Congresistas oficialistas llamaron la atención por una presunta persecución política y vulneración de derechos. Expertos aclaran que la sanción sería administrativa, sin impacto en la estabilidad del cargo presidencial.
En sintonía con lo dicho por el presidente Gustavo Petro, que insiste en que detrás de la investigación administrativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra su campaña por presunta violación de topes electorales hay un golpe de Estado, este jueves la bancada del Pacto Histórico acudió a Naciones Unidas para informar de las presuntas irregularidades.
Hablando a nombre de todos los parlamentarios que hacen parte de la bancada de gobierno, una comisión liderada por el representante Alejandro Toro, la senadora Esmeralda Hernández, la representante Carmen Felisa Ramírez y la senadora Sonia Bernal llegó hasta Naciones Unidas para reclamar por lo que no dudaron en calificar como una persecución.
El objetivo, explicaron, es presentar ante el secretario General del organismo, António Guterres, un documento en el que supuestamente se detallan los argumentos jurídicos que validarían que el proceso que abrió el CNE vulneraría los derechos fundamentales del primer mandatario y atentarían contra la constitucionalidad.
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“Hemos llegado a Naciones Unidas para denunciar la persecución al proyecto del cambio, y específicamente a nuestro presidente Gustavo Petro, especialmente con lo que acaba de suceder con el CNE”, manifestó Toro. “El CNE se extralimita en funciones y no quiere sino acabar un proceso de más de 11 millones de colombianos”, dijo a su turno Bernal.
En esa línea, la senadora Hernández señaló que “el mundo tiene que saber que existe una persecución sistemática por parte de la Procuraduría, el CNE y en su momento la Fiscalía, en contra de un gobierno que fue elegido democráticamente. El presidente sabe que no está solo y acudiremos a todas las instancias para denunciar lo que está pasando en nuestro país”.
La decisión del CNE de abrir una investigación a su campaña desató la faceta más combativa del mandatario que, al insistir en la tesis de golpe de Estado, arreció en sus críticas, atacó a la oposición y hasta lanzó temerarias acusaciones a los propios magistrados.
Lo cierto –en medio del maremoto político–, es que una eventual decisión adversa contra su campaña no solo tardará al menos ocho meses, sino que se zanjaría únicamente con una sanción administrativa, es decir, una multa para el candidato y los demás investigados de entre el 1 % y 10 % de los recursos que el Estado le entregó a la campaña o la devolución del dinero.
Aunque el presidente ha intensificado su diatriba alrededor del golpe de Estado –lo que se traduce en gasolina para su Gobierno con miras a las elecciones de 2026–, expertos coinciden en que el proceso no conducirá a su salida del cargo, pues esa facultad sigue siendo de la Comisión de Acusación de la Cámara, como lo ratificó el Consejo de Estado.
Para el jurista Rodrigo Uprimny –investigador de la corporación Dejusticia y profesor universitario–, la esencia del fuero presidencial de Petro permanece “intacta”, en la medida en que el CNE no puede destituirlo ni suspenderlo. Si bien reconoció que hay “objeciones serias a la imparcialidad” del organismo electoral, Uprimny insistió en que la Constitución establece que el jefe de Estado solo puede ser destituido o suspendido por un juicio ante el Congreso.
“Petro tampoco puede ser investigado ni sancionado penalmente sin previa autorización del Congreso. Pero la eventual sanción del CNE no es penal ni disciplinaria, sino administrativa: una multa (...) El presidente, en vez de irresponsablemente denunciar un supuesto golpe de Estado y llamar a la movilización para enfrentarlo, podría aclarar que su fuero, en lo esencial, está intacto”, explicó el jurista.
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