El ruido en Medellín dista de ser un problema menor, si se considera que el 70% de las llamadas a la línea de emergencia del 123 se originan en esta causa. No obstante, la mayoría de estas comunicaciones urgentes no pueden ser atendidas debido a que la Fuerza Pública sería insuficiente y hay prioridades como los hurtos, los homicidios o las extorsiones que acaparan la atención.
Pero la experiencia también ha demostrado que un conflicto por un vecino bulloso puede tener consecuencias nefastas. Sino que lo digan los deudos de Jorge Rafael Cueto, el hombre de 35 años que perdió la vida el domingo de la semana pasada cuando se enfrascó en una pelea a cuchillo con los vecinos a los que salió a reclamarles por el alto volumen de la música.
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Antes de que se conociera esta noticia, la Alcaldía de Medellín ya había reconocido cómo pueden escalar los desencuentros si no se bloquea este factor de intolerancia y por eso anunció en los últimos días que va a crear un escuadrón móvil anti-ruido que, según dijo la subsecretaria de Seguridad del Distrito, Laura Hernández, buscará atender de manera oportuna las quejas, peticiones y reclamos de la comunidad sobre comportamientos contrarios al descanso y la tranquilidad de los semejantes. Pero además de ser una especie de unidad de reacción inmediata, sus integrantes se ocuparán de actividades pedagógicas, en unión con funcionarios de las secretarías de Seguridad, Cultura, Medio Ambiente, Salud y Participación.
La Subsecretaria no dio más detalles acerca de cuál será la forma de operar concreta ni la fecha a partir de la cual comenzará sus recorridos ese equipo.
Las zonas más ruidosas
Las autoridades tienen detectadas las zonas acústicamente saturadas de la ciudad que obligan a enfocar allí todo el esfuerzo institucional y que probablemente serán los primeros sitios de actuación del escuadrón anti-ruido. Estas son El Poblado y específicamente los sectores del Parque Lleras y Provenza; en Laureles, la carrera 70 entre transversal 42 y circular 5, y en el Centro están el polígono de la Avenida de Greiff entre carrera 53 y calle 54, y La playa entre avenida oriental y carrera 43.
El problema es de marca mayor si se integran los otros nueve municipios metropolitanos. Los últimos mapas del ruido para los 10 municipios del Valle de Aburrá, que actualizó el año pasado el Área Metropolitana, arrojan que, según el Índice de Contaminación Acústica Per Cápita, de los 626 barrios en los que se dividen Medellín y sus nueve municipios vecinos, 552 barrios presentan algún grado de contaminación por ruido y solo 74, según dichas mediciones, están libres de contaminación acústica tanto diurna como nocturna. Quiere decir que el 88% de los todo el Valle de Aburrá habitado está permeado por el ruido.
El cuerpo especial que promete bajarle el volumen al problema causó diferentes reacciones en el recinto del Concejo, donde fue mencionado en el marco de un debate acerca de la manera como la administración piensa responder a la problemática del ruido excesivo. Por ejemplo, el representante de Asobares (que agremia a los establecimientos nocturnos), Juan Pablo Valenzuela, criticó la iniciativa desde su misma denominación porque, en su concepto, envía un mensaje de confrontación hacia los empresarios del entretenimiento nocturno.
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“Creo que esa no es la forma; sobre todo lo que queremos nosotros es trabajar de manera articulada con la administración distrital”, dijo el líder gremial.
Apuntó que en vez de esa mano dura para castigar, deberían disponer de profesionales que los acompañen y asesoren para ejercer su actividad económica sin impactos negativos sobre el ruido, por ejemplo indicándoles cómo ubicar los parlantes o cómo instalar medidores acústicos.
“Insonorizar un establecimiento es difícil y caro y amenaza el tejido empresarial porque le pide mucho más de lo que el empresario puede dar en mitigación de los impactos del ruido”, añadió.
Adicionalmente, se quejó de que la mirada acusadora se posa casi exclusivamente sobre ellos, a sabiendas de que hay otras fuentes de ruido distintas a los negocios de la noche, como el transporte público, sin que se regule. Defendió que su sector genera cerca de 30.000 empleos a nivel local y ya está golpeado por una desaceleración en las ventas que ronda el 21%.
A un paso de ser ley
Cuando le tocó el turno al representante a la Cámara Daniel Carvalho (Partido Verde Oxígeno), aplaudió la iniciativa de la Alcaldía porque, dijo, ha aumentado el monitoreo del ruido, pero le criticó que hay asuntos puntuales en los que no se le ha puesto el cascabel al gato, como las terrazas a cielo abierto en sectores residenciales donde instalan bafles a todo volumen para armar rumbas multitudinarias, o las discotecas que no aíslan su sonido y como consecuencia vuelven invivible el vecindario.
Para Carvalho, aún falta más sincronización de las distintas dependencias y que hay secretarías, como Movilidad, que no participan mucho en este asunto aunque una de las fuentes principales de ruido son los carros; y según añadió, en otros casos, como Medio Ambiente, les dan responsabilidades pero no los instrumentos suficientes.
Recordó que en el Congreso cursa un proyecto de ley contra el ruido -impulsado por él- que ya pasó el tercer debate y está pendiente del último, que sería a final de este año para que pase a sanción presidencial, pero señaló que las iniciativas locales no tienen que esperar a que eso ocurra.
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Indicó que en Medellín se demoraron cuatro años de la anterior alcaldía para formular un plan de monitoreo y gestión anti-ruido y durante la presente administración, que lleva ya casi diez meses, el tema ha estado también paralizado.
Igualmente, solicitó investigar qué pasa con varios inspectores de policía que tendrían engavetados expedientes sobre quejas que les han llegado sin que avancen los casos, lo cual, para él, resultaría sospechoso.
“Lancen el escuadrón, pero láncenlo con bombos y platillos, que no manden al practicante de la Subsecretaría a una ruedita de prensa, sino que sea el Alcalde y que haya un plan para que realmente la gente diga ‘ahora sí tengo que dejar de hacer ruido, ya sí nos van a castigar’; de lo contrario van a seguir pidiendo campañas pedagógicas”, afirmó al fustigar a Asobares diciendo que la iniciativa puede parecer muy chocante, pero lo es tanto como un vecino ruidoso, no importa si es un local comercial o un despechado con la música a todo taco que se puede convertir en toda una pesadilla para su vecino que tiene que madrugar a trabajar o estudiar.
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“No estamos ante una bobada, esto no es un problema de señoras caprichosas que no aguantan que los demás puedan vivir su vida, este no es un tema en contra del empresario; esto es un tema en contra de los ruidosos”, apuntó.
“Si no se empiezan las sanciones no van a avanzar el tema”, dijo mirando al líder de Asobares, a cuyos afiliados, dijo, hay que exigirles más porque hasta ahora no han asumido la responsabilidad que les compete.
EL COLOMBIANO buscó ampliar la información sobre el escuadrón anti-ruido pero en la Secretaría de Seguridad adujeron que no era posible darla porque el propio alcalde, Federico Gutiérrez, hará oficialmente el anuncio en los próximos días.
Esperanza para sancionar a los bullosos es la ley antirruido
Quien haya intentado convertir su desespero por el ruido en queja o proceso formal se ha topado con la cantidad de ‘trampas’ de una normativa caduca ante semejante problemática, (la resolución que regula el ruido es de 2006).
Por eso, según el abogado Camilo Quintero, quien lidera la asesoría jurídica del proyecto de ley antirruido de Daniel Carvalho, de convertirse en ley en los próximos meses, esta traería cambios drásticos en favor de la ciudadanía.
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Entre los cambios concretos están que los distritos y municipios tendrán que construir planes de gestión del ruido en consenso con la ciudadanía y enfocados específicamente en el contexto de cada ciudad y municipio.
“Uno de los grandes problemas de esa resolución es que es una normatividad dispersa. No es lo mismo el contexto social, económico y cultural de Bogotá, Pasto o Medellín y la Costa, entonces los planes de gestión deben responder a estas características específicas”, señala.
En estos planes de gestión las administraciones locales tendrían que establecer una ruta específica para los procesos que requiera la ciudadanía para, por ejemplo, denunciar a un establecimiento, industria o un vecino causantes de ruido nocivo. Esta modificación acabaría con el muro de papeleo y negligencia con la que se topan los ciudadanos, a quienes actualmente mandan de un lado para el otro mientras las entidades se lavan las manos, pues no existe en la normativa actual una directriz que entregue responsabilidades directas a las dependencias.
La futura ley modificaría también el Código de Policía para darles mejores herramientas a los uniformados para atender este tipo de casos. Con esto buscan fortalecer la actuación policiva y evitar que se caigan procesos sancionatorios por malos procedimientos.
Para este fin, según Quintero, también exige a las alcaldías robustecer su capacidad para hacer mayores y mejores mediciones que agilicen los procesos, que se endurezcan las sanciones y, sobre todo, que se persiga al titular del establecimiento infractor. Este sería el fin de la práctica que utilizan para burlar la ley, pues de acuerdo con el abogado, mientras se surte el trámite administrativo, se hacen mediciones y se sanciona, llegan a pasar hasta 3 años, pero para entonces los establecimientos cambian de titular, pagan una multa irrisoria de dos o tres millones de pesos y el proceso se cae.
De ser ley, también deberá crearse un sistema de vigilancia sobre el ruido orientado por el Ideam, algo como el sistema de monitoreo de calidad del aire que tiene el Siata. En esto, tal vez es lo único en lo que el Valle de Aburrá lleva tarea adelantada sobre el resto del país, según Quintero.
Que se convierta en ley antes de que acabe el año también podría tener grandes repercusiones en Medellín, pues el proyecto contempla que el ruido se convierta en un determinante ambiental para planificar la ciudad en el POT, y el próximo año arranca la discusión para la actualización en la capital antioqueña.
Y si es así, sería posible establecer en Medellín una cuota por polígonos de establecimientos cuya actividad sea similar, esto tendría efectos concretos para atender zonas críticas como El Poblado, Laureles y el Centro, entre otras.
El problema da síntomas de agravamiento
La Secretaría de Seguridad presentó un cuadro según el cual la población urbana de Medellín afectada por el ruido aumentó del 9,2% en 2018 al 10,7% en 2022.
“Estos valores son alarmantes teniendo en cuenta que el porcentaje de personas molestas por ruido ambiental fue del 31% y el porcentaje de perturbadas durante el sueño por ruido ambiente fue del 21,66%”, señaló al traducir los porcentajes en número de personas, con cifras de 783.000 y 548.000 ciudadanos afectados, respectivamente en esos rangos.
La meta que se estableció en el acuerdo metropolitano 24 de 2019 para el distrito en 2022 era de 9% y los niveles probablemente son hoy superiores. “O sea que tenemos una tarea pendiente y estamos trabajando sobre ello”, dijo la subsecretaria Laura Hernández.
Entre 2023 y lo que va de 2024, la Policía ha impuesto 122 sanciones a establecimientos por la bulla excesiva que producen y las inspecciones y corregidurías reportan 276 procesos en trámite.
