El líder sindical de la UNP Wilson Devia no aceptó los delitos que le imputó la fiscal Angélica Monsalve tras leer los hechos que lo vinculan con una presunta red de corrupción dentro de la entidad que se encargaba de vender esquemas de seguridad por altas sumas de dinero.
Devia escuchó los hechos desde Miami, porque salió del país justo un día antes de iniciar la audiencia de imputación y medida de aseguramiento. Para la fiscal Monsalve, esto fue una jugada del sindicalista para escapar de la justicia.
Según la investigación de la Fiscalía, Devia habría vendido un esquema al señor Manuel Castañeda por 200 millones de pesos; sin embargo, Castañeda no aceptó el trato porque le parecía una cantidad muy alta de dinero.
Por lo tanto, Devia le habría ofrecido un trato: pagarle 7 millones de pesos mensuales a cambio de recibir la protección. Castañeda fue detenido en diciembre de 2022 con una camioneta de la UNP llena de droga.
En ese caso, que tuvo lugar en marzo de 2019, la Fiscalía demostró que Devia se habría comunicado con Yesid Torres, quien era protegido por la UNP, y le ofreció cambiar su estado para que pasara a proteger a Castañeda.
“Usted le solicita que, de protegido, pase a proteger a Castañeda, utilizando el vehículo asignado. Los tres escoltas y el cupo de un millón para combustible, todo a cambio de obtener parte del dinero obtenido por usted”, señaló el ente investigador.
Así mismo, la fiscal encargada reconstruyó los hechos para imputar a Devia y reveló que entre 2013 y 2014, cuando se desempeñaba como coordinador de seguimiento a medidas de protección de la subdirección de la UNP, se habría aprovechado de su cargo para cobrar las millonarias sumas a cambio de entregar los carros de seguridad de la mano de Arturo Rolón, el que era gerente de la empresa contratista unión temporal Siglo XXI.
Con lo descrito anteriormente, la Fiscalía dijo que existía un alto grado de probabilidad y certeza para imputar a Devia. Además, señaló que hay indicios y pruebas de que Wilson Devia habría pedido dinero a 8 personas por los esquemas de seguridad.
Así las cosas, el ente acusador pasó a imputarle los delitos de concusión porque habría abusado de su cargo, lo que le conllevaría una pena de 96 a 180 meses. A la par, la Fiscalía imputó el delito de peculado por uso que supondría una condena de 16 a 72 meses y de paso le imputaron el delito de abuso de función pública porque “abusando de su cargo, Devia realizó funciones públicas diversas a las legales y ejerció actos para los que no estaba autorizado”, precisó el ente investigador y aclaró que podría llevar una pena de 16 a 36 meses.
Frente a todo esto, Devia no aceptó los cargos. Ahora, la Fiscalía solicitará una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el sindicalista.
Dentro de los argumentos de la fiscal es que Devia salió del país a sabiendas de que se enfrentaba a una audiencia de imputación de cargos y existe un riesgo alto de que el imputado obstruya a la justicia.
