En medio de la crisis en la prestación del servicio de energía eléctrica que padecen los habitantes de la Costa Atlántica y que se convirtió en un dolor de cabeza tanto para las empresas como para el propio Gobierno Nacional, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró en una rueda de prensa que él, como presidente de la junta directiva de EPM, está buscando soluciones para la crisis empresarial de las compañías que prestan el servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe.
“Hacemos un llamado al Gobierno para encontrar una salida que sea negociada. Si la salida es que el Gobierno adquiera 100% de las acciones que tiene EPM en Afinia, estamos dispuestos a llevar a cabo esta transacción sin que haya una afectación del servicio”, dijo el alcalde
Gutiérrez reiteró que “la peor decisión” que ha tomado EPM en muchas décadas fue entrar a operar en varios departamentos de la Costa Atlántica a través de una filial como Afinia. “Recuerden que cuando es intervenida Electricaribe en su reemplazo entró Air-e y Afinia”, dijo. Gutiérrez explicó que las pérdidas son grandes y la situación pone en riesgo a EPM y el municipio de Medellín en función de la transferencia de utilidades.
Gutiérrez explicó que las pérdidas son grandes y la situación pone en riesgo a EPM y el municipio de Medellín en función de la transferencia de utilidades.
“Hemos buscado salidas y, pese a las dificultades, no hemos interrumpido el servicio en la Costa. El tema de la opción tarifaria se anunció hace más de tres meses y no se ha concretado. Hay grandes pérdidas de energía y en el recaudo. Lo anterior se suma al ambiente que ha generado el Gobierno en contra de los operadores de generación de energía. Ha sido un escenario adverso”, agregó.
Gutiérrez concluyó que la intervención de las empresas no es el camino, pues el Gobierno debe invertir recursos que pueden llegar a billones, dinero que puede estar destinado a obras sociales y otros proyectos.
La situación financiera de Afinia no puede estar peor. Desde 2020, la inversión que ha hecho EPM para mantener operando su filial en la Costa asciende a $2,05 billones, pero no solo no ha arrojado ganancias exiguas, sino que está arrojando pérdidas por el orden de $90.000 millones mensuales.
El mal negocio que hizo EPM con Afinia responde a múltiples causas, incluyendo un entramado de presunta corrupción, según aseguró Gutiérrez, pues a principios de este año aseguró que en los informes de empalme recibieron información financiera con graves inconsistencias. A finales de 2023, el entonces gerente de Afinia, Javier Lastra, fue citado en el Concejo de Medellín para explicar los ruidos y presuntas irregularidades que estaban ocurriendo en dicha empresa. Lastra no logró explicar de manera contundente el porqué de la pobre ejecución del presupuesto. Previamente, el 16 de junio del año antepasado, la Superintendencia de Servicios Públicos había entregado un informe según el cual solo había ejecutado 26.000 millones de pesos de los 155.000 millones que debía haber invertido en la costa, o sea menos del 17%.
Afinia también arrastraba enormes problemas en cuanto a normalización de la cartera, la calidad del servicio y la reducción de pérdidas de energía en los cinco departamentos donde presta servicio: Bolívar, Córdova, Sucre, Cesar y Magdalena.
Lastra se fue en mayo de este año negando haber llegado a la gerencia en medio de un supuesto plan orquestado por el entonces alcalde Daniel Quintero, quien según una denuncia radicada en Fiscalía por Federico Gutiérrez, entregó la gerencia de la filial a cambio de un pago de 8 millones de dólares.
La salida del mercado de Afinia, una posibilidad que está sobre la mesa desde hace meses por la inviabilidad de su operación, agravaría aún más el caos que vive la Costa Atlántica frente al servicio de energía eléctrica, pues Afinia atiende aproximadamente a 1,7 millones de usuarios, por lo cual si saliera del mercado, habría una gran incertidumbre en cuanto a quién y cómo pudieran ser esas obligaciones atendidas en el mercado de energía mayorista, pudiendo además afectar la estabilidad financiera de otras empresas que prestan servicio en otras regiones del país, según sopesó hace unos meses Miguel Lotero, exviceministro de Energía.
Los compromisos de inversión que asumió la empresa al ser adjudicataria de Caribemar también quedarían a la deriva, y son $5 billones comprometidos hasta 2030.
