Un jugoso proceso de contratación de EPM, que podría comprometer recursos por más de $119.000 millones, está bajo la lupa luego de que salieran a flote una serie de señalamientos de presuntas irregularidades para favorecer a una empresa.
La polémica se centra sobre un concurso con el que la compañía antioqueña contratará su servicio de vigilancia privada en todo el país, que ha despertado suspicacias entre sus competidores.
El grueso de la discusión se centra en varios requisitos y criterios de evaluación que EPM incluyó en las condiciones del proceso, asociados a un seguro de vida, que a juicio de varios oferentes inclinaría la balanza en su contra.
Pese a que durante varios meses la discusión pasó de agache, el pasado 31 de julio el lío terminó saliendo a flote luego de que la emisora La FM publicara una investigación que puso los reflectores sobre una compañía con sede en Barranquilla, señalada allí como una de las más opcionadas para ganar.
Las claves de la controversia
Según advierten participantes, aunque el actual proceso comenzó en marzo de este año, el enredo se remonta hasta el segundo semestre de 2022, cuando EPM abrió un proceso con el mismo objeto que terminó siendo suspendido, al parecer sin mayores explicaciones.
Dicha suspensión, sostienen esas fuentes, llamó la atención por varias razones. Primero, porque la empresa decidió acudir a esa figura y no declararlo desierto. Asimismo, añaden, durante ese primer intento la empresa que hoy es señalada como la presunta favorita no habría cumplido con todos los requisitos.
Tras aquel traspié, la empresa abrió nuevamente el proceso este año, que en su objeto aparece como “prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada para Grupo EPM” y tiene el número CRW251772.
En las especificaciones del mismo, la compañía desglosa que contratará el servicio dividiéndolo en dos partes. Por un lado está el Grupo 1, que reúne todas las instalaciones de la empresa en el Valle de Aburrá; y por otro está el Grupo 2, que reúne a todas las instalaciones por fuera del Aburrá, abarcando departamentos como Antioquia, Caldas, La Guajira y Cundinamarca, entre muchos otros. Por su mayor valor, este último contrato es el más codiciado.
Según se lee en los documentos del proceso, EPM cerró el plazo para recibir las ofertas de los interesados el pasado 17 de abril a las 2:00 de la tarde, recibiendo 15 propuestas, todas por un valor que ronda los $46.000 millones para el Grupo 1 y los $73.000 millones para el Grupo 2.
Dentro de las exigencias que incluyó EPM para escoger al ganador, aparecen acreditar una experiencia de mínimo cinco años en máximo 5 contratos por un valor mínimo de 70.000 salarios mínimos mensuales, constituir garantías bancarias por $400 millones, acreditar la adquisición de una póliza de seguro colectivo, entre otros.
Este último requisito, pese a ser una exigencia a nivel nacional desde al año pasado para todas las entidades, es el que mayores discusiones ha despertado.
En una reunión informativa a la que acudieron varios oferentes el pasado 28 de marzo, cuya acta reposa entre los documentos del proceso, varios contratistas aseveraron que el requisito del seguro colectivo estaría pavimentando el camino para que unos competidores tuvieran ventajas sobre otros.
El argumento de dichos contratistas consistía en que algunas empresas, teniendo en cuenta que el principal factor de peso para ganar el contrato es presentar el valor más bajo, estaría contratando pólizas a precios muy bajos.
Varios empresarios argumentaron que esa jugada, además de generar una asimetría que impactaba el valor de las ofertas, podría jugarle en contra a EPM durante la ejecución del contrato, al escoger contratistas con seguros de vida de menor cobertura.
“Hemos participado en diferentes procesos licitatorios donde vemos primas de $100 con un valor asegurado de $800.000, hasta allá hemos llegado. Entonces sí le pido a la administración que elimine esta exigencia”, dijo uno de ellos, pidiendo cambiar la forma en cómo se evaluaba ese requisito.
En este punto de la historia es que aparecen los señalamientos.
Según publicó La FM en su investigación, en una aseveración repiten otras fuentes consultadas, una de las empresas presuntamente beneficiadas de esa asimetría fue la que precisamente presentó la oferta más baja y que, de paso, no había logrado cumplir con los requisitos en el proceso que venía de 2022 que terminó suspendiéndose. La compañía se identifica como Su Oportuno Servicio LTDA S.O.S. y aparece registrada en la Cámara de Comercio de Barranquilla.
Curiosamente, en las actas de esa reunión, esa misma compañía solicitó a EPM también hacer cambios en las condiciones, pero en este caso pidiendo flexibilizar los requisitos de experiencia, buscando que los contratos para acreditarla pudieran ser desde 2017, y no desde 2018 como aparece en el proceso.
Para conocer su versión ante esos señalamientos, EL COLOMBIANO intentó durante la tarde del pasado lunes ponerse en contacto con la empresa S.O.S. Seguridad a través de su número de servicio, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible.
Por su parte, EPM negó estar favoreciendo a oferentes, pero expresó que no se pronunciaría sobre el tema hasta que el proceso concluya.
“EPM continúa con el proceso de contratación y hasta tanto no se den por cumplidas otras etapas, no puede pronunciarse frente al mismo. Sin embargo, tal como lo hace en todos sus procesos de contratación, la Compañía seguirá dando cumplimiento a sus principios y políticas dentro del proceso contractual de bienes y servicio”, expresó la empresa en una respuesta escrita.
