La senadora María José Pizarro es hoy una de las figuras más representativas del petrismo y suena como una de las llamadas a asumir las banderas del “Gobierno del Cambio” de cara a 2026. El haber estado de tú a tú con el presidente Gustavo Petro en el discurso del 18 de marzo en la Plaza de Bolívar ratifica su rol cada vez más preponderante en el Pacto Histórico.
En diálogo con EL COLOMBIANO, la congresista se refiere a lo dicho por el jefe de Estado durante esa intervención, lo que llevó a un grupo de congresistas a acudir a la CIDH por amenazas y un discurso de odio por parte del mandatario: “están un poco desproporcionados”, dice.
Pizarro señala además que debieron hacer antes la consulta popular convocada por el presidente y, en caso de que no prospere, su plan B son las elecciones de 2026. Reclama que “el Congreso está subido de tono con el presidente” y asegura que a Petro se le pide siempre “que ponga la otra mejilla”. Habla del arribo de Armando Benedetti al Gobierno y responde si está dispuesta o no a apoyar a Gustavo Bolívar –hoy favorito en las encuestas– en 2026. “Él se lleva más mal conmigo de lo que yo me llevo mal con él”, remata.
Hay unanimidad en que legítimamente el presidente puede convocar una consulta popular, pero ¿cómo ve el panorama en el Senado frente a su conveniencia? ¿Creen tener los votos?
No es un tema de conveniencia jurídica, sino de conveniencia política, que es diferente. La Constitución establece unos mecanismos de democracia, entre ellos, la consulta popular que ya se ha hecho en dos ocasiones. Si no me equivoco una se hizo en los tiempos de Jorge Eliécer Gaitán y luego la consulta anticorrupción.
Es un mecanismo de democracia directa perfectamente válido. Y los partidos deben considerar iniciar un proceso de participación ciudadana alrededor de un tema frente al cual ellos han eludido su responsabilidad de dar un debate democrático.
No estaríamos en estas, honestamente, si el Senado de la República hubiese permitido la discusión alrededor de la reforma de la salud y la reforma laboral. La discusión no es si iban a pasar o no, si iban a salir exactamente igual como las presentamos, sino que se debatiera de cara a la ciudadanía aspectos que son nodales.
Lo estamos viviendo hoy con la situación de la salud y con la situación laboral de los colombianos. Por lo tanto, lo que se requería por parte de quienes representan a la sociedad es dar el debate de temas de interés que le que le que le interesan a la gente. Mientras tanto, estamos debatiendo un montón de leyes, algunas muy válidas, otras que no tienen ninguna trascendencia, y se negó la posibilidad de discutir sobre estos aspectos nodales.
Bien reconoce que es un asunto político y ello implica, como coinciden analistas, que también se precipitó la campaña de 2026. ¿Eso es conveniente en la actual coyuntura?
Si me lo pregunta ahora, después de dos años y medio de estar esperando, tal vez lo debimos haber hecho antes. Pero no podíamos calcular que nos íbamos a encontrar con esta negativa de los partidos a dar un debate.
La democracia cuesta. La Contraloría ya reveló que un proceso de este calibre podría costar alrededor de $700.000 millones y la Registraduría dijo que no puede coincidir con otro proceso electoral. El Gobierno tiene una meta de austeridad y ahorro, ¿no es igualmente inconveniente un proceso en estas circunstancias?
Lo que es inconveniente es que la gente siga viviendo en una situación de inconstitucionalidad en la cual no tiene acceso a sus derechos fundamentales. La Constitución establece que todo el mundo tiene derecho a la salud, a derechos laborales, a pensión o educación que no le son garantizados a la mayoría de la población colombiana. Eso es lo que de facto debería cambiar o que deberíamos propender porque cambiara.
Frente a los costos: nuestro interés no es ni siquiera que se empate con algún otro mecanismo electoral. Podría suceder, pero más allá de si coincide o no con un evento electoral, lo cierto es que si los congresistas hoy no están representando la voluntad de los ciudadanos y su mandato, la gente tiene derecho a poder acceder a un mecanismo de democracia directa como es la consulta popular.
Hay toda una discusión en términos fiscales y podríamos hacer toda una serie de valoraciones. Pero como está establecido el mecanismo hoy, lo que dice la ley, es que el presidente de la República tiene un plazo para entregar las preguntas al Congreso y tenemos un plazo de 20 días para presentar su informe. La Registraduría tiene tres meses para reglamentar el tema. Esos son los plazos si la consulta pasa.
¿Si el Congreso no aprueba la consulta se podrá enrarecer aun más el ambiente político?
Seguramente se enrarece en el sentido de que se ha abogado por todos los mecanismos posibles para que se dé la discusión en el Congreso. Pero en el Senado ocho congresistas, de manera reiterada, le han negado la posibilidad a los colombianos de acceder al mejor mecanismo de salud posible.
En este país hay un consenso generalizado sobre las falencias que tiene el sistema de salud y los problemas estructurales que enfrenta. Hay un consenso generalizado sobre la necesidad de acceder al mejor sistema de salud posible. Hemos puesto sobre la mesa una propuesta de lo que creemos, estando hoy en el Gobierno, serían las soluciones o por lo menos los ajustes necesarios que requiere el sistema para poder garantizar toda una serie de derechos y salvarlo.
Lo que se requería era el debate para poder encontrar soluciones acordadas, como sucedió con la reforma pensional. Pero estos ocho congresistas bloquearon la posibilidad de un debate mucho más amplio.
¿Tienen algún plan B en caso de que no prospere la consulta?
Las elecciones del 2026.
La semana pasada varios congresistas, entre ellos algunos de la Comisión Séptima que hundieron la laboral, estuvieron en la CIDH reclamando por discursos de odio del presidente y por amenazas por palabras polarizantes y violentas. ¿Tienen razón en sus reclamos?
Todo el mundo tiene derecho a acceder a cualquier mecanismo internacional para exigir garantías democráticas si considera que le han sido vulneradas. Si de algo sabemos nosotros es de garantías democráticas vulneradas. A nosotros nos han asesinado de manera sistemática nuestra militancia. A nosotros nos han violado y negado los mecanismos democráticos de participación. Nosotros hemos sido estigmatizados a lo largo de toda nuestra historia.
Me parece a veces un poco desproporcionado. Uno de los congresistas que fue a la CIDH decía ‘esta violencia ha tocado límites’. ¿Límites? Límites cuando asesinaron tres candidatos presidenciales. Hoy estamos esperando verdad y justicia y, además de muerto hace 35 años, a mi padre lo siguen estigmatizando y lo siguen maltratando mediáticamente por sus posiciones políticas. Fue una un candidato presidencial asesinado por la mafia en la alianza con el Estado.
Creemos y respetamos que cualquier persona acuda a la CIDH o a la Corte IDH. Ellos analizarán la situación y dará una respuesta frente a la pertinencia o no de un pronunciamiento. Lo cierto es que tendrán que acatarse los mandatos de la CIDH porque no la desconocemos y ha sido un mecanismo válido para nosotros en términos jurídicos.
Yo misma tengo una solicitud en la CIDH por el magnicidio de mi padre. La Unión Patriótica ha acudido ante la CIDH ante la imposibilidad de que el Estado colombiano avance en las investigaciones por el asesinato de más de 6.000 de sus miembros. Pero ellos dicen en el Congreso que de dónde sacamos la cifra de 6.000 muertos de la UP. Es decir, ponen en cuestión las narrativas.
Insisto, si hubo violencia política en este país la vivimos nosotros y, por lo tanto, no vamos a estigmatizar a quienes asistan y hagan uso de un mecanismo que hoy existe en defensa de la democracia.
Usted estaba en el discurso que dio el presidente en la Plaza de Bolívar. Él dijo en referencia a los congresistas “el pueblo sacará del Congreso. No estoy hablando carreta, los del M-19 aprendimos a no hablar carreta. ¿Cómo interpreta usted esa frase?
Pues que en las elecciones de 2026 si la población considera que los congresistas no cumplieron con su mandato de representación, los sacarán del Congreso de la República. Para eso existe una democracia, para eso existe una Constitución. Somos defensores de la Constitución y de la democracia, y por lo tanto, el pueblo –en el ejercicio de sus derechos– le renovará o no el mandato a aquellos representantes del pueblo que hayan cumplido o no con el mandato popular.
¿Qué responderles a aquellos congresistas que lo asumieron como una amenaza para sacarlos antes de cumplir su periodo?
No, están un poco desproporcionados. Nadie los va a sacar mañana del Congreso, nadie va a entrar a sacarlos. Estaban diciendo que inclusive iban a entrar a tomarse el Congreso de la República como se tomaron el Palacio de Justicia, un grupo de hombres y de mujeres que tienen hoy más todos de 70 años y que firmaron la paz hace 35 años. Hombres y mujeres que llevan 35 años en democracia, respetando la Constitución y las leyes, y que no dejaron ni siquiera disidencias armadas. ¿No es un poco exagerado el planteamiento?
El M-19 firmó la paz y el presidente firmó la paz en 1990. Habiendo mi padre firmado la paz, lo mató el Estado colombiano en alianza con los paramilitares 45 días. Aun así, el M-19 siguió en la paz. Aun así fue la tercera fuerza más votada y participó en la redacción de la Constitución Política y desde ese día hasta hoy los miembros del M-19 no han retornado a las a las armas.
No sé qué más muestras quieren de respeto de la democracia. Estamos hablando de 35 años, tres décadas, casi toda mi vida. Yo tenía 12 años. Yo, su hija, he respetado las reglas de la democracia y soy senadora de la República porque respeto las reglas de la democracia. No estoy armando ejércitos revolucionarios insurgentes ni estoy armando ejércitos de ningún tipo. Estoy aquí ejerciendo y defendiendo mis posturas políticas en democracia. Por eso, me parece por eso que es un poco exagerada.
¿Pero no cree que, si bien no se compara con la violencia política de principios de los 90, el discurso del presidente sí está subido de tono especialmente con el Congreso?
Y el Congreso está subido de tono con el presidente. La semana pasada cuando estábamos discutiendo la rebaja de los salarios duré dos horas y media escuchando insultos por parte de la oposición política. Nos dijeron narcotraficantes, asesinos, corruptos. Nos dicen de todo todos los días. Escuchen, por ejemplo, las constancias del señor Miguel Uribe o del señor Jota Pe Hernández.
¿Ojo por ojo...? ¿Cómo hacer para bajar la polarización?
Todo el mundo tiene que bajarla, pero no pueden pretender que a nosotros nos pueden decir de todo y cuando llega el momento de que nosotros vayamos a hablar, sencillamente levantan las sesiones, como sucedió la semana pasada en la Comisión Primera en la discusión de la rebaja de los salarios.
En el caso de la reforma a la salud llevamos un año y medio hablando de ella, pero ellos insultándonos de todas las formas posibles, escuchando todos los improperios, y cuando llegó el momento de hablar no les gustó lo que dije, se pusieron a gritar como locos y y se levantó la sesión.
Entonces, ¿cuál es el espacio para nosotros poder contrarrestar las mentiras que están diciendo y los insultos que nos lanzan todos los días? ¿Cuál es el espacio? Si el Congreso de la República no es el espacio donde pueda primar una política del respeto, entonces toca hacerlo con la ciudadanía.
Pero aquí estamos hablando del presidente. Usted, que es una de las más cercanas a él, despojada de cualquier condición de congresista del Pacto, ¿no le ha propuesto tener una relación más armónica y colaborativa con el Congreso?
El presidente hizo muchos esfuerzos, puedo decirlo con honestidad. ¿Quién fue el presidente que invitó a su máximo opositor a la Casa de Nariño para dialogar? Fue el presidente Petro que invitó al expresidente Álvaro Uribe. ¿Quién ha invitado varias veces a un diálogo a la oposición? El hoy presidente Petro dialogó, por ejemplo, con el expresidente Iván Duque. Habló dos veces.
¿Cuántas veces alguno de nosotros tuvo la posibilidad de visitar un Ministerio para dialogar con un ministro? Yo conocí los despachos ministeriales ahora que estamos en el Gobierno.
¿Está agotada la vía del diálogo?
No, lo que quiero decir es que al presidente se le pide que ponga la otra mejilla y cuando se cansa de poner la otra mejilla y dice algo, entonces todo el mundo se alerta. ¿Cuántas veces estuvo Efraín Cepeda en el Congreso de la República dialogando y llegando a acuerdos para la reforma a la salud?
Se puede hacer una historia en estos dos años y medio, y siempre hubo la voluntad de construir acuerdos y hoy los congresistas siguen yendo al Palacio de Nariño para ver si es posible construir acuerdos. La pregunta es ¿se cumplen los acuerdos? ¿Quién incumple los acuerdos?
¿La relación entre Congreso y Gobierno está agotada? Pareciera ser que el presidente ya renunció al trámite de sus reformas en el Parlamento y la apuesta ahora es la consulta popular...
Es a lo que nos han querido llevar tristemente. Soy una persona que dentro de la bancada del Pacto Histórico se ha caracterizado por ser una de las voces más dialogantes. Yo hablo con todas las fuerzas políticas. Nosotros hemos establecido espacios para poder llegar a acuerdos. La misma discusión de la reforma a la educación: establecimos un mecanismo y llegamos a un acuerdo.
Eso exacerbó algunos ánimos por parte de Fecode. Nos volvimos a sentar y llegamos a nuevos acuerdos. Cuando ya teníamos por lo menos una ruta para ver si era posible avanzar para continuar con la discusión –es decir, habíamos acordado unos artículos–, me buscó en ese momento el senador David Luna y me dijo, ‘nosotros no vamos a seguir con el espacio de discusión y pueden ustedes presentar la ponencia’.
En este país existe la tradición de incumplir los acuerdos. Aquí se han incumplido todos los acuerdos de paz y por eso, no podemos tener hoy una sociedad en paz. Quienes han hecho parte del Estado colombiano históricamente tienen que acostumbrarse a cumplir los acuerdos.
En medio de esta relación Gobierno-Congreso aparece ahora Armando Benedetti. ¿Cómo la tomó su llegada al Ejecutivo, justamente usted que ha sido una abanderada de la lucha feminista?
En su momento hice pública mi posición en relación con los temas de género... ya no podría decir si son denuncias porque no tengo ni siquiera la claridad de que existan denuncias por el tema de género, pero independientemente de eso debo decir que las mujeres del Pacto estamos cansadas de dar explicaciones por los hombres.
Es Armando Benedetti el que tiene que salir a responderle a la ciudadanía por las distintas acusaciones que él tenga. No tengo que ser yo. En relación con mi posición frente a él, pues no soy la presidenta de la República.
El presidente ha tomado la decisión de designar a Armando Benedetti como su ministro del Interior. Yo soy una senadora de la República de la bancada de Gobierno y, por lo tanto, me veo obligada a tener una relación diplomática en el marco de mis funciones como senadora con el ministro del Interior. Y eso es lo que voy a hacer.
Por lo demás, es él el que tiene que responder ante la justicia frente a las acusaciones que tenga, es mi responsabilidad.
Al margen de esa polémica, ¿siente que en su nuevo rol como ministro ha ayudado a que fluyan las relaciones entre Congreso-Gobierno?
Hay que darle un poco más de tiempo al tiempo. No lleva ni un mes como ministro del Interior y dependerá de él si logramos, por ejemplo, que se agende jurisdicción agraria o qué sucede con la reforma a la salud en la Comisión Séptima, así como el trámite otros proyectos de interés que hay en el Congreso y que él como ministro tiene que facilitar ese diálogo para alcanzar los consensos. Eso se verá después de un tiempo, por ahora, creo que es muy pronto para hacer esa valoración. Una cosa es Benedetti senador y otra Benedetti ministro.
