En el fallo de la Procuraduría contra el curador Carlos Alberto Ruiz salió a flote algo que se había pasado por alto y que era crucial para comprender lo ocurrido. El vínculo laboral entre el calculista Jorge Aristizábal y la persona que debía revisar los cálculos que él hizo de Space, es decir, el revisor Édgar Mauricio Ardila.

Según la Procuraduría, Ardila trabajaba como empleado de Aristizábal desde el 2003, pero había revisado los planos estructurales hechos por su jefe, vulnerando así la independencia a la hora de supervisar el cumplimiento de las normas encaminadas a proteger vidas humanas y el patrimonio de los compradores, algo que además era requisito para expedir las licencias.

En la construcción del edificio Bernavento, pasó algo similar, y es que aunque la mayoría de medios señalaron que el edificio había sido calculado por Aristizábal, la realidad era otra. Édgar Mauricio Ardila figuraba como el ingeniero estructural y Aristizábal, como el revisor de sus planos.

En otra licencia en el proyecto de Colores de Calasania, un edificio con características similares a Space y que fue evacuado dos años hasta su repotenciación, Ardila aparece como revisor de Aristizábal.

Este trueque, que suponía ser revisor el uno del otro, fue descubierto por la Procuraduría que halló además otro problema y es que el curador Ruiz mantuvo exonerado de supervisión técnica a CDO desde el 19 de diciembre de 2007 hasta el 31 de julio de 2013. Algo que no era en su momento una irregularidad, pues se exoneraba por experiencia y calidad en los controles.

En el caso de Space y Colores de Calasania, por ejemplo, la exoneración de la supervisión fue solicitada por el propio arquitecto Wilman Seohanes Barros, que a la vez era gerente de Calidad y Proyectos Nuevos de CDO, pues decía que contaba con más de 5 años de experiencia en supervisión y que además la empresa contaba con certificación Icontec e Iqnet, dos entidades certificadoras de procesos de ámbito nacional e internacional. Exoneración aprobada por Ruiz en ambos casos.

La Fiscalía dentro del proceso de Space, argumentó que esa disposición no exoneraba al constructor del control de la obra y que debía establecer sistemas de calidad que estaban a cargo del representante legal, en ese caso Pablo Villegas y María Cecilia Posada, gerente de obra.

En abril de 2017, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) sancionó con la cancelación de la matrícula profesional a Aristizábal y a Ardila, por sus malas prácticas como calculista y revisor. Además, suspendió la matrícula de Pablo Villegas, gerente en ese momento de 7 empresas entre ellas Lérida CDO y María Cecilia Posada, gerente de obra, así como de Bernardo Vieco, responsable del estudio de suelos.

Por su parte, la Sociedad Colombiana de Ingenieros exigió en 2014 revisar todas las edificaciones a las que no se les realizó revisión de planos ni supervisión técnica porque sus empresas estaban exoneradas. Algo que nunca se llevó a cabo. Y a la vez recomendaron que la supervisión debía ser ejercida por el Estado por medio de las curadurías, que debían ser ampliadas en número para garantizar el control efectivo de las obras.

"La ciudad tendría que estar haciendo toda esa revisión y la sociedad tendrá que exigir que se haga eso porque la desconfianza de la gente es muy grande. Se cae además el sector inmobiliario, un gremio que mueve la economía de Medellín. Porque aquí todos perdemos con esto, la ciudad, la economía, la construcción, los ciudadanos, la academia si eso no se evalúa", afirma Elkin Hernández, uno de los afectados de Continental Towers.

Estas tragedias también fueron un duro golpe para la ingeniería antioqueña. Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol Antioquia reveló que desde el año 2014, antes de que lo exigiera la Ley de Vivienda Segura, las empresas comenzaron a realizar supervisiones con profesionales externos para mejorar los estándares y reactivar el sector.

"El 90% de los asociados de Camacol implementaron voluntariamente la supervisión técnica antes que la ley saliera. Hemos hecho capacitaciones recordando la ley, desde el tema ético, de los errores cometidos. Eso es hacer algo a partir de lo que pasó para evitar que eso nunca vuelva a pasar", explicó Loaiza Posada.

Por su parte, Martín Alonso Pérez, presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, afirmó que los controles deben partir desde dentro de las organizaciones no solo desde fuera y que se hagan en una cadena de rigor. "Hay que hacer las cosas bien desde el comienzo, sin subestimar la complejidad de los proyectos. Si se hace todo esto se evitarían tantas tragedias. El daño a muchas familias con su patrimonio y vidas que se pierden en un desempeño equivocado de nuestras profesiones", concluyó.