Según explicó Velásquez, las actuaciones de su subordinado podrían explicarse dentro de su deber normal de garantizar la seguridad de él mismo y de las personas de su entorno.
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“Es un tema simplemente de seguridad, el reconocimiento de quiénes pueden estar en su entorno que podrían generar, eventualmente, un riesgo para el comandante de Ejército o las instalaciones”, dijo el jefe de la cartera de Seguridad.
Pese a eso, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación hallaron elementos suficientes para abrir una indagación preliminar con la que busca establecer si el comandante cometió irregularidades o abusos de poder.
Esto último porque, según las denuncias, habría usado los instrumentos del Estado para un asunto personal.
De hecho, la información preliminar sugiere que el nombre del profesor de inglés habría sido incluido dentro de una lista de una organización ilegal para poderlo seguir sin levantar sospechas.
Sobre eso último sí fue contundente Velásquez, quien aseguró que “en cuanto se dispone a la contrainteligencia que verifique respecto de una persona, eso solo no constituye una ilegalidad. Otro problema es, en la ejecución de esa orden, como se ha dicho que el profesor Colmenares entonces fue incluido en un informe como miembro de una organización armada ilegal sin serlo, eso ya sí es un acto inclusive delictivo que tiene que aclararse suficientemente”.
Por eso, aseguró que se realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer si hubo o no un uso inadecuado de servicios de inteligencia y contrainteligencia.
Por último, Velásquez aseguró que la opinión pública está viendo el caso “con morbo” porque sugieren que los perfilamientos se habrían hecho por celos. Sobre eso, aseguró que la esposa del general no tiene ninguna relación con su profesor de inglés, por lo que descartó esa posibilidad.
Por ahora, el comandante Ospina deberá enfrentarse a las investigaciones disciplinarias que hay en su contra y, de ser hallado culpable, podrían hasta ordenarle que se retire de su cargo.
