Óscar Iván Zuluaga –el hombre que hace diez años estuvo a punto de convertirse en el más poderoso de Colombia– ahora recurre a maniobras legales para tratar de aplazar lo inevitable: el llamado formal a juicio por los dineros irregulares de Odebrecht que habrían ingresado a su campaña presidencial en 2014.
Hacia las 9:00 de la mañana de ayer, todo parecía estar listo para que se produjera la audiencia de acusación contra el excandidato presidencial y David Zuluaga (su hijo y exgerente de esa campaña en 2014). Sin embargo, la diligencia sufrió un giro dramático cuando el defensor de los acusados pidió la palabra.
El abogado David Espinosa Acuña le argumentó a la juez que se debía declarar nula la imputación de cargos de sus clientes. Esto, según él, porque el proceso estuvo minado por varias irregularidades procedimentales de la Fiscalía.
El 10 de julio de 2023 la Fiscalía le imputó a Zuluaga los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito de particular. Desde entonces, en al menos cuatro ocasiones, la presentación del escrito de acusación por parte del ente acusador ha tenido que ser congelada.
Esta vez, el abogado Espinosa se tomó varias horas para detallar las supuestas irregularidades que cometió la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos que ocurrió hace ya 277 días.
Según el abogado, el ente acusador no argumentó el tiempo, modo y lugar en que sus clientes habrían cometido los aparentes conductas delictivas.
“Mis clientes no tienen claridad de qué fue lo que la Fiscalía les indicó que cometieron en circunstancias modales y espaciales con claridad absoluta”, señaló el defensor.
Asimismo, para la defensa la juez debe declarar la nulidad de lo actuado toda vez que la Fiscalía imputó delitos que no existen en Colombia y que, pese a que intentaron corregir el error, los mismos quedaron plasmados en el escrito de acusación. Estas acciones, dijo, violan el derecho a una efectiva defensa.
“La Fiscalía dice que mi cliente indujo en error al Consejo Nacional Electoral con la presentación de documentos sin manifestar cuáles eran. De tal forma que cuando intentó señalar que la inducción al error sí había sido respecto de servidores públicos, en ningún momento manifestó cuál fue el medio fraudulento utilizado. Lo que a la postre evidencia la ausencia de hechos jurídicamente relevantes para este caso”, afirmó el abogado.
Las pesquisas que ha levantado la Fiscalía indican que el entonces candidato presidencial del Centro Democrático se habría reunido en varias ocasiones con Eleuberto Martorelli, exdirectivo de la multinacional Odebrecht en Colombia.
En las reuniones, que se habrían dado en el apartamento que tiene Zuluaga en el norte de Bogotá, se habría pactado un aporte de 1,6 millones de dólares. El dinero, en todo caso, habría sido utilizado para pagar los honorarios del publicista Duda’ Mendoça.
La Fiscalía también encontró que los dineros no fueron registrados en los libros contables y que la gerencia de la campaña tampoco informó la recepción de esos recursos al Consejo Nacional Electoral en una indagación posterior que se realizó en 2017.
En Colombia la Constitución y la ley son claras en prohibir la financiación de campañas electorales por parte de personas u organizaciones extranjeras.
Pese a eso, el abogado de los Zuluagas afirmó que la Fiscalía improvisó y actuó de manera ilegal porque no entregó precisiones durante la etapa del proceso de control de garantías.
Según Espinosa, al ente acusador le faltó responder dónde fueron las reuniones, quiénes participaron de ellas y cuándo ocurrieron.
“La Fiscalía cree que puede hacer la manifestación ausente de consideraciones de modo, tiempo y espaciales y que eso le permite valerse de un sustrato fáctico para después sacarla y eso como lo hemos establecido amplia y repetidamente, pues no es posible, es prohibido y violatorio”, puntualizó el abogado del político y su hijo.
En todo caso, esta no es la primera vez que la defensa de los Zuluagas presenta recursos para que termian en la dilación del proceso.
El pasado 5 de febrero la audiencia tuvo que ser suspendida porque el abogado y la Procuraduría plantearon que la juez segunda especializada de Bogotá no tenía competencia para juzgar delitos como falsedad en documento y fraude procesal. La discusión se zanjó con un auto del Tribunal Superior de Bogotá que le ratificó las competencias a la juez.
En otras ocasiones, por ejemplo, las diligencias se han visto aplazadas por problemas de salud de los acusados y hasta del fiscal del caso.
Este jueves, cuando el abogado de los Zuluaga pidió la nulidad de la imputación de cargos, la Fiscalía solicitó un aplazamiento de la audiencia para poder preparar los contraargumentos.
Las partes volverán a la audiencia el próximo 17 de abril a las 9:00 de la mañana.
“Un juez de control de garantías ya había dicho que la imputación de cargos fue legal y, en su momento, no se presentaron esas observaciones. Los imputados ese día también manifestaron que habían entendido los delitos que les habían sido formulados”, fue el argumento que alcanzó a exponer el fiscal del caso, Juan Martín Parada.
