Antioquia: foco de violencia contra la población LGBTIQ+ en 2025
Así lo registró la ONG Caribe Afirmativo, la cual hace seguimiento a los hechos de violencia contra esta población en todas sus modalidades. Indicó que siete de los asesinatos ocurrieron en Medellín, dos en Bello —incluyendo el de Sara Millerley— y uno más en el municipio de Caldas.
Los restantes hechos en el departamento ocurrieron en Caucasia, Hispania y San Roque. Las principales víctimas de estos hechos fueron mujeres trans, ya que cinco de ellas fueron asesinadas, en algunos casos en medio ataques en los que hubo sevicia, ya que además del caso ocurrido en Bello, hubo otros dos en los que las víctimas fueron torturadas.
Wilson Castañeda, representante de Caribe Afirmativo, señaló que los ataques contra las personas trans son los más visibles, puesto que son los más notorios dentro de la población LGBTIQ+. “Esa mayor visibilidad les ha generado mayor riesgo y por eso las cifras casi siempre arrojan mayor afectación hacia las personas trans”, manifestó.
Además de lo ocurrido con Sara Millerey, otros casos con sevicia contra estas personas ocurrieron en el Suroeste antioqueño, donde se presentaron dos asesinatos contra trans, en medio de casos de tortura.
El más reciente se registró el pasado 25 de marzo en la vereda California, de Andes, donde a una mujer trans, cuya identidad no se pudo establecer el día del crimen, la encontraron decapitada y al lado de un matorral, en hechos que aún son materia de investigación.
El otro caso se produjo el 24 de enero en la vereda La Seca, de Hispania, donde a una mujer, a la cual se le conocía como Carolina Corrales Muñoz, de 37 años, la abandonaron sin vida, atada de pies y manos, luego de sacarla del municipio de Jardín, su lugar de origen.
“No se trata solo del acto atroz en sí, sino de todo lo que lo rodea: el silencio, la indiferencia, el olvido sistemático. Estos casos no empiezan el día del asesinato. Empiezan cuando se le negó un empleo digno. Cuando se le trató como objeto de burla en la calle. Cuando no se le reconoció como mujer en una institución. Cuando tuvo que defender su existencia, día tras día, sin que nadie la defendiera a ella. El asesinato fue solo el final de una violencia constante”, añadió Castañeda.
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Además, indicaron que en el departamento no hay mayores avances en los compromisos en materia de seguridad e integración social de esta población y hasta hacen mención a un retraso en los últimos ocho años en este tema. “Si tú revisas los planes de desarrollo hoy de Medellín y de Antioquia vas a encontrar menos compromisos con los derechos LGBTQ+ que hace cuatro o hace ocho años. Y están diciendo que es una agenda del actual Gobierno Nacional, pero desde allá tampoco se ha avanzado nada”, explicó Castañeda.
Adicionalmente, expresó que hay una impunidad del 63% en los casos en los cuales son asesinados integrantes de esta población, cuando hace algunos años había grupos especializados que llegaron a lograr el 90% de resolución de casos. Uno de los argumentos pasa porque muchas veces se recolectan pocas evidencias para esclarecerlos.
Además, siguen a la espera de conocer los motivos por los cuales se cometen estos asesinatos, ya que la justicia solo busca comprobar la responsabilidad de los victimarios. Esto, según Castañeda, limita sus posibilidades en materia de prevención, para conocer el origen del por qué los atacan, muchas veces con alto grado de violencia.
“Una cultura que continúa normalizando la exclusión”
La alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, dijo tras el crimen de Sara Millerey que activaron una ruta de trabajo para resolver este caso con celeridad. “Pido a las autoridades actuar con celeridad porque no podemos permitir que este caso quede impune”, dijo.
Por su parte, la secretaria de las Mujeres de Antioquia, Carolina Lopera, señaló que “la violencia contra las mujeres y contra la población LGBTIQ+ son la máxima expresión de una cultura que continúa normalizando la exclusión, la marginación y la negación de derechos. Como instituciones del Estado tenemos la obligación de garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción”.
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