Su presencia en el Congreso de la República no ha pasado desapercibida y sus promesas de campaña —en torno a las mujeres y a la educación— las ha cumplido, están en ese camino o volviendo a tomar impulso. Tiene 28 años y es la congresista más joven. Se trata de Jennifer Pedraza Sandoval.
Es una mujer disruptiva en la política y a dos años de estrenarse como legisladora, dice que está “más convencida que nunca de que estar en el Congreso es necesario”.
Empoderada en la lucha feminista, además de presentar iniciativas para mejorar la vida de las mujeres en el país, ha incomodado a hombres poderosos de la política. La más reciente fue con el magistrado del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy (Cambio Radical), a quien Pedraza hizo parar de la moderación de un foro en conmemoración de los 70 años del voto femenino en Colombia. La razón: una acusación por presunto feminicidio que enfrentó en el pasado Lorduy.
Le puede interesar: CNE deja en veremos ponencia con la que se busca formular cargos contra la campaña Petro.
En entrevista con EL COLOMBIANO, habló de su proyecto de ley aprobado que les da licencia de maternidad a las mujeres en política, del que prohíbe el matrimonio infantil (a un debate de aprobarse) y del que prepara de nuevo para cambiar la financiación de la educación superior pública.
Esta semana los sectores independientes tuvieron una reunión con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. ¿Qué agenda les presentó el Gobierno?
Es la primera reunión que tenemos con el Ministerio del Interior. Como bancada independiente habíamos sido muy ninguneados por el Gobierno. No solamente por el ministerio, que no nos convocaba a ninguna conversación, sino por la violencia política muy dirigida desde el presidente hacia nosotras, en donde cualquier cuestionamiento, duda que planteábamos o crítica frente a algún proyecto, automáticamente nos va tildando de enemigas del cambio, de uribistas o defensoras de las EPS. Ten en cuenta que estamos estrenando la independencia, veníamos de tener un Congreso de oposición-gobierno, entonces para nosotros ha sido todo un nuevo reto estrenar esa independencia.
¿De qué hablaron en ese encuentro?
Se habló sobre la reforma a la salud, de la que aún no tenemos un texto definitivo. Entonces esa conversación yo diría que aún hay mucha incertidumbre y mucha promesa, pero a la hora del té vamos a tener que revisar el articulado toda vez que nosotros como voluntad independiente también hemos radicado una propuesta de reforma a la salud.
El ministro de Salud nos dijo básicamente que ya habían hablado y acordado eso con las EPS y con Dilian Francisca Toro, con César Gaviria, con Efraín Cepeda y con los partidos tradicionales. Entonces que más o menos agradecieran que tenemos ese consenso y si queríamos, podemos hacer una mesa técnica para revisar qué de lo que hemos propuesto nos sirve, qué no y quedamos en el compromiso de hacer esa mesa técnica.
Pero el punto neurálgico sobre el debate de la reforma a la salud es si el gobierno va a radicarla con mensaje de urgencia, lo cual implicaría reducir la cantidad de debates que tiene el proyecto. Que no serían cuatro, sino tres: uno en las comisiones conjuntas y dos en las plenarias.
Si el proyecto entra con mensaje de urgencia, es muy difícil que pueda contemplar realmente los demás proyectos que se han presentado. Aun así, nos daríamos esa pela, pero lo democrático sería por lo menos concertar la redacción de las reformas con los sectores que hemos presentado otras reforma a la salud.
Y con el lío que tienen ahora porque no han pagado deudas de presupuestos máximos...
Es que lo primero que debería hacer un ministro o una ministra de Salud que de verdad quiera garantizar el derecho es un estudio serio sobre la insuficiencia o no de la unidad de pago por capitación para saber si es suficiente para atender las enfermedades de la gente y todos los tratamientos que hemos venido incluyendo en el plan básico de salud. De lo contrario, será un sistema de salud desfinanciado que siempre va a estar en crisis.
¿El ministro de Salud o el del Interior les entregó algún texto de esa reforma?
Guillermo Jaramillo dijo que no, que por ahí anda rotando un borrador. Entonces por eso la conversación sobre la reforma a la salud no se extendió mucho más, porque nosotros le dijimos: “usted puede decir lo que sea, pero hasta que no tengamos un texto, nosotros no podemos compartirle ninguna opinión, más allá de las que usted ya conoce sobre el debate anterior”. Y dijo que no sabían si lo iban a radicar con mensaje de urgencia, pero tengo el temor de que eso sea una forma de decir disimuladamente que sí lo van a radicar así.
¿Cómo es el proyecto que presentará para la financiación de las universidades públicas? ¿Han encontrado voluntad del Gobierno para impulsarlo?
Yo creo que al presidente Gustavo Petro le estorban mucho todos los proyectos alternativos que no queremos plegarnos a su figura de caudillo, sino que queremos intentar construir otra apuesta.
Además, empecemos empezamos porque ha habido dos ministros y una ministra de Educación en estos dos años y esos cambios sí han implicado un cambio en la agenda. Inicialmente, el Gobierno había hablado de una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que construimos conjuntamente en esos primeros seis meses del gobierno, y de una reforma al sistema general de participaciones, que es lo que ha venido luchando el Magisterio colombiano desde el 2002.
Con la llegada de Aurora Vergara, ella nos dijo que lo que iba a hacer era una ley estatutaria de educación, que era una declaración política, que a mí me parecía positiva, pero que no transformaba la desfinanciación de los colegios, no cambiaba la conectividad, no llevaba agua potable a los colegios, no resolvía la crisis de las universidades públicas que se siguen cayendo y no resolvía la fuente de financiación para los “500.000 nuevos cupos” que habían prometido.
Ahora con Daniel Rojas, le hemos propuesto y aprovecho esta entrevista para públicamente proponerle que modifiquemos los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para que haya una financiación decidida hacia la educación superior pública. Yo creo que en esos dos artículos hay un consenso y un acuerdo nacional sobre la necesidad de financiar de manera decidida y digna esas instituciones.
¿Esos dos artículos se refieren a la financiación puntualmente?
Sí, el artículo 86 es el que define la fórmula según la cual crecen o no los recursos de las universidades públicas. Ese artículo lo que dice es que mínimo deben crecer con la inflación, pero ese mínimo se volvió el máximo y ha sido muy difícil que crezca por encima de la inflación. Cada vez que llega un presidente hay un paro estudiantil para rogar que esa plata crezca por encima de la inflación, porque no nos está alcanzando la plata.
¿Esa situación que comenta cómo ha impactado las universidades públicas?
Esa fórmula es la que ha hecho que se estime a hoy una deuda histórica con las universidades de $18 billones. La Universidad de Antioquia, por ejemplo, no tenía todas las sedes que tiene hoy cuando se aprobó esta ley, que fue en 1993. La Nacional era una sede entonces, hoy son nueve sedes en todo el país.
¿Y la plata no alcanza?
Exacto, no alcanza porque las universidades han duplicado su cobertura, porque han venido creando nuevas sedes, nuevos programas, ampliando su planta docente y realmente lo que han hecho es precarizar a los maestros porque la plata no les alcanza, no ha habido plata ni siquiera para cambiar bombillos, para construir la infraestructura que se ha venido cayendo. Entonces, ese es el déficit que se estima en $18 billones.
Pero me decía antes que será la segunda vez que lo va a radicar, ¿por qué?
Este proyecto es de mi corazón, pero se hundió una vez porque la exministra Aurora Vergara no quiso respaldarlo de manera decidida. Entonces lo vamos a volver a radicar. No lo hemos hecho porque estamos teniendo esta conversación con el Gobierno, pero lo vamos a radicar antes del 6 de septiembre y esperamos que lo respalden no solo en el gobierno, sino hasta sectores de la oposición.
Otro tema de educación y salud, al que usted le ha seguido la pista, es el cambio de modelo del magisterio. ¿Le genera alguna alerta eso?
Esto es un incremento significativo en las preocupaciones de los maestros. Cuando entró a regir este nuevo modelo el 1º de mayo, el Gobierno no había contratado entidades que ofrecieran servicios de salud como quimioterapia y atención del cáncer y empezó a regir el nuevo modelo sin que hubiera contratado a una red de mediana o de alta complejidad.
Petro dijo que van a modificar el sistema de salud de los maestros, le da todo el poder a la Fiduprevisora y, de paso, al Partido de la U, en nombre de John Mauricio Marín, un hombre que había sido denunciado por corrupción cuando manejó la seguridad social de Ferrocarriles. Y en el nuevo modelo de salud le autoriza contratar a dedo todas las entidades prestadoras de servicios de salud sin ningún tipo de licitación. O sea, eso es poner el ratón al cuidar el queso. Era evidente que eso iba a salir mal.
En Antioquia varios hospitales llegaron a advertir que solo atenderían urgencias...
Antioquia ha sido el caso más evidente de todo. No le pagaron a los hospitales públicos a tiempo y cuando iban a cobrarles decían que no les pagamos porque no tenemos contrato. Tuvieron que decirle al Gobierno que no prestarían más servicios para maestros y sus familias desde el 1 de agosto, a menos de que ustedes paguen. Fue la única forma de lograr que el gobierno pagara, pero aún hoy le debe a algunos de los hospitales.
El proyecto de ley de su autoría para prohibir el matrimonio infantil está a un debate de aprobarse. ¿Cómo esto sigue siendo legal?
Es la novena vez que se presenta el proyecto de ley. Pero no lo radicamos solas, lo hemos construido con organizaciones
que defienden los derechos de los niños y de las niñas y también con organizaciones feministas.
Entonces presentamos un proyecto que tiene dos componentes. El primero es eliminar el matrimonio infantil del código civil, lo cual significa que el Estado colombiano dio un mensaje contundente sin matices y sin excepciones porque hoy en día tú te puedes casar desde los 14 con permiso de tus papás. Eso ha terminado generando un incentivo muy perverso porque lamentablemente algunos padres y madres terminan vendiendo a las hijas cambiándolas por ganado, por un lote o intentando resolver su propia situación económica. Entonces nosotros queremos que el Estado colombiano dé un mensaje contundente y es que para casarte tienes que ser mayor de edad y fin de la historia.
El segundo es un componente pedagógico de una política pública que promueve la creación de proyectos de vida en libertad y autonomía y que es una campaña muy interesante de prevención y de atención, en donde vinculamos a las comunidades indígenas para que participen de esa campaña y nos apoyen en esa tarea de eliminar ese fenómeno.
La otra iniciativa de su autoría es el de la licencia de maternidad para las mujeres en la política. ¿Cómo es eso que a las congresistas les toca renunciar a su curul si quedan en embarazo?
Pecisamente ayer, 28 de agosto, se aprobó el proyecto que crea la licencia de maternidad para mujeres en política. Porque actualmente en el Congreso cuando las mujeres queríamos usar nuestra licencia de maternidad, teníamos que ceder nuestra curul durante ese periodo para que la reemplazara otra persona de la lista del partido.
Eso es crítico porque perdemos a nuestros equipos de trabajo y tenemos que renunciar a nuestra curul en la práctica. O sea, eso ponía a las mujeres a elegir entre dos derechos: el derecho a tener un proyecto de vida que incluya la maternidad y el derecho a la participación política. Esto pasa en un país donde ganar una curul es tan difícil y en donde tienes que pasar mil barreras por la violencia política y la sobrecarga de cuidado. Entonces eso significa que tenemos que entregar la curul durante unos meses por la licencia de maternidad, de múltiples maneras, es entregar nuestra labor política.
Esto también aplicará para concejalas y diputadas, quienes son contratadas por honorarios, porque no tienen una vinculación laboral tan garantista como las congresistas tenemos.
Usted también está dando una lucha con el tema de la explotación sexual. ¿De qué se trata?
Sí, nosotras presentamos un proyecto para actualizar la ley que define la trata de personas como un delito. Esa es una ley que se aprobó en el 2005 cuando no teníamos una serie de herramientas tecnológicas desarrolladas que hoy se han vuelto el principal foco del delito.
Nuestra propuesta aborda que el 63 % de los casos de trata de personas en Colombia son con fines de explotación sexual. O sea, realmente hay un vínculo importante entre el delito de la trata de personas y la explotación sexual, no solo de menores sino que incluye, desde nuestra perspectiva, personas mayores de edad que en su mayoría de casos entraron a ese mundo desde que eran menores de edad.
Lo que hace el proyecto es actualizar el delito de trata, darle más dientes a la ley para incluir las herramientas tecnológicas que hoy concretan el delito de trata, que es todo lo que nosotros conocemos de las aplicaciones que no estaban contempladas en la ley inicialmente.
Lo segundo es que le da un enfoque de género al delito de la trata de personas porque la mayoría de las víctimas de trata son mujeres. Y tercero, también incluye un enfoque diferencial para personas transgénero y para migrantes.
Entonces, creo que es un proyecto muy importante que esperamos que salga adelante y ojalá el Ministerio del Interior lo acompañe. Así mismo, hemos luchado por que aumente el presupuesto para la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, pues al menos el del año pasado fue de solo $2.600 millones.
En esto estoy mucho más cercana a una postura abolicionista que a una postura regulacionista o que a una postura prohibicionista.
Va en la mitad de su periodo legislativo, ¿qué balance hace de su experiencia, sobre todo en un mundo dominado por hombres?
Y agregaría que por hombres corruptos. Ha sido un año que tiene un sabor agridulce. Dulce en el sentido de que varias de nuestras iniciativas han logrado pasar. Estoy más convencida que nunca de que estar en el Congreso es necesario, de que eso que nos propusimos en 2022, que la agenda del movimiento social tenga una expresión en el Congreso, es muy importante e imprescindible para que podamos avanzar en nuestros derechos.
Y agrio porque cada 15 días seguimos teniendo un escándalo nuevo por un presunto cohecho o por presunta compra y venta de votos, como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.
