Un juez de Medellín ordenó a EPM suspender el cuestionado contrato de seguridad que el pasado 6 de octubre entregó a una empresa con sede en Barranquilla identificada como Su Oportuno Servicio (SOS Seguridad), que desde agosto de este año es señalada de presuntamente haber sido favorecida para ganar esa licitación.
Según puede leerse en un auto emitido el pasado miércoles 1 de noviembre, el Juzgado 17 Civil Municipal de Oralidad de Medellín admitió una acción de tutela interpuesta por la Compañía Andina de Seguridad (Andiseg) en contra de EPM y en la que se pedía ponerle freno a ese contrato.
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Aunque por ahora son muy pocos los detalles que se conocen sobre los motivos por los que se habría interpuesto esa tutela, en el auto ese juzgado no sólo admitió la acción, sino que ordenó como medida cautelar reintegrar a Andiseg a la prestación de ese servicio mientras profiere un fallo de fondo.
“Se le ordena a Empresas Públicas de Medellín que proceda a inaplicar de manera temporal los efectos del informe final de evaluación del 29 de septiembre de 2023, contentivos del proceso de solicitud de oferta CRW2511772, dentro del grupo 2, por ende, la prestación de los servicios de vigilancia continuará a cargo de la Compañía de Vigilancia Andina de Seguridad Andiseg hasta que se profiera el respectivo fallo de tutela”, se lee en la decisión, en la que también se ordena vincular a ese proceso a SOS Seguridad.
La polémica por esta licitación, en la que se comprometieron unos $120.000 millones, comenzó en agosto de este año, cuando salieron a flote varios señalamientos que apuntaban a presuntas irregularidades.
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Dentro de las más importantes, sobresalió la exigencia de una póliza de seguro colectivo, que si bien es una exigencia nacional para ese tipo de procesos, para varios oferentes estaba pavimentando el camino para que algunas empresas pudieran presentar ofertas de un valor más bajo.
“Hemos participado en diferentes procesos licitatorios donde vemos primas de $100 con un valor asegurado de $800.000, hasta allá hemos llegado. Entonces sí le pido a la administración que elimine esta exigencia”, expresó uno de los oferentes en una reunión informativa que realizó EPM.
Dentro de las empresas presuntamente beneficiadas por esas condiciones se señaló a SOS Seguridad, que fue una de las que presentó ofertas más bajas y a mediados de agosto terminó liderando la lista de elegibilidad para quedarse con el contrato.
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A mediados de septiembre, aún cuando la adjudicación no se había hecho oficial, también se conoció que SOS Seguridad había estado involucrada en escándalos también por presunto favorecimiento de políticos, esta vez en un caso ocurrido en la isla de San Andrés en 2016.
Ese año dicha compañía fue mencionada por cuenta de un contrato que firmó con la Gobernación de San Andrés, que luego le terminó costando al gobernador Ronald Housni un llamado a un juicio disciplinario de la Procuraduría General de la Nación por presunta corrupción.
El grupo político que entonces manejaba la gobernación ha sido identificado como cercano a la esposa del exalcalde de Medellín, Diana Osorio, sobre todo por cuenta del representante a la Cámara Jack Housni, hermano del exgobernador Ronald Housni.
A pesar de ese contexto, EPM decidió entregar a SOS seguridad un contrato de $73.745 millones para encargarse de su servicio de seguridad privada en todas sus sedes por fuera del Valle de Aburrá, por un periodo de 1 año, 9 meses y 28 días.
