Ninguno aceptó cargos. Según el ente investigador, Nueva EPS debió ser intervenida mucho antes, debido a que sus utilidades eran falsas.
En la mañana del 10 de abril, la Fiscalía imputó cargos al expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, y a otros tres exdirectivos (todos gerentes de cargos contables en la empresa) por el presunto ocultamiento de facturas y la desviación de $70.500 millones de deuda con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Ninguno aceptó cargos.
”Se tiene que entre 2019 a 2023 se dejó de procesar al rededor de 14 millones de facturas que habían sido expedidas por las diferentes IPS con las que la Nueva EPS habría mantenido algún tipo de relación contractual, ese es el marco, es la muestra que tiene la Fiscalía”, aseguró la Fiscalía 44 en medio de la audiencia de imputación.
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De acuerdo con la Fiscalía, este ocultamiento de facturas permitió que la Nueva EPS presentara una imagen financiera favorable ante la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) para así poder evitar una posible intervención del Gobierno. Al parecer, los exdirectivos habrían, presuntamente, inventado utilidades en los extractos.
“Pese a que los indicadores financieros en la realidad señalaban una pérdida millonaria año tras año, esta situación nunca fue puesta en consideración de esta última entidad, ya que, de haberse hecho, la Nueva EPS en cabeza del señor José Fernando Cardona Uribe, hubiese sido objeto de intervención hace mucho tiempo atrás como en efecto ocurrió en 2024”, explicó la Fiscalía.
Al expresidente de la entidad (durante el periodo 2009-2024), Cardona Uribe, le imputaron los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la salud y peculado por apropiación.
A Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente financiero; Edgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad; y Fabio Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas, les imputaron los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la salud.
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“Se tenían indicadores negativos y pese a ello, suscribió y presentó estados financieros con información falsa y se solicitó autorización de disponer de un recurso con el que no contaba y aun así, se apropió en favor de la EPS de la suma de $70.566 millones en favor, no solo de los accionistas mostrando eficiencia en gestión, absorbiendo pérdidas e incrementando o manteniendo el patrimonio de la EPS durante los años 2019 a 2023”, aseguró el fiscal a cargo.
El ente acusador, además, se dirigió directamente a Cardona Uribe, y lo acusó de ser el presunto máximo responsable de las actividades delictivas, debido a su papel como presidente.
“Señor Jose Fernando, usted como representante legal de la EPS y como ordenador del gasto y persona activa en el manejo de la EPS le correspondía poner en conocimiento a la asamblea y la junta directiva la verdadera situación económica de la EPS y usted no lo hizo, por el contrario, aprovechó su posición para, no solo engañar a la asamblea y a la junta directiva, sino para defraudar al sistema de salud con el único propósito que era que la Nueva EPS se mantuviera en el sistema”.
Al terminar la imputación, ninguno de los implicados aceptó cargos. Mientras tanto, la juez a cargo del caso negó la solicitud de que tres de los acusados fueran a la cárcel, debido a que la Fiscalía no pudo comprobar que aquello fuera necesario: no se demostró que alguno de ellos pueda obstruir la justicia o sea un peligro para la sociedad.
