En un auto de 236 páginas la Jurisdicción Especial de Paz ratificó la imputación contra el último secretariado de las Farc en el macrocaso de secuestro y, dentro de él, uno más que los excabecillas se han negado a reconocer completamente: la esclavitud.
La decisión de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad fue celebrada por las organizaciones de víctimas. Mientras que por el lado de las extintas Farc han recurrido al silencio.
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“La primera vez que le imputaron al Secretariado la esclavitud (en 2021), esos sujetos indicaron que nunca habían cometido ese delito y se negaron a dicha imputación. Esto, a todas luces, lo que causó fue una revictimización de las personas que fueron secuestradas”, dijo Juan Camilo Sanclemente, presidente de la Fundación Defensa de Inocentes a EL COLOMBIANO.
La organización que preside Sanclemente representa –entre otros casos– a las familias de los diputados del Valle que fueron secuestrados y asesinados en cautiverio. Ellos, desde siempre, habían pedido a la JEP que se le imputara al Secretariado el delito de esclavitud.
En la reciente decisión de la JEP se reafirmó que el Secretariado permitió el surgimiento y consolidación de una política de guerra que terminó por esclavizar a los secuestrados.
“Las víctimas fueron forzadas a realizar trabajos (...) Había amenazas de muerte o de atentar contra la integridad en el caso de no realizar los trabajos”, se lee en el Auto 003 de 2024 de esa jurisdicción.
¿Qué viene?
La JEP señaló que la etapa de investigación en este caso fue agotada durante los últimos cinco años y que ahora procede la etapa de juicio.
En este caso están vinculados los excabecillas Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Joaquín Gómez, Mauricio Jaramillo, Julián Gallo, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda.
Todos ellos han reconocido su responsabilidad y participación en los delitos de secuestro. Pero también se han mostrado reacios a aceptar que los rehenes fueron esclavizados.
Por eso esta decisión supone una prueba de fuego para el antiguo Secretariado. Tienen dos caminos.
Pueden presentar recurso contra la reciente decisión de la JEP y esto abriría paso a una nueva –y muy probable– ratificación del tribunal. Después iniciaría el proceso de juicio.
“Si las Farc insiste en que nunca cometieron el delito de esclavitud, pues tendrán que demostrarlo en juicio. Pero, si en ese proceso se evidencia su culpabilidad, vendrían sobre ellos penas que van entre los 15 y 20 años en prisión”, explicó el profesor de Problemas Colombianos, Mauricio Montoya.
La otra alternativa de los exFarc es reconocer que durante el conflicto hubo una política de guerra que esclavizó y, así, hacer aportes a la verdad que permita la reparación integral de las víctimas. En ese caso, serían acogidos en los brazos de la justicia restaurativa con sentencias de 5 a 8 años.
El juego político
De fondo, el último Secretariado de las Farc tendrá que evaluar si está dispuesto a librar una batalla en juicio para tratar de sacar en limpio su imagen.
Es que una condena por esclavitud supone un riesgo reputacional para el futuro del partido Comunes.
En los contextos de conflicto es “común” que se cometan retenciones ilegales de rehenes, sin embargo, la esclavitud y la tortura son tan execrables que hasta el Derecho Internacional Humanitario y el Estatuto de Roma le dan un tratamiento diferencial a este delito.
Una sentencia en contra por esclavitud –así la sanción sea en el escenario restaurativo– es un riesgo reputacional frente a la comunidad internacional y ante los militantes que logró consolidar desde que se convirtieron en partido político.
“El Secretariado no puede pretender que no se les impute delitos que están en el marco del conflicto y que ellos cometieron. Ellos sabían que como mandos principales iban a tener que hacerse cargo”, añadió el profesor Montoya.
Hasta ahora la JEP ha asumido que los exFarc han reconocido su participación en el delito de exclavitud. Por eso –y si los exFarc no presentan recurso– será cuestión de días para que se cite a las víctimas y los comparecientes a una audiencia de verificación. Allí se evaluarán las contribuciones a la verdad y las formas de reparación. Los cálculos de la Jurisdicción, por ahora, indican que para el próximo semestre se conocerán las primeras sanciones en este macrocaso.
La oposición de los exFarc a la JEP
La reciente imputación de la JEP se conoció en medio de un enfrentamiento mediático y político que el antiguo Secretariado decidió impulsar contra el tribunal especial. El senador Julián Gallo –el rostro más visible de esa oposición– señaló el pasado 16 de febrero que la JEP había “perdido su rumbo” en tanto, dijo, no ha avanzado en conceder amnistías y porque tampoco ha emitido sentencias.“Nosotros hemos asumido responsabilidades por una cantidad de delitos y estos señores en siete años no han sido capaces de dictar una sola sentencia”, había dicho Gallo. De hecho, este congresista pidió a la plenaria del Senado autorización para que en un audiencia pública los comparecientes expongan sus preocupaciones sobre el avance de procesos en la JEP.
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mil víctimas de secuestro han sido reconocidas por la Justicia Especial de Paz.
