“El secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el canciller Álvaro Leyva Durán. Él declaró desierto el anterior proceso licitatorio”, dijo al final de la tarde de este martes el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo. Con esa declaración, el Gobierno volvió a quedar en un laberinto sin sentido frente al contrato de alrededor de 600.000 millones de pesos para la realización de los pasaportes en Colombia.
La línea de la historia es inexplicable. En un primer momento, la Cancillería decidió declarar desierta la licitación de los pasaportes, correspondiendo a la orden directa del presidente Gustavo Petro que cuestionó el contrato en numerosas oportunidades señalándolo de “corrupto”. El argumento del presidente es que la licitación estaría amañada en favor de Thomas Greg and Sons, para que solo esta empresa pudiera ganarse el contrato multimillonario, que ha ejecutado en los últimos años sin competidores reales.
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Tras ello, Thomas Greg alegó que ya había cumplido con todas las condiciones de la licitación para ganarse el contrato, por lo que era irregular que el Gobierno no le entregara en franca lid. Lo que argumentaban los otros oferentes, es que la propia Cancillería había contratado una asesoría externa para que hiciera recomendaciones sobre qué aspectos debía tener el pliego para que la competición en la licitación fuera justa. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) aconsejó que, por ejemplo, no se le exigiera a los competidores tener una fábrica para la producción de los pasaportes únicamente en Bogotá, ya que esto solo podía ser cumplido por uno de los interesados: Thomas Greg.
A pesar de esas recomendaciones, la compañía de los hermanos Bautista decidió emprender una demanda administrativa y reclamó al Estado más de 100.000 millones de pesos por perjuicios económicos tras la no adjudicación que Thomas Greg and Sons reclamaba. Al mismo tiempo, el Gobierno hizo lo propio para que la expedición de los pasaportes no se alterara con la prórroga del actual contrato que lo tenía la misma compañía hasta octubre de este año, y con eso no poner en riesgo los viajes de los ciudadanos colombianos por el mundo.
“El 23 de febrero se suspendió, y se mantiene suspendido, el proceso con el fin de evaluar las más de 550 observaciones de 19 interesados y definir condiciones de competencia y transparencia”, agregó el canciller encargado, que llegó al país en las últimas horas y declaró insubsistente al secretario general, José Antonio Salazar, que decidió, en un movimiento sorpresivo, adjudicarle a la empresa de la controversia.
“No es cierto, como se afirmó en la resolución que pretendió la adjudicación, que exista el certificado de disponibilidad presupuestal”, agregó Murillo. Esto significa, entre líneas, que el Gobierno no tenía contemplado que Salazar adjudicara el contrato. Entre otras cosas porque quien llevó al jurista y profesor a la Cancillería fue el propio Leyva, que lo conoce desde hace varios años, según dijo el propio secretario general.
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¿Qué significa esto?
Lo que trasciende la historia es que el Gobierno no acepta que la resolución con la que Salazar adjudicó el contrato a Thomas Greg and Sons tenga validez, y que el proceso no dejó nunca de estar desierto, por lo que se sigue alistando una nueva licitación para adjudicar los recursos de la producción de pasaportes.
EL COLOMBIANO reveló que la administración tendría la intención de adjudicarle el contrato a la Imprenta Nacional, una empresa pública que sin embargo no tiene experiencia suficiente en esa actividad, por lo que planería subcontratar a una empresa mexicana que ya ha tenido líos en el país.
Petro y las elecciones
En otro movimiento inesperado, el presidente Gustavo Petro publicó un trino hablando de un “fraude monumental en las elecciones”, mezclando peras con manzanas y acusando a Thomas Greg and Sons de tener acceso a las bases de datos de los electores.
“En el último año han logrado que Thomas and Sons propiedad de los hermanos Bautista y con lobby de políticos muy pero muy poderosos, pueda controlar toda la base de datos de los colombianos en la Registraduría y al mismo tiempo controlan el escrutinio de las elecciones”, dijo el mandatario.
Los actores en juego
En la historia hay por lo menos cinco actores determinantes. El presidente que dio la orden reiterada de que se parara la contratación; el canciller Leyva que, según dijeron fuentes a este periódico, podría no ser ratificado en su cargo por el presidente luego de estos errores recientes; Thomas Greg and Sons y Cadena, las empresas que han desarrollado preponderantemente la pugna por el contrato; el embajador Murillo, al que le tocó responder por el acontecimiento más grave hasta ahora; la procuradora Margarita Cabello, que suspendió a Leyva por tres meses, y el secretario Salazar, cuyos motivos para enfrentarse a sus jefes sigue siendo un enigma, aunque él dice que lo hizo “porque era lo correcto”.
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Fuentes expertas en contratación señalaron que con este antecedente que se suma a la demanda de Thomas Greg and Sons, el Gobierno queda en un peor escenario para la defensa jurídica, aunque es claro que esta definición no se daría durante la administración Petro porque el litigio podría durar años.
Mientras tanto los 600.000 millones están supuestamente guardados como presupuesto de la entidad, el contrato de pasaportes ampliado de Thomas Greg sigue operando, y nadie sabe quién va a imprimir los documentos ineludibles para los viajes de millones de ciudadanos a partir de octubre.
