El asesinato del coronel (r) Élmer Fernández desnudó la crisis que enfrentan los funcionarios penitenciarios para ejercer el control real en las 125 cárceles del país. El Gobierno intentará, otra vez, presentar un paquete de medidas para aliviar la situación.
Es que los penales ahora parecen centros de operaciones en los que las bandas criminales ejercen el control y ordenan delitos.
“(El asesinato de Élmer Fernández) es una pequeña muestra de la crisis carcelaria. Los centros de reclusión y carcelarios no son espacios de resocialización. Al día de hoy son espacios dinamizadores del crimen organizado”, señaló Nicolás León, investigador de la línea de Convivencia y Seguridad ciudadana de la Fundación Pares. De acuerdo con el Inpec, tras las rejas hay una población de 102.399 personas.
Sin embargo, la capacidad del sistema carcelario solo es de 81.907 cupos. El hacinamiento alcanza el 25%. La próxima legislatura será el escenario en el que el Ejecutivo le presentará al Congreso –al menos 12 proyectos de ley– con los que pretende darle la vuelta al sistema de Justicia. A grandes rasgos, la pretensión es que la justicia imponga una expectativa de penas más altas para los criminales y que, al tiempo, exista la posibilidad de rebajas en las penas cuando existan compromisos de verdad y de reparación para las víctimas.
Este 21 de mayo la plenaria de la Comisión de Expertos de Reforma a la Justicia –un grupo de 40 miembros entre líderes sindicales, abogados, jueces, académicos y magistrados– presentó 12 de los borradores de proyectos que han construido en más de dos meses de trabajo.
Reforma penitenciaria
La tesis de la comisión es que las tendencias de mayor encarcelamiento han llevado al hacinamiento y así, se han precarizado los servicios que buscan llevar a la resocialización a los reclusos.
“Preferimos la opción del encarcelamiento masivo, aun siendo perfectamente conscientes de sus inocultables defectos, porque creemos que los muros de la cárcel son milagrosas barreras que nos protegen de los peores criminales”, se lee en los argumentos presentados por la comisión de expertos.
Uno de los puntos de este borrador de proyecto indica que los responsables de delitos, cuya pena llegue hasta los seis años, no vayan a prisión. También buscará que la prisión domiciliaria sea otorgada para delitos cuyas penas vayan hasta los 12 años.
Con esta medida, por ejemplo, los responsables de delitos como el hurto serían excarcelados y recibirían penas alternativas o de detención domiciliaria. Solo por este delito hay 23.375 personas recluidas –entre detenidos y condenados– en las cárceles del país.
La Comisión argumentó que las medidas privativas de la libertad no se han traducido en una reducción de la criminalidad. La intención del Gobierno es que se apueste por un modelo de justicia restaurativa como el modelo que solucione los conflictos que se tramitan en la vía penal.
“Este enfoque busca maximizar los derechos de las víctimas, las cuales tendrán justicia pronta, con garantías para evitar su revictimización, y con reparación efectiva del daño causado”, señaló el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
La pretensión del Gobierno es que con la reducción del hacinamiento, las cárceles, ahora sí, puedan ser el escenario en el que los reos puedan tener garantías de resocialización.
“Se busca la reducción de vulnerabilidades del infractor penal para que pueda desenvolverse nuevamente en sociedad, alejándose definitivamente del delito y llevando a cabo proyectos familiares, educativos y laborales que lo engrandezcan a él y a su comunidad”, se lee en el documento entregado por la comisión.
¿Qué pasará con el Inpec?
La Comisión de expertos indicó que el Inpec funciona como un cuerpo de seguridad y que no ha dado mayor relevancia a aspectos como el tratamiento penitenciario y el respeto de los derechos humanos.
Por eso, la reforma pretende entregarle facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro –hasta por seis meses– para que en ese tiempo pueda “suprimir, fusionar y modificar” la estructura, organización y funciones de las entidades del Ministerio de Justicia que hacen parte del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario.
Una de las soluciones que se proponen es cerrar los cortos circuitos existentes entre entidades como el Inpec y la Uspec, entidad que se creó en 2011 para solucionar líos de contratación y que se encarga, por ejemplo, de la alimentación de las cárceles.
“En la condición actual en que se encuentra el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, el Estado no se puede permitir que persistan problemas de coordinación o de diseño administrativo como obstáculos para la consecución de los derechos humanos”, dice el borrador de proyecto.
El ministro Osuna aclaró que se pueden hacer uso de las facultades extraordinarias para ordenar, por ejemplo una reestructuración administrativa. Ahora, la comisión volverá a sentarse para pulir los proyectos y, de ese modo, radicarlos ante el Congreso el próximo 20 de julio.
