A un mes de dejar el “búnker”, el fiscal Francisco Barbosa hace fuertes acusaciones al gobierno de Gustavo Petro y anuncia decisiones sobre financiación de campaña presidencial y sobre corrupción en Medellín.
En prácticamente un mes, el 12 de febrero, Francisco Barbosa dejará su cargo como Fiscal General. Lo hace en medio de un ambiente cada vez más pugnaz y combativo con el gobierno de Gustavo Petro en defensa –insiste–, de la institucionalidad.
A días de apartarse del “búnker”, el cual quedará a cargo de su vicefiscal Marta Mancera, mientras la Corte Suprema elige su reemplazo, Barbosa hace un balance de su gestión y admite que ha temido por su vida durante este gobierno. Incluso, reconoce que viaja en aviones comerciales para no correr riesgos. Alerta que la criminalidad sigue creciendo y lo atribuye a la política de Paz Total. Reclama que Petro “no representa a la institucionalidad ” y, al advertir que el presidente “tiene rabo de paja”, le pide que cuente la verdad sobre su paso por el M-19.
Le queda alrededor de un mes para concluir su periodo como fiscal y retirarse del búnker. ¿Cómo se siente?, ¿cómo se va?
Muy satisfecho de la labor cumplida, de lo que logramos en estos cuatro años, de haber trabajado en las regiones, de haber defendido la institucionalidad y una institución como la Fiscalía. También satisfecho por dejar unos índices históricos en la entidad en temas de esclarecimiento del homicidio, de esclarecimiento del feminicidio o de lucha contra el hurto.
¿Cuáles considera que son sus logros más importantes en estos cuatro años?
Nosotros llegamos y encontramos en 27 % el esclarecimiento del crimen en la Fiscalía y hoy lo entregamos en el 47%. La labor de la Fiscalía era precaria en muchos temas. Por ejemplo, logramos quitarle a la mafia $30 billones a través de la extinción de dominio, en bienes que hoy tiene la SAE (Sociedad de Activos Especiales). Además, $1.7 billones a las viejas estructuras paramilitares para el Fondo de Víctimas en la Ley de Justicia y Paz.
Se debe decir la verdad cuando nos dicen ‘es que no se ha hecho mucho contra el fenómeno del paramilitarismo en Colombia’, como ha venido repitiendo Gustavo Petro. Hicimos en cuatro años lo que no se había hecho en 14 años en la aplicación de esa ley.
¿Y frente a las condenas?
Tuvimos un mayor número de imputaciones en este periodo que las realizadas durante 14 años en la Ley de Justicia y Paz. En recursos: durante 14 años se habían conseguido $500 mil millones para el Fondo de Víctimas. Conseguimos en cuatro años $1.7 billones.
Si hay tan buenos resultados por parte de la Fiscalía, ¿por qué sentimos que el país está volviendo a la vieja época de las violencias y la criminalidad organizada?
Son dos cosas que hay que distinguir. Una es la producción del crimen en Colombia y otra la producción de la investigación. Nosotros lo que hacemos es investigar. Nuestro trabajo no es preventivo. Lo que estamos viendo en muchos lugares del territorio nacional es un aumento del crimen, pero eso no significa que la Fiscalía trabaje menos. Estamos aumentando el porcentaje de esclarecimiento de delitos, pero siguen creciendo las condiciones de crimen en muchos lugares del país.
¿A qué se debe el aumento del crimen en el último año y medio? Al gobierno de Gustavo Petro, sin ninguna duda. Es decir, es un gobierno en donde básicamente lo que se buscó fue favorecer criminales a través de la expedición de decretos de cese al fuego, por ejemplo, y de retiro de Policía y Ejército de algunas zonas rurales del país, donde no hemos podido ni siquiera hacer efectivas las órdenes de captura.
Usted que está en las entrañas del poder judicial y de investigación del país, ¿qué diagnóstico hace?, ¿siente que la criminalidad está ganando terreno por cuenta de esas aparentes concesiones del gobierno Petro?
Le voy a poner un ejemplo puntual: la Costa Caribe, abarcando Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. En Cartagena pasamos de 197 homicidios a 422 en un año. Pasamos de 19 muertos por cada 100 mil habitantes a 39. Barranquilla, de 310 homicidios a 421 homicidios. Pasamos del 24.9 al 31.7 muertos por cada 100 mil habitantes. Y Santa Marta, donde pasamos de 132 homicidios a 228. Es decir, del 25 a 37 muertos por cada 100 mil habitantes. Le agrego: Medellín pone 350 muertos.
¿A qué se debe todo esto? A que una estructura establecida por el Gobierno, llamada Paz Total, se convirtió básicamente en una especie de andanada institucional para buscar cualquier criminal y decirle que tiene oportunidades, que se reincorpore o se desmovilice sin fundamento jurídico.
Por todo esto di el debate de que era necesaria una ley de sometimiento del país. Que no había que confundir paz con sometimiento. Y en esos lugares, por ejemplo, masivamente se fueron a buscar estructuras criminales que terminaron diciendo ‘es un buen negocio seguir cometiendo crímenes para volvernos importantes en esas mesas’. Entonces estamos perdiendo cierta seguridad por cuenta de unas políticas improvisadas que han venido desmantelando paulatinamente la seguridad en el territorio nacional.
¿Ese análisis lo hace con base en el conocimiento que tiene?, ¿o porque su gente en territorio, los fiscales, también sienten que eso se está dando de esa manera?
Todo esto es producto de las cifras que estamos viendo en la Fiscalía General de la Nación. Estamos viendo, por ejemplo, el aumento de los homicidios, pues somos los que llegamos al lugar del crimen. También el tema de los hurtos, extorsión, microtráfico y narcotráfico. Se han incrementando también todos los delitos asociados y eso está generando una situación de inseguridad terrible en el territorio nacional. ¿Por qué?
Porque no hay una política pública de seguridad nacional. Lo que existe es básicamente una gestión por hechos concretos. Entonces se presentan secuestros en un lugar; se presentan asesinatos en otro; asesinan a los soldados en un territorio; persiguen a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos, y nosotros como Fiscalía –rápidamente– entendemos el fenómeno criminal, sabemos quiénes están detrás, perseguimos las estructuras criminales y sabemos quiénes son los determinadores.
Al mismo tiempo, cuando vamos donde los jueces inmediatamente nos entregan las órdenes de captura y hoy tenemos 3.446 órdenes de captura pendientes por materializar contra homicidas, de los cuales 547 son por homicidios de reincorporados, defensores de derechos humanos y familiares de reincorporados.
De hecho usted lideró un consejo de seguridad en Medellín, donde también hay una cantidad de homicidas por capturar. ¿Qué es lo que pasa?, ¿por qué no los detienen?
Volvemos al mismo escenario. En Medellín hoy tenemos 174 homicidas caminando por las calles. Todas las órdenes de captura están vigentes, pero no solamente acá, en Bogotá, Cali, Barranquilla o Santa Marta. ¿Por qué no se capturan esas personas? Gran parte son cabecillas de estructuras que delinquen en las diferentes comunas, pero no los capturan –me imagino–, porque tampoco hay una acción de despliegue de la Policía dentro de las ciudades o porque existen también esos planes de Paz Total y esas mesas que hacen que se vuelvan inútiles esas capturas.
¿Qué es lo que está ocurriendo al no capturar a esas personas? Pues que ellas son las que producen más muertes. Hoy tenemos, por ejemplo, en las diferentes comunas, como Candelaria, Robledo o Aranjuez fenómenos de homicidio, microtráfico, hurto o extorsión. Los homicidas están con órdenes de captura y no se han capturado.
Ante ello, lo que le dije al alcalde de Medellín es que una primera tarea que tenemos que ponernos –él como cabeza de la Policía en Medellín–, es lograr detenerlos y empezar a hacer una gestión de cuántos pueden ser llevados rápidamente ante los jueces. Es una tarea que no necesita mayor investigación, porque ya se hizo por parte de la Fiscalía y de los jueces.
¿Sugiere que el hecho de que haya, por ejemplo, una mesa de Paz Total en la cárcel de Itagüí con estructuras criminales que delinquen en Medellín o en el Valle de Aburrá, puede ser una razón para que no se estén dando esas capturas?
Lo que digo es que es difícil entender qué es lo que está ocurriendo en Medellín dentro de todas esas negociaciones. Por una razón. Creo que están engañando a las personas que están en esa cárceles.
¿A los capos?
Sí, los están engañando básicamente porque les están diciendo que les van a resolver un problema cuando el gobierno de Gustavo Petro y su equipo ni siquiera tienen las herramientas jurídicas para resolverlo. No existe ley de sometimiento, ni mecanismos jurídicos para poderlos asimilar a lo que está ocurriendo en los procesos de paz con el ELN y con las disidencias de las Farc. Lo que hicieron fue montar una estrategia de diálogo y decirles que les iban a resolver un problema y –se lo digo hoy–, no se los van a resolver.
Es decir, sin marco jurídico, el Gobierno no les puede dar nada a estas personas...
El presidente Gustavo Petro cree que utilizando el celular y la cuenta de X va a cambiar la estructura institucional del país. Se requiere ir al Congreso, entender que eso sea jurídico y que sea posible discutirlo nacionalmente. Yo le había dicho al presidente el año pasado, en enero, que la Fiscalía acompañaba un proceso de sometimiento colectivo, que no había ningún inconveniente. Le dije que fuéramos al Congreso y cuando vamos, inmediatamente lo que buscan es que crear una especie de sifón para meter a través del concierto para delinquir todas las conductas que tengan que ver con narcotráfico y con delitos comunes para que esas personas queden sin ningún tipo de problema en Colombia. Eso no es un mecanismo de sometimiento a la justicia.
El sometimiento ya lo definió la Corte Constitucional a través de la Ley de Justicia y Paz, precisando que se requería verdad, garantías de no repetición, reparación integral y un tiempo de reclusión. Ante todo ello, yo sí creo que están cañando a estas personas y al hacerlo lo que están es aplazando decisiones con fundamentos en normas que hoy no existen.
En septiembre pasado usted dijo que antes de irse de la Fiscalía iba a dar resultados frente a lo que ocurrió en la campaña presidencial de Gustavo Petro en materia de financiación. ¿En qué va eso a un mes de dejar el cargo?, ¿logrará cumplir la promesa?
Esa es una investigación que está en curso y espero que haya resultados antes de que salga de la Fiscalía. Sin embargo, es una investigación que tendrá resultados seguramente en febrero. No le puedo dar una fecha. No sé exactamente porque no conozco todo el cronograma, porque quien lleva el caso es un fiscal delegado de la Corte Suprema de Justicia. Recuerde que son varias investigaciones, una de ellas en la Fiscalía Anticorrupción y en el Congreso en la Comisión de Acusaciones
En el caso de la Fiscalía hay dos focos y hay unas denuncias por presuntos ingresos ilícitos de la campaña, reportados o no reportados. La Fiscalía tendrá que tomar una decisión sobre ese tema, pero no me puedo comprometer a decirle que estará el 12 de febrero resuelto. Continuaremos y seguramente en febrero habrá algún resultado.
Usted pensaba que iba a estar el tema resuelto, pero ahora no está tan claro...
Creo que vamos a tener resultados en febrero. Yo me voy el 12 de febrero, espero que esté en febrero. El hecho de que Francisco Barbosa esté o no esté es irrelevante porque los fiscales son autónomos e independientes y tendrán que tomar las decisiones que correspondan. En eso quiero ser súper claro.
Hay decisiones de la Fiscalía General que tienen que continuar y acciones que tienen que continuar, por ejemplo en el caso Odebrecht. El balance de Odebrecht es que mi administración deja 106 imputaciones nuevas, muchas de ellas con acusaciones.
Leía que un medio decía ‘los chicharrones que hereda el próximo fiscal’. Obviamente que cualquier fiscal hereda muchos chicharrones porque los procesos avanzan. Pero 106 imputaciones en un proceso que se entendía muerto hace cuatro años, que no iba para ningún lado y que hoy tiene a excandidatos presidenciales y una exministra acusada, lo que nos demuestra es que el camino de la Fiscalía no termina con Francisco Barbosa, sino que continúa también en el marco de las investigaciones que tienen los otros fiscales.
Pero en el caso de la campaña Petro, con los audios de Armando Benedetti hablando del ingreso de $15 mil millones y diciendo que si hablaba todos iban para la cárcel, ¿como fiscal no le da cierta angustia de no dejar el tema resuelto?, ¿no siente que pierde la oportunidad de hacer un trabajo de investigación?
De las cosas que he tratado de hacer en la administración y que ha sido regla de oro, también porque estoy rodeado de personas que trabajan en la Fiscalía desde hace muchísimos años –la misma vicefiscal lleva 30 años en la entidad–, es que aquí no hay que funcionar con la emoción, sino con la razón.
Lo que el expediente tenga deber ser fundado en el derecho y tiene que tener elementos suficientes, razonables e importantes para poder llegar a donde un juez y lograr una decisión. En el fondo lo que hacemos con el sistema acusatorio es jugarnos la vida cada vez que estamos frente a un juez. El fiscal se está jugando la vida con su argumentación para que le validen o no le validen su actuación.
En este caso concreto, los elementos que se tienen, según los fiscales, no dan para tomar decisiones rápidas y apresuradas. Seguramente las decisiones que se tomarán se harán con rigor.
El país ha visto, por ejemplo, que adelantamos el caso del fiscal Marcelo Pecci o de Mauricio Leal, que fueron casos relevantes a nivel nacional. También los casos de corrupción que se habían planteado aquí en la ciudad de Medellín, que fue además uno de los temas gruesos y antes de irme presentaré la segunda fase. El 9 de febrero vengo a Medellín como último punto de mis movimientos nacionales a presentar un resultado de la acción de la Fiscalía y hacer un consejo de seguridad departamental y municipal.
Para concluir el tema de la campaña no hay que pasar por alto que el gerente de esa campaña es Ricardo Roa, el hoy presidente de Ecopetrol. Es decir, este caso está en el corazón del poder...
Corazón del poder de marionetas. Donde se presentó el mayor desfalco del país, más que el cartel de la contratación en Bogotá, fue con un senador (Mario Castaño) que articulaba con múltiples alcaldes y afectaba a cuatro regiones del país. Es decir, el que usted me plantea tiene sus propias dimensiones.
Se lo digo porque quien hoy gobierna la mayor empresa del país es una persona que aparentemente cometió irregularidades al gerenciar la campaña del presidente. Pero también está lo dicho por Armando Benedetti, lo que Nicolás Petro alcanzó a decir con Day Vásquez o los líos con los testigos electorales...
Creo que se tomarán decisiones pronto sobre todos estos temas. Cuando lo he dicho es porque no es una especulación. Habrá decisiones y seguramente el camino que tendrá la Fiscalía, independientemente de que se tome una decisión rápida en la elección del próximo por parte de la Corte Suprema de Justicia o que se encargue a la vicefiscal, estará atiborrada de decisiones judiciales. En eso tenemos una claridad total.
Es decir, yo me voy el 12 de febrero de la Fiscalía y se tomarán decisiones hasta ese día en mi Fiscalía, y el 13 de febrero –si está al frente la señora vicefiscal–, se seguirán tomando decisiones. Y si llega otra fiscal se seguirán tomando decisiones, porque las investigaciones no dependen del fiscal que llegue. Depende del trabajo que haga cada fiscal, que es autónomo e independiente de la Fiscalía.
A propósito, usted ha mencionado varias veces en condicional que quedaría la vicefiscal Martha Mancera como fiscal general, ¿eso ya es un hecho o no?
No, simplemente hablo hipotéticamente, porque no puedo ser tan irresponsable de creer que va a haber fiscal General el 25 de enero.
Pero la vicefiscal Mancera quedará como fiscal general... ¿eso es un hecho?
Es un hecho, es una decisión que ya tomé como fiscal General. El 13 de febrero, si no ha sido elegida ninguna fiscal de la terna en la Corte, la decisión del fiscal Francisco Barbosa es que Martha Janeth Mancera sea fiscal General encargada en el país. Es una decisión que no voy a cambiar. Yo he sido así, de una pieza. No me modifico. No me tuerzo. No cambio de pareceres. Y ya le informé al equipo lo que voy a hacer. Y el señor Gabriel Jaimes, coordinador de fiscales ante la Corte, en ese escenario sería vicefiscal General encargado.
Había una pelea entre sectores del petrismo y ustedes con el tema de la vicefiscal Mancera, a quien señalan de haber participado en un supuesto encubrimiento de un narcotraficante, ¿eso ya es un capítulo cerrado o en qué va eso?
Es un capítulo cerrado completamente.
¿Y las denuncias de los dos agentes del CTI que aseguran que fueron perseguidos luego de alertar los supuestos nexos del narcotráfico con el jefe del CTI en Buenaventura?
Es un asunto que entiendo está siendo investigado por un fiscal delegado ante la Corte. Hay un narcotraficante que fue condenado, que dice que esas dos personas realizaban actividades delictivas con él. ¿Qué tiene que ver la vicefiscal Mancera?
¿Esos fueron los dos que supuestamente denunciaron a la vicefiscal Mancera?
Aquí lo que ha habido –se lo digo con claridad y eso lo sabe Gustavo Petro–, es que hay una estrategia que me fue informada a mí en octubre para atropellar a la vicefiscal Mancera. Es una persona que fue directora seccional del Valle, directora del CTI en Cali, fiscal del Servicio Secreto de los Estados Unidos, que goza de la confianza de ese país (en donde estaremos el 24 de enero en una visita con el Departamento de Justicia y con el fiscal General de Estados Unidos), que ha trabajado para desmantelar el cartel del Norte del Valle, que resolvió el problema de los casos de los desmembramientos Buenaventura, que participó en la extinción de dominio más grande del país y que lleva 30 años en la entidad. Pero fue denunciada por bandidos.
Entonces empiezan a recuperar archivos y a tratar de construir una estrategia para presionar a la Corte Suprema para que elijan rápidamente a una fiscal para acabar la reputación de Martha Janeth Mancera.
Cuésteme lo que me cueste, no voy a permitir que mancillen la honra de mis funcionarios. No soy un típico servidor que se corre y deja que acaben a sus funcionarios. Hay gente que si cometió delitos tendrá que responder. A la vicefiscal Mancera no la conocía antes de mi llegada a la Fiscalía y lleva cuatro años dando vueltas conmigo en el país, trabajando, acompañándome a todos los lugares, respaldándome y jugándose la vida también con estos temas.
Todo, como para yo permitir que un gobierno como el de Gustavo Petro, dirigido por una persona que tiene un pasado delictivo y que no le ha dicho la verdad al país, porque ¿qué verdad le ha dicho Gustavo Petro a las víctimas del M-19, qué reparación, qué reconciliación? Cada vez que veo un ataque de Gustavo Petro contra Martha Mancera la felicito, porque es una persona que está encarnando una función que no merece en Colombia. Y en ese sentido no voy a permitir que le pasen encima ni a la Fiscalía, ni a ella, ni a los demás funcionarios, para que nos vuelva una empresa criminal.
No. La Fiscalía lo que ha hecho –en el marco de lo que avanza y estructura–, es tratar de construir un mejor modelo para tener un mejor país. Eso es lo que hemos hecho.
Esos comentarios suyos sobre el presidente Petro, que son bastante fuertes, ¿no podrían interpretarse de alguna manera como un ataque a la institucionalidad? Al fin y al cabo se trata del presidente que eligieron los colombianos.
Gustavo Petro hoy no representa a la institucionalidad colombiana.
Fue el presidente elegido por los colombianos...
Sí, eso es un accidente dentro de una democracia y todos lo tenemos que aceptar hasta el 7 de agosto de 2026. Pero cuando veo que quieren pasar por encima de la Constitución, cuando me mandan una carta y me dicen que tengo que sacar mafiosos de la cárcel sin orden ni sustento jurídico, cuando pasa por encima de las competencias y dice que el jefe del fiscal ‘soy yo’... creo que el respeto uno se lo gana.
Planteo lo siguiente. Cuando él dice ‘yo quiero una reforma a la justicia donde haya la verdad, porque la verdad no se ha dicho en Colombia’. Respondo ‘muy bien, digamos la verdad todos en el país’. Estoy listo a participar en el debate de la verdad. Metamos una Comisión de la Verdad por el M-19 en
Colombia. Miremos la ley de amnistía de Gustavo Petro. En Argentina la echaron para atrás. En Chile también y en Perú. Entonces que nos diga exactamente qué fue lo que hizo, porque uno cuando tiene rabo de paja no se puede arrimar a la candela. Volver mafioso a los empresarios, al fiscal y a todas las entidades es muy fácil. Pero uno tiene que encarnar la institucionalidad. En el marco de esa situación he tenido que enfrentar no solamente al presidente. Pero lo he tenido que enfrentar defendiendo la institucionalidad.
¿Ha temido por su vida en este Gobierno?
Por supuesto. Incluso hubo una situación complicada en agosto frente a un posible atentado del ELN. Funcionarios del Ejército llegaron a la Fiscalía y nos informaron esa situación. Pero más allá del temor, uno empieza también a tener una especie de piel de rinoceronte en estos cargos. He tenido que enfrentar una cantidad de cosas en este Gobierno básicamente sin haber querido tener que decir ‘voy a oponerme a algo’.
Yo quería que esto funcionara bien. El 7 de agosto, cuando arrancó el Gobierno, mi mensaje fue de tranquilidad y articulación. El 19 de agosto me reuní con el presidente. Pero cuando ya me empiezan a decir que tengo que firmar la salida de narcotraficantes de la cárcel sin orden jurídica o sin sustento; cuando nos secuestran a los fiscales en Tarazá y ni siquiera hay una respuesta del Gobierno; cuando nos enfrentamos a que el ministro de Justicia presenta un proyecto de ley de humanización en donde quiere suprimir cuatro disposiciones que persiguen al narcotráfico, entre ellas la importación de precursores químicos para la elaboración de cocaína, pues levanto la mano y digo ‘eso no está bien. Este Gobierno no puede hacer eso’.
A partir de ahí, en octubre, empieza una andanada, una presión y una forma de criminalización de la entidad que yo no voy a aceptar. Yo defendí la entidad decentemente y estoy abierto a discutir en cualquier escenario los resultados de la Fiscalía. Pero que a mí no me vengan personas que tienen rabo de paja a decir que contemos la verdad. Pues contamos la verdad y contemos toda la verdad. Cuando quemaron el Palacio de Justicia yo tenía 12 años.
Es Gustavo Petro el que dice que el señor Alfonso Jacquin y Andrés Almarales eran ídolos políticos. Lo dice en la página 98 a la 100 de su libro. Es el señor Carlos Pizarro –según revela en una publicación reciente Ángel Beccassino, que recogió los cassettes de Pizarro–, quien dice que la solución para el país es tener una alianza con el narcotráfico. Reconoce que hubo asesinatos o ejecuciones extrajudiciales en el M-19. Yo no lo estoy diciendo. Lo que pasa es que como aquí muy poca gente lee y averigua. Entonces hagamos el debate nacional todos sobre ese escenario o básicamente construyamos entre todos una institucionalidad que merece mirar para adelante.
Incluso usted utiliza aviones comerciales por su protección...
Sí, viajo en avión comercial desde octubre de 2022.
¿Teme que pueda ocurrir un accidente fatal?
No, por eso yo no me monto en esos aviones oficiales, ni nada. Me siento muy cómodo con la gente, que ha reconocido el trabajo de la Fiscalía y del fiscal. Me siento muy complacido y muy feliz de lo que lo hemos logrado. Y la gente ha reconocido eso en las calles. No hay nada más tranquilizante que salir, poder caminar y que la gente agradezca lo que se ha hecho por la institucionalidad del país.
No soy una persona que participa en un coro para decirle a Gustavo Petro o a su gobierno que tengo que estar de acuerdo con lo que hacen o no hacen. Yo me dedico al tema institucional y fue agredido. Por ende, tuve que salir a defender la Fiscalía. Esa es la visión que tengo y si se sintió agredido el presidente y su Gobierno con mi posición, es un asunto que no me compete a mí, sino que le compete al país analizarlo en su momento.
Es más, uno podría pensar que incluso usted les ha hecho pasito, como se dice aquí en Antioquia, en el caso de la campaña presidencial, en las denuncias de Nicolás Petro e incluso en lo de Laura Sarabia. ¿Hubo algún tipo de consideración por la figura de la familia del presidente?
Repito: como lo mío no era pasional, sino era racional, y como la Fiscalía funciona con elementos de prueba, pues se toman las decisiones. Jamás llamo a un fiscal y no hay un fiscal en Colombia que diga ‘me llamó el fiscal Barbosa a decirme que tome una decisión rápida’. Jamás. Nunca he conversado con un fiscal sobre un caso en esta Fiscalía. Ojalá ese sea un buen ejemplo para los próximos fiscales generales, porque uno se quita de encima problemas y dolores de cabeza.
La gente lo que tiene que hacer es trabajar. Yo no iba a meterme en ese caso porque teníamos, si se quiere, una desavenencia entre la Fiscalía y la Presidencia. No iba a arremeter contra el presidente, ni lo voy a hacer. Creo que tampoco uno puede utilizar la Fiscalía para perseguir a nadie. Esa ha sido mi posición si no hay elementos suficientes de prueba para poderlo hacer.
De hecho, de las investigaciones que usted plantea, el caso de Nicolás Petro es una investigación que no surge de la Fiscalía. Surge de la compañera o esposa de Nicolás Petro que se acerca a la Fiscalía y entrega unos elementos. En el caso de Laura Sarabia es un medio de comunicación el que informa que ocurrió un episodio en la Casa de Nariño. En el caso de las discusiones de la financiación de la campaña, no es la Fiscalía General, sino son terceros los que se acercan.
El asunto no es tanto pensar que la institución que cumple una función judicial es la responsable de la desgracia de alguien, sino más bien hay que ver las desgracias en su propia casa, en su propio entorno. Y aquí lo que ha ocurrido son unas circunstancias que le han surgido a la Fiscalía y se toma sus tiempos para tomar las decisiones.
¿Cuál es su concepto sobre la terna que presentó el presidente para sucederlo en su cargo?, ¿cree que pueden ser independientes y hacer un trabajo que dé garantías en casos como el de Nicolás Petro, Laura Sarabia o Armando Benedetti?
Son tres mujeres competentes, que conocen la función judicial y conocen la Fiscalía. Sobre si van a ser independientes les toca, porque o si no el sistema las va a triturar, a cualquier que llegue. A mí nadie me ha pedido una recomendación, pero lo que le diría a cualquiera de las que resulte elegida es que cuando se siente en ese despacho y cuando se siente a ser fiscal General tiene que solamente tener al frente su familia, sus principios y olvidarse de todo lo que los rodea para que se tomen las mejores decisiones y que uno salga sano y salvo del cargo. De lo contrario, uno termina exterminado. Exterminado judicialmente, mediáticamente, etcétera.
Son muy duros los años que se le vienen a un fiscal General de la Nación. Yo a veces, cuando estoy ya en estos días, hago una reflexión de todo lo que vivimos en estos cuatro años. Parece como si hubieran sido 40. Es mucho lo que se vivió.
Es decir, el búnker es una carga pesada y también compleja a nivel personal...
El búnker es una carga muy compleja que yo solventé de una forma muy ágil. Rápidamente me di cuenta que al ser una carga tan compleja era necesario gobernar la Fiscalía en los territorios, trasladarme y entender la lógica de la entidad en cada una de las regiones del país. Eso me permitió entender mucho más el país.
A veces cuando uno está en el búnker una semana ya queda completamente abrumado porque empieza usted a perder el país y a ganarse encima una cantidad de carga burocrática, de carga de trabajo y de escritorio, que hacen que las cosas sean difíciles. La carga es compleja porque esta entidad es la puerta de entrada de la justicia penal en Colombia. Es un cuerpo judicial muy importante y poderoso, no lo digo yo, sino la Constitución del 91.
Al mismo tiempo es un cargo que hay que entenderlo y asumirlo con una tremenda responsabilidad en uno de los países más criminales del mundo. Es decir, Colombia es un país que produce criminalidad todos los días. La gente a veces no percibe en el día a día eso, pero Colombia es un país criminal. Yo me levanto con la criminalidad, recibiendo mensajes de los medios, viendo exactamente qué pasa en diferentes lugares, en diferentes momentos, y eso hace que la carga que uno tiene como fiscal tal vez sea grande. Uno está cargando el búnker, pero está cargando también la esperanza de una cantidad de colombianos que muchas veces tienen respuesta y otras veces no, de que los han agredido.
¿Le amarga no tener resultados sobre un caso en particular?
Uno siempre quisiera tener unas tasas de esclarecimiento mayores en todos los temas. A veces yo empujaba y empujaba, pero cuando llegué me encontré, por ejemplo, tasas de esclarecimiento del 5% en delitos sexuales y preguntaba, ‘¿pero qué es esto?’ Y me decían, ‘no, es que la Policía no priorizó esto, no les interesa’. Y yo dije, ‘a mí me ponen a todo el mundo a resolver casos de delitos sexuales o casos de violencia contra niños o adolescentes’, y violencia intrafamiliar. Pudimos dejar eso en el 68 %.
Yo quisiera todo dejarlo en el 100 %. Pero eso es una tarea imposible y creo que los cuatro años que estableció la Constitución son suficientes para un fiscal General para poder decir ‘yo por lo menos puse mi cuota’. Espero que los otros sigan poniendo la cuota y no desciendan lo que logramos.
Usted se declaró muy preocupado recientemente al alertar que se está desmantelando el sistema de investigación judicial en el país o que tiene esa sensación. ¿Cuál es la advertencia?
Eso tiene que ver con la investigación judicial que tiene la Policía Nacional a través de Dijín o de Sijín y que acompaña a los fiscales. Los fiscales requieren investigación judicial, que se hace por dos caminos: el CTI y la Policía Judicial de la Policía Nacional. ¿Qué es lo que hemos venido viendo en todo el país desde hace un año y tres meses? Ha venido desmantelándose paulatinamente la Policía Judicial de la Policía Nacional.
Le pongo un ejemplo en Medellín frente a temas de corrupción. En administración pública, aquí en la seccional Medellín, teníamos 27 policías judiciales expertos en la materia, pero se llevaron a 12 de ellos a otro lugar del país. Nos dejaron en Medellín 15. Y de esos, determinaron que ya no son de delitos de administración pública, sino que van a ser compartidos en todos los despachos que tienen que ver con hurto o feminicidio.
Es decir, Medellín, en el momento de su historia en el que más investigación necesitaba sobre la administración pública, se desmanteló el aparato...
Fue desmantelada la investigación desde la Policía Nacional y la Policía Judicial. En narcotráfico, eran 40 y se llevaron 12, quedaron 28 y los repartieron. Eran policías judiciales. Al quitarles la especialización hay un problema. Cuando uno hace una investigación, por ejemplo, sobre contratación pública, pues se requiere que el policía Judicial sea contador o un abogado experto en contratación pública para que analice las pólizas. Pero no se puede poner a un policía Judicial para que sea experto en hurto.
¿Y usted alguna vez le dijo esto a Gustavo Petro en las conversaciones que sostuvo?
Lo que he hecho es hablar desde el 7 de agosto hasta hoy de esto. Claro que dije que la Policía Judicial estaba preocupada por el desmantelamiento. Lo dije en Medellín, justamente, porque me lo dijo la directora seccional. Me dijo ‘estoy muy preocupada porque me están sacando la Policía Judicial’. Lo denuncié. Y luego aparece esto que llevamos tres directores de la Dijín en un año y cuatro meses. Esto nunca me había pasado a mí en los dos años y medio que llevaba.
Entonces usted puede imaginarse qué planeación estratégica puede haber con un director de la Dijín que es Policía Judicial y que debe estar por lo menos coordinado con el fiscal General. Según el artículo 250 de la Constitución, el fiscal es el coordinador de la Policía Judicial en el país.
En Medellín, en algún momento, nos sentimos muy solos porque los organismos no investigaron todo lo que se denunciaba. De hecho, personajes como tuiteros y las veedurías se convirtieron en referentes al denunciar.
Pero al final llegamos y cumplimos y le cumplimos a Medellín.
Pero llegaron un poquito tarde...
No es que lleguemos tarde. Yo entiendo la preocupación mediática, pero también es necesario que seamos sólidos. Lo que no puede pasarnos es lo que pasaba históricamente: que llegaba la Fiscalía y presentaba los casos, y a los 10 días se caían todas las capturas.
Ya tenemos fechas para los próximos días para las imputaciones. Y el 9 de febrero vendrá una segunda fase en temas de contratación y corrupción también en el marco de ese seguimiento. Habrá seguramente más fases porque esos fiscales de la Dirección Nacional Anticorrupción están trabajando muy fuerte y estamos recibiendo más denuncias.
Parte también del escenario es que se generan más denuncias, incluso desde la administración actual sobre lo que ocurrió. Obviamente esas denuncias tienen que pasar por el rasero de que efectivamente se hayan cometido delitos y que las personas que los cometieron sean identificadas. La Fiscalía seguirá en su tarea de lucha contra la corrupción en Antioquia y en Medellín, como en otros lugares del país, sin freno, independientemente que Francisco Barbosa se vaya el 12 de febrero.
¿Qué va a hacer tras dejar el cargo? Se dice que se va para la Universidad de Miami a dar clases...
Voy a estar durante unos meses como profesor invitado de la Universidad de la Florida. Entonces voy a estar allá. Voy a estar viniendo permanentemente al país. Voy a estar escribiendo, seguramente en medios. Voy a estar hablando, opinando, visitando regiones y cumpliendo una labor de ciudadanía activa que es importante en el país. Todo por una razón muy simple: más allá de las discusiones en torno a la política, se requieren ideas, que todos avancemos y que el país se dé cuenta que no vamos por buen rumbo.
Voy a dedicarme a lo que sé hacer. Hay un libro que viene en camino también sobre todos estos años en la Fiscalía. Un libro escrito periodísticamente, porque además me gusta escribir y quiero que sea interesante, que diga cosas, que diga lo que significó esta administración. Casi que el mensaje es decirle a los colombianos que, a pesar de las dificultades, debemos mantener el optimismo. La democracia es un conjunto de expectativas que normalmente después de cierto tiempo se convierten en un conjunto de decepciones. Y posteriormente se recogen nuevas expectativas y nuevas decepciones. Eso es la democracia y nosotros tenemos que entender sus dinámicas.
¿Estamos en la fase de expectativas o de decepciones?
Por lo menos en mi caso nunca hubo ninguna expectativa y siempre estuve en el mundo de las decepciones. Pero creo que van a ahondarse las decepciones en el país. Pero la gente tiene que mantener el optimismo de que es un país grande, importante, resiliente y por supuesto todos queremos que al país le vaya bien. Sobre todo que a las instituciones que sustentan este país les vaya bien.
¿Estará en la misma onda de otros exfiscales que buscan lanzarse a la Presidencia?
La gente parte de la base de que ejercer liderazgos activos o hablar significa necesariamente candidaturas. Yo lo que quiero hacer es hablar, opinar, conversar en las regiones, que mi voz sea útil y escribir, que es lo que sé hacer. Por supuesto si puedo aportar cosas en el marco de lo público decir cosas y que opine propositivamente para el país.
No pienso en candidaturas, como anda una cantidad de gente desde que eligieron a Gustavo Petro, quienes se lanzaron a la Presidencia ya para el 2026. Este país requiere ideas, ideas de la gente, propuestas, ciudadanía activa, liderazgos activos regionales y no ponerse a anticipar cosas.
Por lo pronto, el 13 de febrero me vuelvo a reencontrar casi que con mi familia, porque esto no solamente han sido cuatro años, sino que llevaba año y medio también trabajando en un gobierno. No paré, iba para casi seis años y eso es mucho tiempo en una vida y sobre todo en una vida pública. Tuve que hacer casi 600 movimientos aéreos en cuatro años. Fue una tarea muy desgastante, pero siempre apasionante por el país.
Repito, después de esta experiencia le diría a todos los colombianos que me siento muy feliz de haber sido fiscal General, de haber representado a la gente por lo menos en lo que yo creía que era lo mejor para el país y me voy con la conciencia tranquila.
Solo para entender, ¿descarta una candidatura presidencial?
Más bien descartemos ese tipo de preguntas y más bien digamos que lo que queremos es liderazgos activos en el país, porque hoy se carece de liderazgos y existen enormes grupos de personas que son candidatos a la Presidencia y a muchas cosas.
Por lo pronto voy a dedicarme a escribir, a pensar y a reflexionar. Seguiremos en esta tarea. Finalmente soy un ciudadano activo, tengo 50 años y por supuesto mi vida no termina con la Fiscalía.
