El 2023 dejó al desnudo las costuras del gobierno de Gustavo Petro. Su coalición se rompió, los revolcones ministeriales se hicieron paisaje y los escándalos marcaron el derrotero. El mentado “cambio” sigue en veremos y hoy el senador Ariel Ávila (Alianza Verde) –quien de antaño apoya al mandatario y que se hizo elegir “para ayudar a cambiar la política”–, admite que en este Gobierno persiste el manejo de cuotas burocráticas y el clientelismo. Eso sí, con un dejo de paliativo asegura que “no al nivel” del expresidente Iván Duque.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el investigador social con énfasis en conflicto advierte que hay una crisis de la política de seguridad, mas no “una crisis de la política de paz”. Reclama que el Congreso seguirá paralizado en 2024 y que los partidos tradicionales extorsionan al Ejecutivo. Por ello, le recomienda a Petro que “suelte” las reformas. Incluso lanza una delicada advertencia sobre las nuevas dinámicas de estructuras criminales urbanas en tiempos de paz total.
¿Qué balance hace del desempeño del Congreso a lo largo de 2023?
De julio de 2022 a julio de 2023 diría que el balance es positivo para el Gobierno en la medida que le pasaron varias de sus reformas, al menos cuatro muy importantes: la reforma tributaria, el Plan de Desarrollo, la prórroga a la ley de orden público conocida como paz total y una adición presupuestal. También pasó lo del Acuerdo de Escazú, que estuvo trancado en el gobierno Duque.
Sin embargo, cuando sale Alfonso Prada (ministro del Interior) a finales de abril de 2023 y el presidente anunció en un trino que se acababa la coalición de gobierno, el Congreso entró en un letargo durísimo, quedó prácticamente paralizado. Todo esto antes de la reforma a la salud. Y luego sale también Roy Barreras. La gente casi no se acuerda, pero eso fue muy pesado.
Después, en julio –a semanas de elecciones, subiendo el precio de la gasolina, con la imagen del presidente en picada y los escándalos que traía el tema de su familia–, ya no hay letargo, sino parálisis en el Congreso. La reforma a la salud se discutió durante 300 días en Cámara. Eso congeló 22 proyectos de acto legislativo o de leyes. En Senado no había ningún proyecto grande, levantaban sesiones a toda hora y nadie iba. Se aprobó la adición presupuestal, pero las grandes cosas quedaron compiladas.
¿Qué causó semejante parálisis?, ¿la ruptura de la coalición?, ¿los remezones ministeriales?
Una confluencia de cosas, al menos tres. En primer lugar, los partidos tradicionales presionan mucho en puestos y en contratos. Varios de ellos –no voy a dar ejemplos–, funcionan como mecanismos de extorsión al Gobierno. Los que se rasgan las vestiduras en las regiones se la pasan extorsionando, pidiendo puestos y contratos.
Así como se dice que el Gobierno negocia uno a uno con los congresistas, estos también piden mucho. Es una confluencia de intereses. El Gobierno le ha entregado participación a partidos políticos, eso ha sido de público conocimiento, en su momento con el Fondo Nacional del Ahorro y los liberales, o el Ministerio de Transporte con Guillermo Reyes, que era Conservador. No es ningún secreto.
La segunda causa de la parálisis es que el Gobierno quería unas reformas muy ambiciosas y estos sectores tradicionales quieren que no haya reformas. Siempre le digo a la gente: cuando miren a Petro, que a veces no dialoga y que es intransigente, también miren a los otros, que no quieren que cambien nada. Es como si los escándalos de Reficar, Centros Poblados, Pacific Rubiales, Chambacú o la ‘abudineada’ de los $70.000 millones, fuera un país de las maravillas. Necesitamos reformas.
Como dice mi abuela, se junta el hambre con las ganas de comer: un gobierno que quiere cambios muy profundos y otros que han sido unos advenedizos, unos héroes para un sector, pero son todos los que gobernaron 150 años y llevaron a este país a la crisis que terminó en el Paro Nacional. Es de un lado y otro. El Gobierno no quiere ceder en algunos puntos, pero es que estos otros no quieren ceder en nada.
¿La agenda del Gobierno con su reformatón también no era –o es– demasiado ambiciosa?
El tercer punto tiene alguna relación, porque no hubo una priorización, ni un orden, el Gobierno mandó todas las reformas. Eso fue un caos. No había un estratega que dijera ‘mire, primero esto. Luego lo otro. Vamos con esto’. Pero no, nadie lidera, es una cosa muy dura.
Frente al primer punto que señala, ¿cree que el Gobierno Petro ha cedido en esa extorsión de los partidos?
Sí, claro, ha entregado, también es de público conocimiento. Pero no al nivel de Duque, por ejemplo, cuando tuvimos un solo senador –el conservador David Barguil–, que tenía dos ministerios, Agricultura y Ambiente. Aquí no se ha cedido como en otros gobiernos, pero claro que se ha cedido. Es incontrolable.
Me da pie para mencionarle otra cosa. Después de las elecciones regionales, con la victoria de todos estos partidos tradicionales, es un hecho que ya no necesitan tantos puestos y contratos, porque se los dan las gobernaciones y las alcaldías. Es decir, ya no quedan a merced solamente del Gobierno y ponen la vara de costo más alta.
Es decir, ¿en este 2024 le costará más política y burocráticamente a Petro conseguir apoyos?
No creo que vaya a haber un cambio en 2024 con respecto a 2023. Esto va a ser igual, todo paralizado. Le repito, hay una gente que quiere que cambien las cosas y otra que quiere que no cambie nada. Podemos discutir si es bueno o malo. Entonces noto una parálisis. Y la campaña presidencial se va a anticipar.
¿A qué atribuye que haya durado tan poco la luna de miel del Gobierno con el Congreso? Petro arrancó con una aplanadora inédita para la izquierda...
Es la confluencia de muchísimas cosas: la caída de la imagen del presidente; lo que le digo de los que quieren reformar y los que no; el manejo burocrático, y reitero que el Gobierno les ha dado, pero no a los niveles que se les daba con la época Duque, por ejemplo. Se dice también que por la intransigencia de Petro, pero no, son muchos factores.
En todo esto hay un tema central: los partidos que están haciendo hoy oposición nunca habían hecho oposición –a excepción del Centro Democrático–, y no saben cómo desenvolverse en ese mundo. Y los que siempre hicieron oposición ahora son Gobierno y no saben cómo hacerlo. Me asombra la gente del Pacto Histórico que no ha entendido que son Gobierno. Ese circo en el Congreso es eso.
Usted reconoce que el Gobierno ha entregado cuotas burocráticas. Pero, en términos más precisos, ¿cree que lo que ha habido en el trámite de las reformas ha sido física y pura mermelada?
¿Qué es la mermelada? Es un concepto que nació de un famoso exministro de Hacienda y expresidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry –ahora comentarista en radio y muy mal ministro de Hacienda, por lo demás–. Él dijo que había que esparcir la mermelada por toda la tostada, haciendo referencia a una cosa que se llama los cupos indicativos. Son una serie de inversiones que se hacen en el territorio y donde los congresistas pueden tener una influencia muy grande, diciendo ‘vamos a hacer un estadio o un parque en tal municipio’.
Eso surgió en el gobierno Santos y se repitió en el gobierno Duque, por eso el escándalo de las marionetas, ¿Si eso está en el gobierno Petro? personalmente no lo he visto. De hecho, el problema que tiene este Gobierno es que no ha ejecutado mucha plata. ¿Que si se han dado esos casos o no? No lo sé, lo normal es que se den.
¿Acaso lo del Fondo Nacional del Ahorro no podría interpretarse como mermelada?
Eso son cuotas burocráticas. Es clientelismo si lo quiere llamar así. La mermelada son los cupos indicativos. ¿Que si eso va a pasar? Seguramente sí, pero eso lo tendrá que decidir cada Ministerio. Hay que mirar los proyectos de inversión de cada entidad.
Usted votó por Petro y ha sido cercano a él. ¿Qué sensación le queda al ver a un gobierno que abanderó ideas de cambios con las mismas prácticas de siempre?
Primero, no había otra forma de hacerlo desde el punto de vista del Gobierno. ¿Por qué? porque no tienen mayorías en el Congreso. La única forma de que ellos pudieran pasar las reformas era así, como en todos los gobiernos.
Pero este es “el gobierno del cambio”....
Claro, pero no había otra forma porque no había mayorías. El bloque alternativo somos como 30 senadores de 108. Con eso no se hacen reformas, punto. Más bien habría que preguntar si había otra forma de hacerlo. Creo que el Gobierno ya tiene varios instrumentos importantes para la ejecución: una reforma tributaria y un Plan de Desarrollo. Si lo que vamos a vivir ahorita es una extorsionadera como la que se vivió estos últimos meses, es mejor que el Gobierno suelte las reformas. El cambio no solo son las reformas. Creo que le va a costar sangre al Gobierno pasar sus reformas en el Congreso, porque le van a pedir de todo.
El Gobierno sí tiene que tener unas mayorías para evitar mociones de censura o para evitar caos político, pero no unas mayorías para probar unas reformas que, además, le van a costar mucha sangre. Lo que va a pasar es que el Congreso va a estar igual de paralizado que el año pasado.
En Cámara está la reforma laboral y la de educación. A Senado entra salud y pensión. Eso va a estar paralizado y mientras tanto hay otro montón de reformas que no tienen tanto debate y que hay que bregar a aprobar. Por ejemplo, hay que ver si se insiste o no en el sometimiento a la justicia, la ley de servicios públicos o una reforma al sistema de seguridad ambiental.
Es decir, hay otras reformas que no son las de debates. Por más importantes que sean las reformas sociales hay otros frentes que no podemos descuidar. El Gobierno tiene que tener una priorización de qué es lo que va a hacer, hasta dónde y cómo.
Usted señala que el trámite de estas reformas le va a costar sangre al Congreso, pero la evidencia indica que el presidente no dará su brazo a torcer: sacrificó su coalición de gobierno y sacudió su gabinete por la reforma a la salud...
Yo esperaría que el revolcón ministerial del que tanto rumor hay, si es que va pasar, que se dé en enero o febrero. Que no sea por allá en abril o mayo otra vez en pleno ejercicio parlamentario.
Pero, ¿cree que Petro esté dispuesto a seguir sometiéndose a esa extorsión, como usted la llama, con tal de sacar adelante sus reformas?
No sé. No sabría decirle. Toca preguntarle a él. Lo que yo le digo –es una recomendación no como analista, ni como político– es que si ve que eso va a ser una extorsionadera o un vía crucis con 14 estaciones cargando una cruz, es mejor soltar eso.
Usted dice que la salida del exministro Prada provocó un revolcón y no hubo orden en las reformas. ¿Qué balance hace del trabajo del hoy ministro del Interior, Luis Fernando Velasco?
La salida de Prada fue en la mitad de una legislatura y mientras Velasco hacía el empalme hubo una parálisis. Si va a pasar lo mismo, que salga el ministro en medio de un revolcón, esperaría que eso fuera ahorita para alcanzar a hacer el empalme. Que no sea a mitad de la funcionamiento del Congreso.
El ministro Velasco arrancó mal, pero porque llegó en un momento muy complicado cuando el presidente acaba de reventar la coalición en Twitter, pero fue mejorando mucho. Logró pasar la reforma a la salud, que muchos de no creíamos que la pasara. Perdió la Presidencia del Senado, pero ganó la de Cámara.
Siento que él vino de menos a más y fue incrementando. Le ha ido bien. Comenzó muy mal, pero mejoró bastante. Pero la evaluación de si le fue bien o le fue mal le corresponde al presidente. Lo único que recomiendo es que si van a hacer un cambio en el Ministerio del Interior, que sea rápido o mejor que no lo hagan. Que esto no genere una convulsión brutal.
Abordemos ahora el tema de la paz total. El fiscal Francisco Barbosa dijo en una entrevista con EL COLOMBIANO que a todos los capos que están negociando desde la cárcel el Gobierno Petro los “está engañando y cañando”, porque no hay un marco jurídico para excarcelarlos o darles beneficios. ¿Qué tan cierto es eso?
Primero, ¿qué es la paz total? La gente habla y no entiende. Por ejemplo, hay gente y columnistas famosos en Antioquia que parecen unos ignorantes mayores o bueno, que quieren engañar cuando dicen ‘es que la crisis de seguridad que vive Colombia es de la paz total’. Pero es que no hay una política de paz total, ¿por qué le vas a echar la culpa a algo que no existe?
¿Qué es la paz total? Son cinco cosas: unas negociaciones de paz que son las tradicionales que ha hecho el Estado colombiano. Ahí está el ELN y el autodenominado Estado Mayor Central. No estuve de acuerdo con que se le diera reconocimiento político a esa gente, pero se le dio y ya es así. ya no nos devolvamos.
La segunda parte de la paz total es el sometimiento a la justicia, a la que usted hace referencia. La tercera, la sustitución de economías ilegales. La cuarta, la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc. Y la quinta, la participación ciudadana.
Arranquemos por el primer frente: el ELN. ¿Qué lectura hace de ese accidentado proceso?
El proceso de paz con el ELN tiene un método, una agenda y un horizonte. Es un proceso que va bien. Tiene un problema grande: va muy lento. Y aquí cuando se hace coincidir el calendario electoral con el calendario de paz la vaina sale muy mal. Si a finales de este año no está el 70 % u 80 % de ese acuerdo, significa que no se va a firmar en este Gobierno y va a salir mal.
Una de las grandes dificultades con el ELN es que insisten en el secuestro como forma de financiación. ¿Ve voluntad real para que, por fin, dejen de lado esta práctica?
Desde el 31 de enero hay una suspensión de los secuestros. Nosotros quisiéramos que se acabara esa práctica. Pero hay una suspensión y creo que volver al secuestro va a ser muy difícil. Eso se va a seguir prorrogando, porque es insostenible. El secuestro es el crimen más repudiado por la sociedad colombiana y el ELN ya comenzó a entenderlo, no tienen otra salida.
Pero la Defensoría ha denunciado que siguen los secuestros a manos del ELN...
Claro, porque la suspensión es desde el 31 de enero. Es decir, ahorita pueden seguir secuestrando, ojalá no lo hicieran. Por ejemplo, al registrador del Quibdó lo secuestraron hace unos días en una zona donde opera el ELN. Sería gravísimo que fueran ellos. No es una violación al acuerdo, porque arranca el 31 de enero, pero es gravísimo.
Hay unos temas muy complicados que el ELN tiene que saber, pero en teoría hay una suspensión desde el 31 de enero y creo que lo van a cumplir. El más reciente informe de Naciones Unidas dice que ellos cumplieron con el cese al fuego casi al 100 %. Esperaría que en cuatro meses no salgan con que ‘volvemos a secuestrar’, sino que sea prorrogable. Pero eso dependerá del ritmo de las negociaciones.
O que no den otro portazo a la mesa como lo ocurrido con el papá de Lucho Díaz...
En ese escenario sería para el Gobierno casi imposible sostener una mesa. Es decir, por la crisis de seguridad, el Gobierno necesita bocanadas de aire para poder sostener la mesa. Eso a punta de voluntad no se hace.
El balance con las disidencias parece más crudo y menos optimista. ¿Cuál es su lectura de esos procesos?
Esa vaina sí va muy mal. Con el ELN hay agenda y cronograma, pero aquí no hay nada. El cese al fuego no lo han cumplido las disidencias. Hay muchas violaciones. No hay un mecanismo de monitoreo claro. Es decir, este ciclo que comenzó en Bogotá esta semana debe ser de evaluación. El Gobierno tiene que decidir si continúa con esto o no.
Yo creo que todos los conflictos van a terminar en una mesa de negociación. Eso es inevitable. La pregunta es, ¿cuándo?, ¿en un año?, ¿en 10?, ¿en 20 años? Uno con un proceso de paz lo que hace es abreviar sufrimientos a la sociedad civil, pero no es una obligación hacerlo. Entonces el Gobierno tiene que tomar la decisión: cuándo. Si este no es el momento, pues no es el momento. Será más adelante. El proceso con las disidencias requiere una evaluación profunda.
Es decir, ¿lo mejor para el Gobierno es parar el proceso, evaluarlo y determinar si vale la pena seguir dándose la pela?
Sí, claro, para seguir negociando. No creo que paremos, en medio del ciclo se evalúa. Lo que se requiere es que el Gobierno evalúe en serio si vale la pena continuar con ese proceso o no, porque va muy mal, no tiene horizonte.
Con el ELN es complicado, son bocones –ese Antonio García es un bocón, un troglodita. No entiende la sociedad–, pero es un proceso que tiene horizonte. Este otro no tiene nada.
El segundo soporte de la paz total es el sometimiento a la justicia, donde el fiscal alerta por fallas. ¿Cómo va eso?
El tema de sometimiento a la justicia teóricamente tiene todo el sustento. Colombia tiene 53 organizaciones criminales y un grupo armado ilegal, que es el ELN. Hacer la paz con esta guerrilla en términos estadísticos de violencia no tiene mucho efecto. En términos políticos y sociales sí, es acabar con 70 años de violencia, pero en términos militares no pasa nada, porque bandidos es lo que hay.
Lo que dice el Gobierno es: ‘Si vamos a hacer un proceso de paz, tenemos que idear mecanismos de sometimiento a la justicia’. Los Estados Unidos lo tienen, por eso los narcos colombianos prefieren negociar con ellos, van a pagar ocho años y ya. Por esto, es lógico que el Gobierno intente una vía de sometimiento.
¿Pero existe o no el marco jurídico para ese sometimiento?
Sí y no. Existe un marco jurídico de sometimiento individual. Hoy un bandido se puede entregar y le aplican principio de oportunidad. Es un mecanismo de sometimiento: entrega socios, rutas y le bajan la condena. Por ejemplo, Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción, que entregó una gente y ahora ejerce como periodista y abogado.
Entonces, hay sometimiento individual, lo que no hay es un sometimiento colectivo. En Colombia se intentó una cosa que salió relativamente bien, que fue con el ERPAC. Por allá en 2011, en los Llanos Orientales, la gente de ‘Cuchillo’ se sometió individualmente con una semifigura colectiva. Pero ahí se dieron cuenta que faltaba un mecanismo colectivo. De allí la necesidad de una política de sometimiento.
¿Bajo qué condiciones?
Fue el proyecto de ley que presentamos –con el senador Iván Cepeda y el ministro de Justicia, Néstor Osuna–, y en el que todas esas organizaciones no estuvieron de acuerdo. La iniciativa establece que no hay reconocimiento político. Hay cárcel de 8 años (que es lo que tiene Justicia y Paz), más 4 años de pena supervisada. El tema de extradición no se tocó, sigue funcionando como hoy. Se exige que entreguen riquezas al Estado para indemnizar a las víctimas y para la garantía de no repetición. También tienen que entregar información y rutas.
Ese proyecto de ley no se discutió en el Congreso por tiempos. El propio Danilo Rueda (excomisionado de Paz) no estaba de acuerdo, aunque él participó en nuestras reuniones. Pero este modelo que nosotros propusimos es parecido al modelo gringo. Pero las organizaciones criminales no están de acuerdo. Quieren reconocimiento político, no quieren cárcel. Es imposible sostenerlos.
¿Y dónde quedó lo del Pacto de La Picota y las reuniones del hermano del presidente con capos en las cárceles?
Eso se hizo al margen de lo que se presentó en el Congreso. Si ahí se hicieron promesas o se entregaron dádivas... no, eso lo tiene que entregar la justicia. El que haya cometido un delito, pues que se vaya para la cárcel. Eso no tiene ninguna discusión.
¿Un gran llamado de alerta no fue lo que pasó con el fallo de la Corte Constitucional que mantuvo la paz total, pero puso condiciones, como que el Gobierno no puede a discreción liberar a miembros de la Primera Línea?
La figura de gestor de paz solo aplica para grupos con reconocimiento político y en este solo lo tienen el ELN y Estado Mayor Central.
¿Y el Gobierno lo que quiere no es otorgarle esa figura a algunos capos?
Eso no se puede. No sé si era su idea, pero no se puede. Insisto, hay que presentar una ley y se clarifica el asunto.
El tercer punto es la sustitución de economías ilegales. ¿Cuál es el balance en ese frente?
Eso arrancó muy lento. El gobierno Petro desfinanció el PENIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos) de Juan Manuel Santos en el marco de la reforma tributaria. Los impuestos al carbono se los llevó el Ministerio de Ambiente. Humberto de la Calle y yo nos opusimos a eso, y se mantuvo un 25 % al PENIS. El programa lo han revitalizado. Se creó una política que se llama asfixia y oxígeno que se lanzó en el Tambo, en Cauca. Es buena política, pero se perdió casi un año. Espero que comencemos a avanzar.
¿Y con la implementación del Acuerdo de Paz, el cuarto punto de su análisis? Persisten los homicidios de firmantes...
El gobierno Petro ha hecho muy poco ahí. Es un balance muy pobre. Lo dijo el expresidente Santos y ahí falta. El Presidente Petro dice que es que no hay plata, que no sé qué. Lo cierto es que se ha avanzado sobre todo en temas de reforma agraria y tierras, pero falta mucho empeño.
Creo que el concepto de paz total no riñe con el marco del proceso de paz que se hizo con las Farc. No se trata si uno es bueno o malo, o que uno sea mejor que el otro. Hay que cumplir el Acuerdo de Paz. La última arista de todo es la participación social y está por verse este año qué va a pasar.
¿Qué les responde a quienes le atribuyen a la política de paz total la ola de inseguridad y criminalidad que sigue azotando al país?
Eso solo lo dice un ignorante. Hay una crisis de seguridad profunda en Colombia, en el gobierno Duque y en el gobierno Petro. Duque fue malísimo en seguridad. El gobierno Petro igual de malo.
Cuando se fue Santos, las disidencias de las Farc operaban en 56 municipios de 1.122. Cuando se va Duque, 123. Hoy, 140. Es decir, el deterioro fue durante toda la administración Duque y la administración Petro. Con el ELN: tenía presencia en 99 municipios cuando se fue Santos, 163 cuando se fue Duque y hoy son como 182. Es decir, a Duque le fue muy mal y a Petro también.
El deterioro de la seguridad y los problemas que tenemos viene desde hace varios años y es muy complejo. Hay quienes dicen ‘es culpa de la paz total’. Yo respondo, es que no hay política de paz total en sometimiento, ¿para qué le echa la culpa a algo que no existe? Es culpa de una política de seguridad y ahí el Gobierno tiene muchos problemas.
El problema de la política de seguridad se sintetiza en tres asuntos. Hay una crisis de seguridad rural, con las disidencias creciendo, el ELN y el Clan del Golfo. Hay una crisis de seguridad urbana, que es la más preocupante. Lo que está pasando en Tuluá con La Inmaculada o en Soledad (Atlántico) con los Rojos Caribe. Tengo la sensación de que aquí hay un crimen que se está transformando muy seriamente y la gente sigue peleando por lo de disidencias y ELN. Pero en lo urbano se está cocinando un tema muy diferente. Finalmente, hay una crisis de las economías ilegales.
¿Qué nuevas dinámicas están caracterizando esa inseguridad urbana?
Ahí no hay una política clara. Yo siento que todo el mundo está concentrado en la seguridad rural: el Plan Ayacucho de las Fuerzas Militares o los asesinatos de líderes sociales. Pero nadie está viendo lo que está pasando en la seguridad urbana y el lío es que el Gobierno Nacional ve eso como un problema secundario, y los alcaldes y gobernadores no saben de seguridad. Entonces se junta el hambre con las ganas de comer.
Si tuviera en mi poder el tema de la seguridad urbana haría una intervención en ocho municipios donde no hay temas de disidencias, ELN, ni Clan del Golfo, por ejemplo, Soledad. Eso requiere una intervención monumental. Allá el 80 % está pagando extorsión. En Medellín y el Valle de Aburrá igual. Los alcaldes y gobernadores han asumido que eso es responsabilidad del Gobierno y no se dan cuenta de lo que está pasando en sus ciudades.
Esa inseguridad urbana va más allá de delincuencia común, un robo o atraco. ¿Cómo están operando las grandes bandas?
Hoy se combate el raponeo del celular, el robo de la bicicleta, el hurto a locales comerciales, el jaloneo de carros o motos. Eso se ha venido deteriorando. Pero a medida que eso pasa, hemos comenzado a observar la presencia de estructuras criminales urbanas muy bien formadas y muy bien armadas, con una capacidad de inteligencia que no había visto. Esto va a traer problemas graves en un año y medio o dos años.
Tenemos a La Inmaculada en Tuluá, el Tren de Aragua o los Camilos en Bogotá, Los Rastrojos Caribes en Barranquilla y Soledad, sin duda la zona más peligrosa del país. Lo que se ve es mucha gente muy bien armada, con gran capacidad de inteligencia y algo que solo lo había visto por ahí en Italia o en México tras la captura del hijo del Chapo: una capacidad de agregar y dispersar tropa muy rápidamente.
Es decir, la banda de La Inmaculada en Tuluá. Usted nunca los ve. Y el jefe de ellos anda por ahí con 10 escoltas. Pero el día que ellos necesiten pueden juntar 300 personas. Pero esas 300 personas viven con sus familias, tienen mujer, tienen hijos, pueden trabajar en legalidad. Es decir, esa gente que usted agrega o dispersa.
En materia de derechos humanos también la cosa está cruda. Siguen disparadas las masacres y crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos. No hay variación frente a Duque y Petro. ¿Cómo entender eso en tiempos de paz total?
Repito las tres crisis: seguridad rural, seguridad urbana y economías ilegales. El Gobierno no ha podido encontrarle la comba al palo. Ni Duque pudo, ni Petro no ha podido. De hecho, no han logrado tener una política clara de choque para eso. La crisis que vive Colombia hoy es una crisis de la política de seguridad. No es una crisis de la política de paz. Porque la política de paz y sometimiento no existe. Usted no puede culpar lo que no existe. ¿Y qué es lo que existe? Que no hay una política de seguridad exitosa.
Como congresista, pero también como experto, ¿qué alternativas se le ocurren para atender la problemática? Ya usted hablaba de intervención...
Esta crisis no se va a solucionar fácilmente. Nos espera un año muy difícil en varias ciudades. En seguridad, como en muchas cosas del mundo, nada se deteriora de la noche a la mañana. Este deterioro de la seguridad en Colombia lleva por lo menos siete u ocho años, desde el último año de gobierno Santos. Y la solución no es milagrosa.
La solución no es que es de la noche a la mañana haya mano dura. Muchos de los alcaldes ganaron con esos discursos fuertes y en seis meses van a ver una crisis brutal de imagen porque no van a poder solucionar sus problemas.
Yo diría que hay que hacer cinco cosas y son de todo tipo. Antes que nada hay que entender que el problema con la seguridad se nos ha convertido en ideológico. Entonces la derecha, a lo Bukele. Y la izquierda, temas sociales. Si usted vuelve el problema de seguridad algo ideológico va a errar. Eso fue lo que le pasó a Duque y le está pasando a Petro. El presidente debe entender que hay que hacer cosas de mano dura que él no quiere.
Entonces cinco cosas. Uno, hay que hacer ajustes al Código Penal y eso no se puede calificar de populismo punitivo. Hay temas que hay que corregir. Por ejemplo, la reincidencia: hay que castigarla. Hay que modificar los temas de menor cuantía y tipificar la microextorsión. Dos, hay que crear y fortalecer un aparato de inteligencia para la seguridad urbana en cabeza de la Policía y donde tiene que estar la Agencia Nacional de Inteligencia.
Tres, hay que tener políticas sociales para que los muchachos en Medellín, por ejemplo, puedan estudiar y trabajar. Que tengan una libreta militar. Y eso no significa darle plata a los bandidos. Ahí la derecha en eso se equivoca. Dicen ‘es que le van a pagar a los bandidos para que roben’. No han leído el Plan de Desarrollo. Medellín es la que mejor ha experimentado esos temas, incluido en la época de Federico Gutiérrez, donde jóvenes tenían un montón de apoyo. ¿Por qué vamos a satanizar eso?
Cuarto, hay que hacer tres o cuatro cárceles, así al presidente no le guste. Es una inversión millonaria, pero necesitamos hacerlas. Se requieren cárceles aisladas para que los bloqueadores de celular funcionen. Eso tiene que ir acompañado, así no les guste mucho a los del INPEC, por una reforma al sistema penitenciario.
Quinto, tiene que haber una política de fortalecimiento de la Policía muy grande: en pie de fuerza y plata. En la mejor época de la Policía llegamos a tener 172.000 uniformados. Hoy esa cifra está rondando los 140.000.
A la luz de toda esta problemática de seguridad, ¿qué responsabilidad le cabe al ministro de Defensa, Iván Velásquez?, ¿debería dar un paso al costado ante tan pobres resultados?
El presidente evalúa a su gente. No voy a ponerme a satanizar quién entra y quién sale. Es de resorte del presidente, pero no le ha ido bien al ministro. Yo a él lo quiero y lo admiro por todo lo que hizo en la CICI (Comisión Internacional Contra la Impunidad) en Guatemala. Es un ser humano transparente. Pero no le ha ido bien.
Retomando el asunto de paz, ¿cómo percibió la llegada de Otty Patiño como nuevo comisionado de Paz y la salida de Danilo Rueda?
El presidente se demoró en salir de Danilo Rueda. Espero que Otty Patiño dé claridades en dos cosas: las líneas rojas de lo que se permite y no se permite, y que se ordene la Oficina del Alto Comisionado. Mi abuela siempre decía que si uno canta no silba y que si silba no canta, y esto aquí es así. O la Oficina del Alto Comisionado se dedica a coordinar las negociaciones o se dedica a ser negociador. Pero las dos cosas no las puede hacer y ese fue el error de Danilo Rueda. Creo que Otty Patiño no va a cometer ese error.
¿Usted ha tenido la oportunidad de expresarle todas estas cosas al presidente Petro?
No. Me he mantenido muy independiente. Opino y garantizo la independencia. Tampoco he hablado con Otty Patiño desde su nombramiento. No lo veo necesario. Pero ellos saben mis posiciones. Cuando discutimos la ley de sometimiento o en las reuniones que hemos tenido sobre temas de paz he dicho esto que estoy diciendo públicamente.
¿Hace cuánto no habla con el presidente Petro?
Las reuniones con él son colectivas. La última fue en octubre. Con él las reuniones privadas casi nunca ocurren.
¿Y eso no podría ser un error a la hora de sumar aliados?
Él generalmente no llama a nadie. Cuando el presidente fue alcalde en Bogotá yo trabajé con él. Y él funciona así. Por eso cuando a mí un senador dice ‘a mí me llamó Petro’ sé que es carreta. Él no llama a nadie. No escribe. Él no recibe a nadie solo.
Pero ya como presidente, con su crisis de gobernabilidad, ¿no debería afianzar ese diálogo?
Yo sí creo que él debería tener unos operadores políticos con los cuales debería hablar comúnmente y no lo hace. A él le falta eso. Roy Barreras hacía muy bien ese puente. Duque tenía dos o tres operadores políticos muy buenos. Uno era el contralor Felipe Córdoba, y Petro necesita dos o tres de esos operadores.
Si hipotéticamente usted pudiera hablar mañana con el presidente, ¿qué le diría?
Le diría que este Gobierno tiene cuatro problemas grandes y que para mejorar hay que solucionar dos. Los problemas son seguridad, ejecución –la plata se está quedando en los bancos–, costo de vista y precio de los combustibles, y finalmente el problema de los escándalos. Si el presidente quiere levantar cabeza debe solucionar al menos dos. Él verá cuáles escoge.
La gente en la calle siente que tiene $500.000 al mes para hacer mercado. Antes le aguantaba para un montón de cosas y ahora no. Y esa vaina usted tiene que solucionarla.
¿En qué quedó el tema de que los verdes dejen de ser partido de gobierno y vayan a la independencia?
El partido de facto está funcionando de forma independiente. Aquí todo el mundo hace lo que se le da la gana, incluido yo. Los que están haciendo oposición al Gobierno, como Jota Pe (Hernández), van a seguir haciendo oposición, así el partido siga siendo de gobierno. Los que son gobiernistas, como Inti Asprilla, seguirán siendo gobiernistas, así el partido se declare en independencia. Así que hoy el partido funciona de forma independiente. Lo que falta es una declaración.
Esa decisión la toma la Dirección Nacional, donde los congresistas, que somos 23, somos un pedazo. En total somos 60. Hay un congreso que el partido tenía que haber hecho el año pasado y que lo tiene que hacer este año. Lo tienen programado para marzo o abril. Ahí se va a solucionar el tema.
¿Usted es partidario de permanecer en el Gobierno?
He criticado lo que tengo que criticar y he defendido lo que tengo que defender. Yo preferiría que el partido siga siendo de Gobierno. No voy a quedar al lado de Cambio Radical o del Centro Democrático, es decir, al lado de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe o Vargas Lleras. Prefiero seguir así. Este gobierno ha cometido muchísimos errores. Hay que ayudar a que corrija.
En el funcionamiento del Senado ¿cómo les ha ido con Iván Name, que es de la Alianza Verde y que ganó esa plaza en contra de los planes del Gobierno?
Ha sido un presidente que, a diferencia de lo que pasó en Cámara (donde está Andrés Calle, liberal con tendencia petrista), ha llevado todo en calma, pese a los niveles de crispación política. Ni se nota. No se ha casado, ni para un lado, ni para el otro.
Tengo que decir, no compartiendo muchas cosas con él como la forma como ganó y eso, que ha sido un presidente que ha sabido llevar el Senado. ¿Y cuál es la mejor forma de llevar al Senado? Que no se reviente. Evitar las peleas. Ha sido bastante eficiente en eso.
¿En los verdes cómo ven una eventual, casi cantada, candidatura de Claudia López en 2026?, ¿la apoyaría?
La consecuencia normal de la crisis que estamos viviendo es que la candidatura presidencial se va a adelantar en la derecha y en la izquierda. En la derecha está María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe o Juan Guillermo Zuluaga, el exgobernador del Meta. Ahí ya el tren está lleno. Yo no he hablado con Claudia porque viajó, pero me imagino que ella va a participar. Y estará Alejandro Gaviria también en ese centro. Y en la izquierda va a estar Daniel Quintero o María José Pizarro.
Pero, ¿Claudia López como la ungida de los verdes le suena?
Hoy entre los congresistas hay una tendencia mayoritaria a favor de Claudia. Esa es la verdad. ¿Frente a que si me suena? Habrá que mirar. Ella es una fuerte competidora y le va a ir muy bien si decide lanzarse. Sin duda el partido Verde va a tener un candidato o una candidata propia. Esta vez no será como en 2022. Vamos a competir y es lo normal en un partido con vocación de poder. Y ella es la más opcionada ahorita, sin lugar a dudas.
En ese escenario, ¿le caminaría a una consulta con el Pacto Histórico?, ¿o por su desprestigio mejor que ellos monten rancho aparte?
Aquí habrá tres consultas: una en la izquierda, otra en la derecha y una en el centro. ¿Y dónde está el Verde? En el centro, es decir, no tendría que estar el Pacto Histórico. Ellos tendrán que hacer su consulta.
