo del mencionado contrato interadministrativo Metroparques suscribió contratos con otros proveedores para prestar los servicios requeridos, lo que permitiría inferir que no contaba con la capacidad para cumplir el objeto contractual.
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“(Metroparques) no contaba con los medios para satisfacer por sí misma la supuesta necesidad del Inder, siendo este un presupuesto necesario, conforme a la ley y la jurisprudencia, para la realización de este tipo de contratos, puesto que la entidad estatal ejecutora debe contar con la idoneidad técnica y experiencia operativa para acometer de manera directa el objeto de la contratación”, indicaron desde la Personería el pasado 15 de marzo.
Este caso también avanza entre las investigaciones de la Fiscalía a contratos de la administración de Daniel Quintero que estarían cargados de presuntas irregularidades. Por estos hechos, en enero se conoció que el ente acusador imputó al exgerente de Metroparques Jorge Enrique Liévano Ospina y al representante legal de la empresa Cyan Eventos, Mauricio Jaramillo Botero. Esta última, la empresa que Metroparques subcontrató por un valor de $19.850 millones, para que cumpliera el objeto del contrato interadministrativo con el Inder.
El primero fue imputado por los delitos de asociación para cometer delitos en contra de la administración pública, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. El segundo, por los delitos de asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.
Lo que trata de establecer la Fiscalía es qué pasó con casi $1.700 millones, el 8% del valor del contrato interadministrativo con el Inder, que fue lo que cobró Metroparques para luego hacer una invitación privada a tres empresas, entre las cuales terminó escogiendo a Cyan, consentida durante todo el último cuatrienio en temas de contratación, como lo es el caso de la megacarpa del Juan Pablo II, en la que fue suspendida la realización de eventos tras una medida cautelar de urgencia ordenada por un juez de Medellín el pasado 26 de abril.
La Procuraduría indicó que con esta investigación y la solicitud de pruebas que se hizo, busca “verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si los implicados actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.
