La jueza argentina María Eugenia Capuchetti elevó este lunes a juicio oral el proceso contra tres acusados por el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El llamado a juicio, que implica el cierre de la etapa de investigación, fue pedido el 30 de mayo pasado por el fiscal Carlos Rívolo. La defensa de los tres acusados no interpuso apelación por lo que la jueza le dio vía libre.
La querella reclama que investigue si hubo autores intelectuales y financistas del ataque, pero igual participará como parte acusadora en el juicio, dijo el abogado José Manuel Ubeira.
“Elevar la causa a juicio por tramos es una práctica incorrecta y daña el descubrimiento de la verdad”, advirtió Ubeira cuando el fiscal solicitó el cierre de la parte investigativa.
El ataque se produjo el 1 de septiembre de 2022 frente al domicilio de Fernández de Kirchner, cuando uno de los detenidos, Fernando Sabag Montiel, armado con una pistola, se mezcló entre un grupo de simpatizantes, se acercó a la vicepresidenta y apretó varias veces el gatillo, sin que salieran los disparos.
En aquellos días un tribunal estaba juzgando a la expresidenta (2007-2015) por un caso de corrupción, por el que luego fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación política, cargos que ella apeló y que atribuyó a una persecución en su contra. Esto la llevó a desistir de presentarse a las elecciones generales de octubre.
Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte están acusados como coautores. Y Nicolás Carrizo, quien empleaba a la pareja como vendedores ambulantes, está imputado como “partícipe necesario”.
La causa quedó catalogada por el fiscal como “homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa”.
La jueza recordó en su dictamen que el fiscal consideró que de la investigación “no surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona” que se les hubiese brindado asistencia para el suceso. El fiscal también descartó que haya elementos que muestren “la colaboración de terceros con dinero para el atentado”.
Al conocerse el dictamen de Rívolo, la exmandataria advirtió que “toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad. Está plagada de testigos que borraron sus teléfonos, prueba que se destruyó sin investigar sus causas y motivaciones, y un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores”.
