Las historias de cada una de estas familias son un drama inimaginable. La mayoría lo perdió todo, viven pendientes de una repotenciación o les toca vivir en un edificio repotenciado. Algunas otras esperan que sus bienes sean demolidos y la mayoría quieren que les devuelvan el dinero invertido.
El caso de Laura Gutiérrez, es uno de los más dolorosos, una mujer cabeza de hogar que perdió todos sus ahorros en un apartamento en Bernavento, otro edificio demolido por implosión por fallas estructurales.
Esta mujer no solo perdió todo su dinero, sino que tuvo que pagar más de 40 millones de pesos de su propio bolsillo para obras en las zonas comunes, la repotenciación de su edificio y los estudios patológicos para descubrir qué le pasaba a su apartamento. Además, le tocó contratar abogados para demandar a los constructores que se desaparecieron. Quedó endeudada con el banco por 20 años y hoy paga arriendo en una casa, doble factura de servicios, predial, administración y ya no tiene qué heredarle a su hija de 16 años.
Los demás casos son muy similares. Personas que perdieron sus ahorros, sus sueños y tuvieron que vivir de arrimados en casas de familiares y amigos o en apartamentos arrendados, algunos con subsidios de CDO que ya expiraron.
A otros por ejemplo les tocó seguir pagando sus deudas inmobiliarias, pues algunos bancos decidieron no congelar los créditos así estuvieran viviendo esta tragedia.
Otra situación ocurrió en el edificio Acuarela del Norte en Copacabana, donde sus habitantes se opusieron a la repotenciación de uno de los bloques, pero luego accedieron a que se reforzara toda la estructura. Aunque estuvieron unos meses evacuados, hoy la mayoría está satisfecha cómo quedaron sus apartamentos.
En un comunicado enviado a EL COLOMBIANO por parte del Grupo CDO afirman que a hoy sus constructoras "han reforzado y llevado a la nueva norma resistente un total de 1.313 viviendas entre los proyectos Altos de San Juan, Acuarela del Norte, Alcalá Parque Residencial y Colores de Calasania. Las demás edificaciones se irán atendiendo cumpliendo con lo pactado y aprobado en los Acuerdos de Reorganización confirmados por la Superintendencia de Sociedades, estando próximos a iniciar la adecuación de 274 viviendas”, explicó el grupo.
En Colores de Calasania en Calasanz, las familias fueron evacuadas por casi tres años mientras se hacía los trabajos de repotenciación. Actualmente, algunas viven con inseguridad y temor. Diego Camargo y Alexandra Zapata, por ejemplo, son una pareja de Boyacá y Cali que no tuvo forma de sacar sus pertenencias y sufrió hasta el robo de algunos de sus bienes.
"Durante esa repotenciación que hizo CDO nos robaron aproximadamente 30 millones de pesos. Entraron con violencia al apartamento, obreros e ingenieros. Y eso no fue todo, cuando regresamos después de tres años evacuados el administrador nos cobró la administración de todo ese tiempo. Se inventó una asamblea general y la gente aceptó pagar 19.000 pesos mensuales y se lucró de casi 220 millones de pesos", denuncia Camargo. Representantes de familias afectadas cuentan que las decisiones sobre el reforzamiento fueron tomadas en asambleas de propietarios en las que CDO contaba con más del 50% de representación, pues todavía conservaba apartamentos en algunas de estas unidades.
Los casos más llamativos fueron en Punta Luna 3 en Calasanz y en Parque Residencial Alcalá en Bello, dos edificaciones que estaban iniciando sus ventas y que todavía no se habían ocupado en su totalidad.
"La mayoría de los apartamentos eran propiedad de CDO. Los que tenemos escritura como tal éramos muy poquitos, ellos tienen el 68% de coeficiente de propiedad entonces todas las decisiones las tomaba CDO, incluso la decisión de la repotenciación, el método que eligieron lo escogieron ellos", cuenta Alexander Romero, uno de los afectados en Alcalá.
En dicho proyecto ocurre algo adicional: aunque el edifico está evacuado y en proceso de repotenciación, hay una sala de ventas de un nuevo proyecto llamado Bosques de Alcalá, un conjunto residencial que se está construyendo en el mismo lote y se venden apartamentos desde 115 millones de pesos. En el material publicitario salen cuatro empresas encargadas del diseño, interventoría y fiducia, ninguna de ellas del grupo CDO.
Todo lo contrario pasó en Punta Luna 1. Los propietarios de los apartamentos se demoraron para aceptar el reforzamiento de la estructura, sobre todo, porque los que habitaban allí se mostraban inconformes con la repotenciación y querían que les devolvieran la plata.
Entre tanto, en Continental se opusieron unánimemente a la repotenciación mientras que en Asensi aceptaron el reforzamiento por votación y, aunque se cuenta con licencia aprobada por curaduría, la decisión fue demandada por un grupo de propietarios que reclama el dinero.
"Nosotros demandamos esa decisión de esa asamblea. Logramos tener sentencia en segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá ordenando la devolución del precio pagado por los apartamentos, declarando que había información engañosa y ordenando indemnización de perjuicios, pero infortunadamente esas sentencias no se han podido hacer efectivas", confirma la representante de los afectados de Asensi, Laura Moreno.
La abogada relató que la liquidadora de Alsacia CDO admitió que no había recursos para hacer el reforzamiento. "No va a haber ni siquiera reforzamiento de Asensi porque la liquidadora dijo que la sociedad no tenía recursos. A mí siempre me pareció que era la estrategia jurídica dilatar y dilatar, hasta que se pudiera insolventar la sociedad y eso fue lo que terminó pasando", agregó Moreno.
Marco Tulio Zapata, agente liquidador de Space, afirmó que es muy difícil que CDO pague por sus perjuicios porque legalmente no tienen ningún tipo de responsabilidad, sino que las pólizas de estabilidad adquiridas con las compañías de seguros son las que deben pagar.
"Al declararse en liquidación la obligación de CDO termina y va a terminar solo el inmueble de los propietarios y va a estar deteriorado y serán ellos los que tendrán que aportar la financiación necesaria para repotenciar el edificio", afirmó Zapata.
Explicó que CDO iba a indemnizar a los propietarios de Space con 25.000 millones pesos, pero la SIC ordenó pagar cánones de arrendamiento mensuales a los propietarios que se habían quedado sin vivienda, lo que representaba casi 400 millones de pesos mensuales, y que hizo que se agotara el patrimonio.
“Cuando se presenta una situación de esas hay que tratar de negociar rápidamente porque en última instancia se agotan los recursos y hay elementos que perturban la negociación” como el costo de los abogados, la repotenciación que hicieron en otros edificios, entre otras, concluyó Zapata.
En el caso de Space, de 162 familias afectadas solo 132 hicieron una negociación total con CDO y las otras 30 recibieron un pago parcial con el lote donde estaba construido el edificio. El Municipio de Medellín también recibió parte de este lote que hoy está en proceso de registro por falta de pago de impuestos de renta.
Mientras tanto, todas las víctimas esperan que ese lote actualmente embargado sea algún día un Parque de la Memoria para recordar a las 12 víctimas mortales y las familias que perdieron sus viviendas. Hoy el predio, avaluado en más de 10.000 millones de pesos, luce en abandono y nadie quiere hacerse cargo de este campo santo lleno de escombros que toda la ciudad quiere olvidar.
