Mientras que Metrosalud, la entidad del Distrito que administra la red pública de salud, sigue con su presupuesto “enfermo”, estaría incurriendo en sobrecostos millonarios en la compra de medicamentos y con una presunta nómina paralela en la que hay incluidos políticos.
La gerente de la entidad, Valentina Sosa, reconoce que el déficit actual oscila entre $27.000 y $30.000 millones, si bien ha mejorado porque viene de $42.000 millones a principios de este año.
Aún así, informes de riesgo financiero hechos por profesionales de la misma Metrosalud y conocidos por EL COLOMBIANO hablan de dos factores que estarían agravando el estado del “paciente”: la mala gestión de las facturas y un posible sobrecosto en la compra de insumos. Un tercer factor, según denuncias, sería una presunta contratación de personal que en su mayoría no cumpliría con funciones misionales, por $1.200 millones mensuales.
En particular, los documentos manifiestan preocupación por la cantidad de facturas sin radicar ni consolidar para el cobro, que para el 31 de agosto sumaban $8.867 millones. Esto debido a “la insuficiencia de recurso administrativo de planta y, en el caso de los contratistas, los inadecuados perfiles del personal seleccionados y su alta rotación”. Señalan que la situación es más grave al sumar las glosas (cuentas objetadas) y las facturas devueltas que “va alcanzando los siete mil millones de pesos”.
Uno de los documentos es una auditoría y puso también el ojo en un posible aumento de entre 30% y 2.000% en los valores unitarios de un grupo de medicamentos. Antes Metrosalud le compraba buena parte de lo que necesitaba a la Cooperativa de Hospitales de Antioquia (Cohan), pero luego de incumplimientos y advertir costos elevados, este año dispersó la contratación de insumos y medicamentos en varios proveedores. Lo paradójico es que habría obtenido el resultado contrario, porque habría habido aumentos exorbitantes en algunas referencias.
Por ejemplo, en insumos y reactivos de laboratorio, un informe complementario dice que hay 96 referencias que valen casi 13 veces más que el año pasado.
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En cuanto a soluciones (líquidos) de gran volumen, 10 referencias se habrían incrementado en 256%. Por ejemplo, una dextrosa al 10% en agua destilada inyectable habría pasado de costar $370 a $4.020 (986% más) y una solución de manitol al 20%, se habría subido en 411% al pasar de $6.108 a $31.200.
“En el caso de los medicamentos relacionamos que 219 ítems de 330 aumentaron su precio de compra por encima del 25%, esto es el 70% de las referencias”, recalca el documento.
“Este incremento y la tarifa por debajo del precio de compra afectan el presupuesto de la entidad, violando presuntamente los principios de eficiencia, responsabilidad y economía”, recalca el documento.
Entre los nuevos oferentes de suministros hay una firma nombrada en indagaciones de organismos de control por presuntamente hace parte de contrataciones irregulares en el Hospital General. Se trata de Casapharma. Su contrato con Metrosalud fue por invitación directa, después de un estudio de mercadeo en el que habrían mirado los precios de otras cinco empresas y la escogencia se dio pese a que tenía los precios más altos.
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¿Nómina paralela?
La llegada de Valentina Sosa a Metrosalud, en enero de este año, marcó un cambio en el dominio político de la entidad, según fuentes políticas. No hay que olvidar que ella reemplazó a Marta Cecilia Castrillón, quien no solo fue esposa del hermano de Óscar Hurtado, el actual alcalde encargado de Medellín, sino reconocida cuota de la casa Suárez Mira de Bello. Su salida por pensión le habría caído de perlas a la administración de Quintero para entregarle el manejo burocrático de la entidad a Julián Bedoya, hoy candidato a la Gobernación, el mismo cuestionado por posibles entuertos alrededor de su título de abogado en la Universidad de Medellín.
Sosa sería cuota suya y la administración de esta ha firmado este año 2.287 contratos de prestación de servicios personales que algunos califican como una nómina paralela para ubicar a aliados del jefe político.
El caso más evidente sería el del excongresista Adolfo León Palacio, con un contrato de asesoría por $10 millones mensuales. Oficialmente, la fecha de inicio fue el 18 de mayo hasta el 29 de noviembre. Sin embargo, hay datos contradictorios, pues Sosa aseguró que solo estuvo mes y medio; solo que EL COLOMBIANO accedió a un recibo de tesorería de septiembre 7 y que debió corresponder a sus honorarios de agosto.
Sosa negó que haya una nómina paralela y resaltó que para cumplir con 18 convenios interadministrativos con las secretarías de Salud e Inclusión Social, y el programa Buen Comienzo, hay casi 2.500 personas por órdenes de servicios. “Son psicólogas y nutricionistas que van casa a casa valorando a las familias”.
Le preguntamos por las funciones de Palacio y no supo responder en principio. Luego de apoyarse en un colaborador contestó que se trataba de una asesoría financiera. Lo extraño es que ella figura como supervisora del contrato y por tanto debió conocer esa información al dedillo. Por otra parte, contestó que no es verdad lo que dice el informe de auditoría interna sobre sobrecostos en medicamentos e insumos porque incluso, según ella, ha habido ahorros superiores al 16% en unas 260 referencias y aseguró no conocer los antecedentes de Casapharma en la contratación del Hospital General.
