En la noche de este miércoles 29 de noviembre, el gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria, dio a conocer la citación a una junta extraordinaria convocada por la junta directiva de la organización para el próximo 7 de diciembre, en la que dentro del orden del día se incluían los puntos de “remoción del gerente general y sus suplentes”, y, además, la “actualización del manual de funciones y requisitos”, que lo que pretendería sería bajar los requisitos para poder nombrar a un nuevo gerente que, en las condiciones actuales, no podría asumir.
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Sobre su posible remoción del cargo, Elejalde dijo que lo tomaba por sorpresa y que “no tenía la capacidad” para saber el porqué de esa decisión. “Estamos dedicados a resolver los problemas del día a día, enfocados en que de manera financiera, técnica y social la empresa funcione bien”, agregó.
Respecto al cambio del manual de funciones y requisitos, el gerente se refirió a la frágil situación financiera que atraviesa la compañía desde la pandemia e hizo énfasis en que un detrimento del gobierno corporativo podría representarle al Metro dificultades para acceder al mercado financiero, lo que haría más grave la situación, y terminaría afectando la calidad del servicio.
“Nuestra empresa, desde el punto de vista financiero, y sobre todo por la pandemia, es frágil. Si bien tiene unos buenos ingresos día a día también tiene altísimos costos en la operación (...). El manejo financiero de la entidad es algo muy delicado y por eso es que nosotros empezamos un proceso de fortalecimiento del gobierno corporativo, especialmente para prepararnos para la emisión de bonos sostenibles, que tienen una connotación de impacto social positivo. La empresa quiere acceder a ese mercado de valores y así capitalizar los beneficios ambientales y sociales que tiene. Ese proceso requiere de una gran estabilidad de la administración de la organización para que pueda ser atractiva para el mercado de valores, porque de lo contrario, si no hay accesos a recursos financieros económicos, tendremos problemas eventualmente en la calidad del servicio, o sea que sufriremos todos los ciudadanos”, explicó Elejalde.
Hay que recordar que el pasado 26 de septiembre, la Presidencia de la República expidió un decreto en el que cambió los cinco representantes que tenía en la junta directiva del Metro de Medellín. Esta junta en la empresa de transporte tiene nueve sillas: cinco del Gobierno Nacional, dos representantes de la Alcaldía de Medellín (el alcalde y el director de Planeación) y dos de la Gobernación de Antioquia (el gobernador y el director de Planeación).
Según la configuración de la junta, el presidente puede designar tres miembros independientes, con sus respectivos suplentes, dos de los cuales no deben tener la calidad de servidores públicos, y así mismo sus suplentes. Además, puede nombrar un representante del Ministerio de Hacienda, con su respectivo suplente; y un representante del Ministerio de Transporte, con su respectivo suplente.
Según denunció EL COLOMBIANO en su momento, los tres miembros independientes que fueron nombrados por el gobierno del presidente Gustavo Petro en la junta directiva del Metro de Medellín han firmado millonarios contratos con la Alcaldía de Medellín este año.
Y es que aunque en sus estatutos el Metro busca tener diferentes sectores que garanticen el rigor técnico de la entidad –permitiendo que converjan la Alcaldía, la Gobernación y la Nación– por lo menos hasta el 31 de diciembre todo parece inclinado a la órbita del exalcalde Quintero.
