En medio de las accidentadas y controvertidas sesiones extraordinarias que se extenderán hasta este jueves, la plenaria de la Cámara avanza en la discusión en segundo debate la reforma a la salud, uno de los proyectos clave del Gobierno de Gustavo Petro. Durante el trámite del proyecto la bancada antioqueña ha sido determinante, bien sea para oponerse a la iniciativa o para darle un respaldo irrestricto.
EL COLOMBIANO indagó por la postura de los 18 representantes paisas de los diferentes partidos que conforman la bancada antioqueña para conocer su postura alrededor de la reforma, su eventual voto y las observaciones frente al proyecto. Los bandos están decantados, pero la mayoría –11 de los 18– está en contra de la iniciativa.
Por un lado, aparece un gran bloque de oposición que sigue tomando distancia del proyecto y que de forma vehemente y frontal alerta por sus eventuales riesgos. Allí aparecen los representantes Hernán Cadavid, Yulieth Andrea Sánchez, Juan Fernando Espinal, Jhon Jairo Berrio y Óscar Darío Pérez –todos del Centro Democrático–, a quienes se suma Mauricio Parodi, de Cambio Radical.
“Lo que está esperando la sociedad colombiana es cómo se financia el sistema de salud y lo que estamos encontrando es que están diseñando una amplísima gobernanza cuando no hay fuentes de financiación estables del sistema”, reclamó Cadavid. “Cambiar el sistema actual por este proyecto que nos ponen a consideración es definitivamente un absurdo. Este proyecto acaba con el derecho individual a elegir”, alegó a su turno el representante Óscar Darío Pérez.
Al grupo opositor se suman dos congresistas de la bancada del Partido Liberal: Julián Peinado Ramírez y Luis Carlos Ochoa Tobón. El primero de ellos le aseguró a EL COLOMBIANO que la reforma, lejos de ofrecer soluciones reales, “podría desencadenar un problema sanitario enorme en el país. Ya vemos hospitales que no van a dar atención precisamente porque no reciben los pagos directos. Sin un régimen de transición adecuado es altamente inconveniente continuar con esta discusión”.
En el mismo sentido, el representante Ochoa advirtió que la reforma requiere más consenso e involucrar a más actores para poder acordar un texto que acoja diferentes observaciones y sugerencias. “No apoyaré este proyecto. Se propuso una comisión para que hubiese más actores en la discusión. No se pueden discutir en sesiones extras una reforma tan importante y trascendental. Vengo del sector salud y soy consciente de la necesidad de hacer una reforma que contribuya a mejorar la atención, que dignifique la labor de los trabajadores y favorezca la atención primaria”, dijo a este diario.
A los detractores del proyecto se suman además congresistas del Partido Conservador, en cabeza de Luis Miguel López Aristizábal y Andrés Felipe Jiménez. El primero de ellos prendió las alertas por la crisis hospitalaria en Antioquia, advirtiendo que hay “hospitales sin pagos, personal sin salarios y pacientes sin atención adecuada. Hay que atender la crisis antes de pensar en reformar drásticamente el sistema”, señaló.
Por su parte, Jiménez alegó que la iniciativa no responde de manera efectiva a las necesidades de los colombianos y plantea serios riesgos para la sostenibilidad del sistema. Por ello, instó a que la discusión se posponga hasta 2025 y se establezcan mesas de concertación que permitan alcanzar acuerdos.
“La centralización del sistema de salud, con la ADRES actuando como pagador único, podría poner en peligro el acceso a los servicios para millones de ciudadanos. Además, la reforma no define claramente los roles y responsabilidades de las nuevas gestoras de salud, lo que genera incertidumbre sobre la representación de los pacientes y la gestión del riesgo financiero. Otro punto crítico es que se prioriza la atención primaria, pero sin un enfoque adecuado en enfermedades crónicas”, manifestó el congresista a EL COLOMBIANO.
Inclusive, al ramillete de opositores adhiere el representante Daniel Carvalho Mejía, de Verde Oxígeno, quien insistió en que, aunque el Gobierno había prometido que en este nuevo texto se iban a recoger las preocupaciones de pacientes, sociedades médicas y expertos, continúan “con los pésimos errores” del pasado y los profundizan aún más.
“Se destruye el sistema existente, no resuelve los problemas estructurales, carece de una transición clara, no cuenta con análisis de impacto fiscal y fomenta la burocracia fragmentando las responsabilidades sobre el paciente”, explicó Carvalho a este diario, señalando que el Gobierno “sigue con su actitud dogmática de no escuchar y hacer la pantomima de la conversación mientras aprueban una reforma en vísperas de Navidad”.
Petristas y aliados, irrestrictos a la reforma
Por otro lado, aparece un bloque de siete congresistas que respaldan el proyecto de forma irrestricta. Si bien en ese grupo aparecen congresistas del Pacto Histórico como David Alejandro Toro, Susana Gómez y Pedro Baracutao García (Comunes), también figura la representante María Eugenia Lopera, del Partido Liberal.
La congresista –quien es cercana al grupo político del exsenador y excandidato a la Gobernación Julián Bedoya–, fue nada menos que la coordinadora de la ponencia positiva que finalmente fue avalada y que contó con el respaldo del Gobierno. La representante, oriunda del municipio de Entrerríos, se hizo célebre en abril de 2023 cuando salvó con su voto la ponencia de la controvertida reforma a la salud que a la postre se hundió. Ello puso de presente su afinidad con el Gobierno.
A Lopera se suma el representante Daniel Restrepo Carmona que, si bien hace parte del Partido Conservador –hoy declarado en independencia–, estaría respaldando el proyecto. Lo anterior, dada la afinidad de su jefe político al Gobierno Petro: se trata del controvertido senador Carlos Andrés Trujillo, quien fue clave para que en un primer momento los conservadores adhirieran al Ejecutivo.
Finalmente, a favor de la reforma se cuentan también los representantes Elkin Rodolfo Ospina y Juan Camilo Londoño, ambos de la Alianza Verde, colectividad que sigue declarada como partido de la coalición de Gobierno de Gustavo Petro.
Ospina le aseguró a EL COLOMBIANO que, aunque el sistema de salud tiene sus puntos fuertes y el modelo de atención bajo el esquema de aseguramiento ha logrado asegurar atención, manifestó que necesita “una actualización”. “La palabra reforma ha venido generando división y polarización, lo que lleva a que las personas no tomen en serio el estudio de lo que se propone y se diga sí o no únicamente atendiendo a una orientación política y nada más”, reclamó.
En esa línea, recordando que muchos de los recursos que manejan las EPS han terminado en manos de la corrupción, Ospina vio con buenos ojos la transición a gestoras de salud. Además, insistió en que el sistema no debe ser público en su totalidad y que se opone a la integración vertical, “que tiene literalmente en cuidados intensivos a muchos hospitales de la red pública del país”.