Un testimonio inédito que llegó a las manos de la administración distrital de Medellín, en medio del proceso de auditoría forense con el que viene escarbándose en los manejos ocurridos durante el gobierno del exalcalde Daniel Quintero, podría ser el comienzo de uno de los casos de corrupción más graves en la historia reciente del Grupo EPM.
En una denuncia que reposa desde el pasado 2 mayo en la Fiscalía General de la Nación, el alcalde Federico Gutiérrez destapó el relato de un ciudadano de Medellín que aseguró haber presenciado cómo la gerencia de Afinia, la filial de EPM en la costa Caribe, habría sido negociada a cambio de un pago de 8 millones de dólares con el fin de expulsar a funcionarios de carrera y montar un entramado corrupto que habría desangrado sus arcas.
Aunque por ahora se desconoce la identidad de dicho testigo, que según Gutiérrez ya ha recibido amenazas contra su vida, varios de los detalles de su relato emergieron ayer y dieron inicio a un debate que no solo involucra las prácticas de contratación que se habrían implementado en la compañía, sino sobre su futuro financiero, ya que pese a recibir una inversión de casi $2 billones durante el último cuatrienio, aún no levanta cabeza y arrastra pérdidas mensuales de entre los $80.000 y los $90.000 millones.
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Una reunión secreta
Según narró el alcalde Gutiérrez, el testigo aseguró que aquella operación habría tenido su génesis en una reunión secreta realizada en un reputado restaurante ubicado en el barrio de El Poblado, a la altura de la Avenida Las Palmas con la Transversal Inferior.
En aquel lugar se habrían sentado un grupo de políticos acompañados por una pareja de empresarios venezolanos, un exsecretario de la Alcaldía y hasta un empresario salpicado en el carrusel de la contratación de Bogotá.
Pese a que el nombre de todos esos participantes no fue revelado ayer, este diario pudo conocer que, de acuerdo con la información que reposa en la Fiscalía, la figura política que estaría a la sombra de esa negociación sería el excongresista antioqueño William Ortega, quien por su parte niega esos señalamientos.
Junto a Ortega, según esa versión, también habrían participado en esas conversiones dos empresarios conocidos como Juan Biord Pereda y Eduardo Rodríguez Hernández, más conocido como “Lalo”; estos dos últimos ya mencionados como miembros de una presunta junta de empresarios que habría arribado a la capital antioqueña para replicar un modus operandi ya aplicado en el caso del carrusel de la contratación de Bogotá.
Otros dos nombres que salieron mencionados en ese testimonio son el del exsecretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo –hoy también contra las cuerdas tras ser señalado como uno de los políticos que hacía lobby en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), según el nuevo director de esa entidad Carlos Carrillo–, y el polémico empresario Emilio Tapia, quien continúa recluido en una cárcel.
En aquella reunión, dicho testigo aseveró que se habrían discutido puntos que van desde mecanismos para convertir a Afinia en una maquina de direccionamiento de contratos y hasta en una plataforma para el cobro de coimas.
“Un ciudadano que fue testigo del posible entramado de corrupción que afectó a Afinia me manifestó en días pasados ‘la gerencia y negocios de Afinia fueron vendidos de manera ilegal por Daniel Quintero a un excongresista cuestionado por un valor de 8 millones de dólares’”, aseveró Gutiérrez, añadiendo que de acuerdo con ese relato también se habrían realizado reuniones en clubes de Medellín y de Barranquilla, en los que se habrían planificado esos movimientos.
Toda esta operación habría sido llevada a la práctica presuntamente por el exgerente de Afinia, Javier Lastra, y el visto bueno del propio exgerente general de EPM Jorge Andrés Carrillo, quien aterrizó en esa compañía en abril de 2021 y habría dado su beneplácito para la salida de la exgerente de Afinia Blanca Liliana Ruiz y la llegada del cuestionado Lastra.
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Un cuadro de ‘viejos conocidos’
Pese que tanto Lastra como el excongresita Ortega niegan tajantemente su participación en ese entramado, varios de los elementos mencionados en el testimonio destapado ayer complicarían sus explicaciones.
Por ejemplo, en el caso de los dos empresarios venezolanos, cabe recordar que ya desde septiembre de 2023 EL COLOMBIANO había contado la historia de la llamada “junta” que Daniel Quintero habría conformado con tres empresarios de ese país. Aunque en aquel momento los testimonios se centraron en otros contratos que habrían caído en su poder, también surgió el nombre de Afinia.
Los empresarios de la llamada junta serían Rafael Carrero Valentier, Eduardo Rodríguez Hernández, conocido como ‘Lalo’, y Juan Biord Pereda.
Entre todos estos, el nombre más importante sería el de Carrero, miembro de una familia que se codeó con Hugo Chávez y en cuyo mandato amasó una gran fortuna. Tras la muerte del comandante, este se habría volcado a la oposición y expandido sus negocios. “Lalo” Rodríguez también vivía del poder en Venezuela y alcanzó a obtener más de 2,5 billones de bolívares en contratos con la estatal petrolera venezolana, entre 2011 y 2017, hasta que la inestabilidad política del país lo obligó a huir para salvar su vida y aterrizó directamente en su avión privado en Medellín.
Biord, por su parte, ha sido conocido como un subordinado de Carrero, encargado presuntamente de cobrar comisiones, aunque en el mundillo en el que se mueven su papel se le conocería como un “operador político”. El enlace entre Carrero y Daniel Quintero habría sido el exconcejal Albert Corredor, pues este último se habría conocido en Miami con el hijo de Carrero (del mismo nombre) mientras estudiaba una maestría.
Fue Corredor quien habría acercado a Carrero al proyecto prolítico de Quintero, quien por esos días pretendía convertirse en alcalde de Medellín. Una vez en el cargo, los contratos desde la alcaldía para este grupo de empresarios habrían llegado a manos llenas.
En 2020, el año en el que Quintero asumió como alcalde, “Lalo”, Biord y Andrés Piñero, otro personaje venezolano, matricularon siete empresas en el Valle de Aburrá que incrementaron su patrimonio sin tener empleados, sucursal o bienes.
Pero el negocio más jugoso que se habría gestado entre esa junta fue el contrato que EPM le otorgó a Canacol para el suministro de gas y la construcción de un gasoducto, por un valor de cerca de $5 billones, y por el cual, según le relataron dichas fuentes a EL COLOMBIANO, se habría manejado una comisión de 50 millones de dólares. Además de Afinia, esta junta también habría tomado decisiones de negocios alrededor de Plaza Mayor.
Por el lado de William Ortega, cabe recordar que desde junio de 2022, tal como también lo reseñó este diario, ya existían denuncias de veedores ciudadanos del Caribe en las que se aseguraba que en dicha región se habría creado una mafia para direccionar la contratación de Afinia, en la que un grupo de entre 5 y 6 firmas estarían concentrado dichos contratos.
Según esos testimonios, detrás de ese presunto entramado se hablaba de la presencia de un importante excongresista antioqueño, cuya familia poseía negocios comerciales entre Caucasia y Planeta Rica, y que presuntamente le habría aportado recursos por debajo de cuerda a la campaña del exalcalde Daniel Quintero en 2019.
Para conocer su versión frente al tema, EL COLOMBIANO buscó al excongresista William Ortega, quien aseveró que las mismas no tendrían fundamento y que en su actividad comercial y política no tendría cercanía alguna ni con el exalcalde Daniel Quintero ni con el exgerente de Afinia Javier Lastra.
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No obstante, Ortega confirmó la existencia de una reunión realizada entre 2021 y 2022 en la que se habría visto con Lastra.
“Hace como dos años un amigo empresario de acá de Medellín me dijo que si le aceptaba un almuercito. Yo le dije que no tenía ningún problema y nos fuimos a almorzar al Club Unión. A esa reunión llegó un señor, Gustavo Pérez, un narcotraficante reconocido, que fue extraditado con el esposo de Elsa Noguera. Yo ni sabía quién era, sino que el amigo me invitó a almorzar y allí lo llevó”, expresó Ortega.
“[en la reunión] me dijo que por qué no le ayudaba al nombramiento de un amigo de él, ni siquiera me lo presentaron. Allí había otro señor que tampoco conocía, que era Javier Lastra. El hombre incluso me mandó ofrecer una plata a mí y le dije que no tenía que ver absolutamente nada, que no voté por Daniel Quintero, que no soy del equipo de él”, agregó el excongresista, quien sostuvo que en 2019 no habría tenido relación alguna con el exalcalde dado que estaba enfocado a su campaña por la Alcaldía de Bello.
“Este sinvergüenza de alcalde (Federico Gutiérrez) se refiere a un cuestionado excongresista. Nunca he sido cuestionado por nada, durante 40 años de actividad política. No tengo un solo vínculo con Afinia, no tengo ni un funcionario allá trabajando. Nunca recomendé a nadie, ante Dios que me está oyendo, a que le vendieran un tornillo a Electricaribe”, añadió.
Por su parte, el exgerente Javier Lastra, señalado de ser la piedra angular de dicha operación, también negó los señalamientos.
“Federico Gutiérrez me enloda con base en versiones de un misterioso testigo que afirma que presentó una denuncia hace un año y medio en la Fiscalía. Nadie condicionó mi nombramiento en Afinia y mi gestión se desarrolló con base en buenas prácticas”, escribió Lastra en un trino que remitió a este diario tras ser buscado para una entrevista a la que no respondió.
El fantasma de una crisis
Más allá de este cruce de versiones, que tendrá que ser analizado por la Fiscalía en sus investigaciones, uno de los interrogantes en los que insistió Gutiérrez fue en la paradoja en la que pareciera estar metida Afinia, que pese a recibir inyección de recursos continua desde Medellín desde 2021 no ve mejorar su situación financiera e indicadores.
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Y es que tan solo en materia tarifaria, los usuarios de Afinia han sido unos de los más golpeados del país. En el caso del estrato 4, cuyas tarifas no se ven influidas ni por subsidios ni por contribuciones, estas aumentaron un 29,7% entre abril de 2023 y marzo pasado, un valor solamente superado por la empresa Air-E, que tuvo un incremento del 33,8% en ese mismo periodo.
Pese a que en ese contexto nacional hay variables transversales que explican el incremento, como lo es la inflación y el reciente fenómeno de El Niño, que ha obligado al encendido de las térmicas, en el caso de Afinia el comportamiento de las tarifas también se relaciona con los rezagos de infraestructura y problemas técnicos que mantiene esa filial, creada precisamente con la promesa de solucionar esos líos gracias al sello de EPM.
“La grave situación financiera que atraviesa Afinia se explica con la revisión de los indicadores durante la administración anterior, en los cuales se evidencian millonarias inversiones realizadas por la compañía, lo cual no se compadece con las utilidades que debió recibir, sino que, por el contrario, aumentó la pérdida, cobrando certeza lo dicho por el testigo, pues solamente se explica esta situación financiera con sobrecostos”, dijo Gutiérrez sobre ese tema e insistió en que esa situación es vista con suma preocupación desde Medellín por representar un riesgo financiero tangible para todo el Grupo EPM.
Y es que pese a que la compañía ya arrastra una alta presión financiera por proyectos como Hidroituango, en marzo de 2023 sacó de su bolsillo $450.000 millones en el marco de un contrato de crédito, otros $350.000 millones en septiembre de ese año y otros $250.000 millones en diciembre por concepto de capitalizaciones. Todo esto sin contar una proyección de inversión para este año por $1,5 billones, que aún se mantienen en la incertidumbre.
La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés) exigió ayer celeridad en la investigación del caso Afinia, sobre la presunta entrega irregular de la gerencia de la empresa por la suma de 8 millones de dólares en 2021. El gremio de restaurantes, a través de un comunicado, expresó además su preocupación por el alto impacto que los costos del servicio público de energía está significando en la operación de los establecimientos gastronómicos en Colombia, especialmente en departamentos de la región de la costa Caribe. Acodrés exige que se investigue a fondo este caso y que se tomen las medidas necesarias para sancionar a los responsables.
