En una carta de dos páginas, el exparamilitar Salvatore Mancuso, le dejó claro al expresidente Álvaro Uribe que no es cierto que esté tramando un complot en su contra, como él y su partido, el Centro Democrático, han denunciado.
Anunció además Mancuso que radicará una denuncia en contra del expresidente por difundir información que cataloga como falsa y le pidió presentar las pruebas que demuestren el supuesto complot para enlodardo. “Esta misma semana presentaré, sobre la base de sus afirmaciones, denuncio penal en su contra para que se aclare o conozcan los motivos por los cuales usted hace esa clase de afirmaciones, para que proceda a hacer llegar a las autoridades competentes las supuestas pruebas de sus infundios y formalice una denuncia, si es cierto que tiene esa información”.
La carta del exparamilitar, responsable de miles de actos criminales, es la respuesta a las declaraciones de Álvaro Uribe según las cuales Mancuso estaría haciendo varias llamadas desde el centro penitenciario para buscar testimonios que lo involucren con actuaciones al margen de la ley como la creación de grupos paramilitares, esto para obtener beneficios ante la Justicia Especial para la Paz (JEP).
“Yo no vengo a atacar su reputación ni a desacreditarlo, todos mis testimonios con relación a su papel en el conflicto armado, los he realizado en sede judicial. Y seamos claros, ya todo lo que se debía decir con respecto a su vínculo con el paramilitarismo en Colombia se ha dicho y si no se ha dicho del todo, lo que se ha dicho ha sido más que suficiente para corroborar que durante los años en los cuales usted fue gobernador de Antioquia y en su primer mandato presidencial, hubo connivencia, cooperación y un proyecto contra insurgente compartido entre las instituciones que usted lideraba y las AUC”, escribió Mancuso.
Las rencillas entre Uribe y Mancuso son de largo aliento; ambos surgieron con fuerza en la década de los 90, Uribe por sus logros en la región de Antioquia como Gobernador y Mancuso por su insaciable accionar criminal y de exterminio de la población más vulnerable. Se encontraron en el año 2002 cuando el Gobierno del que para ese momento ya era el presidente de la República, Álvaro Uribe, creó la ley de Justicia y Paz para la desmovilización de todo el grupo paramilitar a cargo de Mancuso, incluyéndolo a él. Ya para el año 2008 la tensión entre ambos fue pública cuando contra el cabecilla criminal, Uribe firmó su extradición.
16 años después, Mancuso regresó (sigue en prisión) pero pronto estará en libertad por petición del actual Gobierno que lo pidió como gestor de paz y porque él mismo y su defensa lo solicitaron a los jueces. Sin embargo, su salida ha estado frenada por los magistrados de Justicia y Paz que consideran que Mancuso aún tiene pendientes con las víctimas por más de 65 mil hechos criminales.
Desde su celda, considera Mancuso que las trabas con su excarcelación están influenciadas por Uribe.
“Sus acusaciones, lejos de reflejar la verdad, continúan faltando a ella, y parecen ser el resultado de una desinformación continua o, peor aún, de una estrategia deliberada con varios objetivos, entre ellos, influir en los Magistrados con el objetivo de que se niegue mi solicitud de libertad y se solicite mi exclusión de Justicia y Paz o, peor aún, alentar a los fanáticos que lo siguen y legitimar acciones que atenten contra mi integridad física”, añade.
Concluye que su vida podría estar en riesgo y pide no seguir con el linchamiento social
”Sé que esos mensajes son la forma de avivar las furias de mucha gente de gatillo fácil que sigue sus mismos principios ideológicos y mesiánicos, que ve en mí una figura incomoda y que quisiera quitarme del camino. Por eso le pido públicamente que cese su campaña de alentar un linchamiento social y de volverme objetivo militar. Por el contrario, lo invito a comparecer ante un sistema de justicia, a contar la verdad, su verdad y a pasar a donde deberíamos estar, en los anaqueles de la historia de Colombia”, afirmó.
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Es importante recordar que Mancuso fue condenado en Estados Unidos por lavado de activos y narcotráfico y que sobre su cabeza pesan delitos que sobrepasaron el Derecho Internacional Humanitario por la crudeza de las torturas y las masacres a la población civil en varias regiones, pero especialmente en Córdoba, Norte de Santander, Bolívar y Antioquia.
