“La medición por hectáreas está hecha para causarnos problemas”, afirmó este lunes el ministro de Justicia, Néstor Osuna, durante la presentación del informe anual de cultivos ilícitos elaborado por Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
De esta manera, el funcionario trató de salirle al paso a las feroces críticas por los pobres resultados del Gobierno de Gustavo Petro en materia de lucha contra el narcotráfico.
“La idea de que estamos inundados de coca no es cierta”, explicó el ministro de Justicia, pero los resultados del estudio lo pusieron contra las cuerdas. El país aumentó el año pasado en un 13% el total de áreas sembradas con hoja de coca, al situarse en 230.000 hectáreas, frente a las 204.000 reportadas en 2021.
Para Osuna, deberían existir más índices de consumo que comprendan de mejor manera las dinámicas sobre las drogas y, además, no restringirla al número de hectáreas sembradas.
El jefe de la cartera de Justicia aseguró que, pese al aumento en el porcentaje, “se está aplanando la curva”, dado que el incremento del año pasado en más bajo que el reportado en 2021, cuando fue del 41%.
Del total de 230 mil hectáreas registradas en 2022, el 77% se concentró en Putumayo, mientras que en otros territorios en los que los cultivos ilícitos han sido tradicionales, como Norte de Santander y Nariño, hubo equilibrio.
El 88% de la coca, señaló el informe, se concentra en áreas donde “siempre ha estado desde hace diez años”, como indicó el coordinador del SIMCI, Leonardo Correa. De hecho, la tasa de crecimiento en todo el país sin Putumayo es solo del 3%.
Correa llamó la atención frente a la zona alrededor del río Putumayo. El informe de monitoreo evidenció que el núcleo de coca se une con el núcleo de Perú, dado que se unen cultivos de ese país con los de las zonas que están en la frontera con el río. Para Correa, existe un “riesgo de núcleo transnacional”.
Frente a ese hecho, Osuna indicó que una de las prioridades del ministro de Exteriores, Álvaro Leyva, es la de mantener diálogos con Perú, Ecuador y Brasil, debido a que el río Putumayo es “una autopista gratis” que favorece al narcotráfico.
Sin embargo, las relaciones entre los gobiernos de Colombia y Perú no pasan por un buen momento, debido a los comentarios de Gustavo Petro en contra de la nueva presidenta peruana, Dina Boluarte, y al favor del derrocado expresidente Pedro Castillo.
Esta divergencia política podría afectar los planes conjuntos de lucha contra el crimen en la frontera.
Para la UNODC y el Gobierno, las alarmas se encienden en varias zonas de concentración en las que los cultivos se encuentran sobre áreas que requieren protección especial. El 21,5% de los cultivos están en parques nacionales naturales, 18% en resguardos indígenas, 4% en tierras de comunidades negras y 2% en reservas forestales.
Frente a este panorama, el ministro Osuna le explicó a Colprensa que contempla medidas de sustitución luego de consultas previas con las comunidades, además de fomento de economías verdes en las que se puede utilizar tanto la coca como otros cultivos. La excepción es el área concentrada en zonas forestales, donde, según Osuna, “no puede haber cultivo de nada”, por lo que la estrategia es la erradicación.
En las zonas de mayor concentración de coca, el informe señaló que persiste la falta de presencia estatal, a lo que Osuna respondió que la actual política de drogas del gobierno, que fue publicada este fin de semana y será presentada formalmente el 3 de octubre, “promete que el Estado va completo”, es decir, además de la Fuerza Pública, se contempla llevar educación y carreteras para contrarrestar las economías ilícitas.
