El Politécnico Jaime Isaza Cadavid está en el medio de dos importantes vías que conectan el sur con el norte de la ciudad. Infortunadamente por estos días también vive una problemática que se escapa a su control pero que lo ha dejado en la mitad de una polémica que repercute en todo el Aburrá y en el que confluyen pugnas entre encapuchados y policías, bloqueos viales y la política nacional.
En la tarde del pasado martes un grupo de encapuchados sin identificar, así como un grupo de manifestantes, que alegaban ser estudiantes del Poli, volvieron a bloquear las avenidas Regional y Las Vegas en protesta ante lo que calificaron como un incumplimiento de la política de gratuidad del gobierno Petro en el Poli. Este es el cuarto bloqueo que se presenta en el mismo punto y por el mismo motivo en lo que va de 2023, situación que se ha sentido sobre todo en el gremio camionero.
“Los transportadores salimos del taco de Sabaneta y venimos a parar a la congestión generada por algunos ‘estudiantes’ del Jaime Isaza. Estos prácticamente amenazaron algunos conductores de la zona para cerrar la vía”, indicó Anderson Quiceno, vocero de la Asociación de Transportadores de Carga ATC.
El directivo señaló que el cierre obligó a los transportadores a desviar sus recorridos, lo que repercutió en que –en tiempo y gasolina– el sector de carga reportara tan solo ayer afectaciones por $1.300 millones; cifra que con cada uno de los otros bloqueos ha venido sumando igual cantidad de dinero a la ya aporreada cartera del gremio.
“Eso es lo que la gente no ve, una hora de bloqueo tiene una afectación económica bastante compleja que le toca asumir a los transportadores”, apuntó Quiceno.
“Es un tema de la Nación”
El rector Alexander Osorio Saraz dio un balance de los desmanes del martes que iniciaron con el bloqueo vial cerca de las 3:00 p.m., y que se extendió más de dos horas.
El directivo señaló que por la presencia de los encapuchados así como por las explosiones algunos miembros de la comunidad educativa sufrieron crisis de pánico. Por fortuna los afectados fueron atendidos por el Comité de Emergencias del Poli. Frente al tema de los daños, Osorio indicó que hubo muros pintados así como lámparas dañadas. El destrozo más grave lo sufrió la oficina de la coordinadora de aseo, funcionaria a la que también le dañaron su celular.
El rector dijo también que los bloqueos de este año, así como los cinco de 2022, han sido por el mismo motivo: “Las últimas manifestaciones tienen que ver con los reclamos para la aplicación de la política de gratuidad para toda la comunidad estudiantil. Pero esto es un asunto que no es competencia directamente del Politécnico, este es un tema del Gobierno Nacional”, apuntó.
Desde el Poli indicaron que han cumplido con el deber de enviar las cifras de estudiantes que requieren el estímulo al Ministerio de Educación, que pueden ser unos 2.000, pero la entidad nacional no ha manifestado el listado definitivo de beneficiarios. “A hoy, semestre 2023-1, no sabemos a ciencia cierta cuantas personas van a ser incluidas”, apuntó.
El mismo funcionario añadió que, pese a esto, la institución y el departamento han buscado la forma de reducir la cantidad de jóvenes sin el auxilio económico, por ello no comprenden por qué el Poli se ha vuelto en la punta de lanza para mostrar las inconformidades a una medida que le compete a la Nación y que es bandera del gobierno Petro.
“En el primer semestre de 2022 se quedaron 500 estudiantes sin la política de gratuidad, entonces buscamos cómo cubrirlos. En el segundo semestre se quedaron otros 600 y ahí el Gobierno Departamental ayudó becando a 300. Luego se dio el cambio de condiciones y nos quedaron 1.500 alumnos sin matrícula y ahí con unos esfuerzos conjuntos con la Nación logramos darle gratuidad a 1.113 alumnos. Por esto, estas presiones deben ser al Gobierno Nacional y no a la Institución”, explicó el rector.
¿Quiénes están tras desmanes?
Desde el Poli indicaron que no se puede determinar si los que protestan son estudiantes suyos o de otras instituciones. “Ni siquiera podemos saber si esas personas sin identificar son gente externa que tiene un nivel de organización alto. Acá con los alumnos y sus representantes siempre hemos tenido diálogos pacíficos. Hay rumores que son gente de otras universidades pero la tarea de identificarlos recae en los organismos de seguridad de Medellín”.
EL COLOMBIANO le trasladó la duda a las autoridades. La seccional de Inteligencia de la Policía y la Fiscalía tienen “plenamente identificados tales grupos”. “(Actualmente) se desarrollan procesos de investigación que, por razones de reserva, solo estas instituciones tienen la potestad de difundir o revelar”, apuntaron.
Este diario intentó contactarse con voceros de la organización estudiantil del Jaime Isaza pero no fue posible. Lo que sí supo este diario es que para finales de agosto se realizarán nuevas jornadas de asamblea por facultad de esta institución. Se espera que ojalá antes de esas fechas las directivas del Jaime Isaza logren que una delegación del Ministerio de Educación venga y le dé la cara a la comunidad educativa. Tal vez así se evite que se vuelva a infartar el tráfico de la ciudad.
