Crece la alerta por los homicidios de líderes sociales en el país, varios de los cuales habían reportado algún tipo de amenaza en su contra por parte de organizaciones al margen de la ley. La lucha por los derechos de las comunidades y defensa del territorio eran los principales motivos de amenaza.
En las últimas horas, según Indepaz, fueron asesinados Ever Albeiro Espí Hernández, reconocido líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Beisal de Maporal, municipio de Arauquita, Arauca. Yoli Áchito Rojas, personero estudiantil y guardia indígena de la comunidad Alto Tumandó, Chocó y Graciel Mendoza, integrante de la Mesa Municipal de Víctimas de Tame, Arauca.
Estos tres asesinatos ocurrieron entre la madrugada del pasado domingo y la mañana de este martes. En total van 40 líderes sociales muertos de manera violenta en lo que va de este 2024.
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Los riesgos y amenazas contra los líderes sociales han sido denunciados por organizaciones defensoras de los derechos humanos, comunidad, población e incluso por la Defensoría del Pueblo y la ONU. Los asedios de las disidencias armadas y el ELN, principalmente, han llevado al desplazamiento de familias enteras en los departamentos de Putumayo, Cauca, Nariño, Chocó, entre otros.
Recientemente la Defensoría del Pueblo pidió una reunión extraordinaria al ministro de Interior, Juan Fernando Velazco, para analizar la compleja situación en la que, hoy por hoy, están viviendo las familias de 13 municipios del departamento del Cauca.
De acuerdo con la Defensoría, en lo que va del 2024 han sido registrados 23 casos de reclutamiento forzado en el Cauca, y al menos nueve de ellos en el norte del departamento. En el 2023 fueron reportados 153 niños, niñas y adolescentes indígenas reclutados o con amenaza de reclutamiento en la zona norte, de los 235 casos en todo el Cauca.
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Pero no se trata solo del reclutamiento, también según la entidad, hay incremento en el riesgo de los líderes sociales, instrumentación de la población civil, confinamiento de comunidad, entre otros hechos violentos. Es incierta aún la respuesta del ministro de Interior al clamor del Defensor.
