Salvatore Mancuso, el excomandante paramilitar de las AUC, sacudió el escenario mediático con dos declaraciones que podrían marcar el futuro de su relación con la justicia colombiana.
En una entrevista con la W Radio – y en una aparente recuperación de la memoria que, le cuestionan, no tuvo ante los tribunales de Justicia y Paz– señaló que el excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, fue uno de los organizadores en la muerte de Vicente Castaño. Lo había dicho recientemente en otros escenarios pero volvió sobre el tema sin explicaciones ni pruebas.
“El señor alto comisionado, con el Gobierno Nacional, organizaron la muerte de Vicente Castaño y nos extraditaron a los demás (...) Esta es una situación terrible en donde hubo una conspiración desde el mismo Gobierno para asesinar a Castaño”, señaló el exjefe paramilitar que permanece detenido en la cárcel La Picota.
El excomisionado Restrepo trabajó en el Gobierno del presidente Álvaro Uribe y fue nombrado, precisamente, para la desmovilización de los paras con el acuerdo de Santa Fe de Ralito.
Mancuso ha insistido desde marzo pasado que la conspiración contra Castaño ocurrió porque, según él, el Gobierno no toleró que Vicente estuviera en la ilegalidad cuando la mayoría de los jefes paramilitares ya se habían desmovilizado.
El excomisionado Restrepo está prófufgo de la justicia colombiana desde 2009. Se le busca por organizar la “desmovilización” de 62 falsos guerrilleros del frente Cacique la Gaitana de las FARC.
En las acusaciones sobre la muerte de Castaño son las palabras de Mancuso contra el silencio de Restrepo.
Las declaraciones de Mancuso podrían ser entendidas como una bengala que se lanza al aire para llamar la atención de la justicia colombiana y que, de ese modo, se avance en su comparecencia y ajuste de cuentas. También en la búsqueda de su libertad.
Es que el exjefe paramilitar, en la misma entrevista, aseguró que ahora mismo contempla la posibilidad de renunciar a uno –o a los dos– sistemas de justicia donde está sometido: Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial de Paz.
“¿Cuál es el mensaje que se les está enviando a los grupos rearmados? Que se desmovilicen para someterse a dos densos sistemas de justicia y ninguno cumple. Estoy analizando y estudiando con mis abogados la posibilidad de renunciar a uno o a los dos sistemas de justicia transicional”, afirmó.
¿Buscará la justicia internacional?
De entrada, la lectura que se puede hacer es que Mancuso está dispuesto a regresar su expediente a la justicia ordinaria para enfrentase a un juicio común y recibir penas que pueden llegar a ser de hasta 60 años en prisión.
“Hay que interpretar como un mensaje de que no hay garantías en ninguno de los dos sistemas. Obvio él tendrá que decantar cuál es más garantista”, señaló un miembro de su defensa en diálogo con esta redacción.
Mancuso, que en febrero pasado aterrizó en Colombia después de pagar una pena en prisión de 16 años en Estados Unidos por narcotráfico, ha insistido en que la justicia colombiana le incumplió. Pues Justicia y Paz le prometió que purgaría máximo 8 años en prisión y él asegura que lleva el doble de años tras las rejas.
“Esto es algo que tenemos que arreglar con urgencia porque fueron estos incumplimientos los que llevaron al asesinato de 5.000 personas de las Autofedensas luego de la desmovilización”, señaló el expara sobre los aparentes incumplimientos del Estado al acuerdo de Ralito.
EL COLOMBIANO conoció que la estrategia de Mancuso sería agotar todos los mecanismos nacionales para después acudir a los tribunales internacionales y denunciar al Estado por “falta de garantías”.
El equipo defensor de Mancuso le señaló a este diario que hay “múltiples y poderosas” razones para acudir a las instancias internacionales. Una de ellas tendría que ver con el monto de años que ha pasado en prisión.
Hasta ahora el expara deberá esperar que la Corte Constitucional defina entre la JEP y Justicia y Paz como institución competente para su procesamiento judicial. Después, evaluaría sus cartas internacionales
Si Salvatore Mancuso y su defensa logran demostrar que agotaron todas las instancias internas y acuden al escenario internacional, deberán estar preparados para enfrentar un juicio en la Corte Penal Internacional, quien asumiría los crímenes de guerra y, ese tribunal, resulta ser más severo que los mecanismos de justicia transicional de Colombia.
