A las 10 de la noche del martes 25 de enero, Hildebrando Rivera, de 60 años, murió de un paro cardiorrespiratorio en el Hospital de Engativá. Con múltiples traumas en su cráneo, tórax y abdómen, la cara irreconocible y sin un dedo, los médicos capitalinos pudieron hacer poco.
Horas antes manejaba un camión de basuras de la Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Guasca, Ecosiecha, por la vía que comunica a Bogotá y el municipio de Funza, cuando a las 8:30 de la noche atropelló a una familia indígena, provocando una tragedia.
Ermilda Tunay Sintua –indígena embera de 36 años y en embarazo–, caminaba con su hija Sara García, de apenas un año y nueve meses, por la berma (de acuerdo con las versiones de la comunidad) de la vía que conduce a Tunja. Se dirigían a su lugar de asentamiento, el Parque La Florida, en Cundinamarca, después de buscar algunos pesos por el Centro Comercial de la 80, casi saliendo de Bogotá.
La vía es oscura y a esa hora –aunque todavía no es claro cómo pasó– el conductor no las vio mientras caminaban por ese borde de la calle, arrollándolas ante los ojos de algunos peatones y vehículos que transitaban por la zona. Sin embargo, otras versiones indican que la mujer o su esposo hicieron señas al camión para cruzar la calle, pero este no paró y siguió derecho.
En pocos minutos, bomberos, agentes de Tránsito, personal de salud en ambulancia e investigadores del CTI de la Fiscalía llegaron al lugar para atender la tragedia que apenas comenzaba.
Entre tanto, un grupo, aparentemente de indígenas que habitan en el parque se acercaron enfurecidos por la muerte de la mujer. “Dios mío, acabaron con el carro, papito Dios, tuve un accidente, Dios mío, ayúdenme”, se le escucha decir con desespero a Rivera, en un audio enviado a sus conocidos en la noche del martes, cuando su preocupación era que había atropellado a una persona y debía avisarle a la empresa.
En el fondo se oye cómo le golpeaban las ventanas del vehículo con el que minutos atrás había ocasionado la muerte de una madre que dejó cinco hijos huérfanos, según la comunidad, pero quizás no sabía nada de las víctimas, porque no lo dejaban bajarse.
Con rabia, ese cúmulo de personas atacó con ira el camión, que terminó siendo lo menos grave de la jornada turbulenta de esa noche. Mientras los cuerpos de Ermila Tunay Sintua y Sara García tendían sobre el suelo, la gente enfurecida no saciaba la rabia.
Entre tanto, Rivera llamó al gerente de la empresa de aseo, Mario Calderón, para contarle lo sucedido y la situación en la que se encontraba. Él prometió que se comunicaría con el alcalde del municipio de Guasca y con la Policía de la zona, para acudir a ayudarlo y resolver la situación.
El gerente le pidió a la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo que llamara a Hildebrand y lo tranquilizara, pues ya estaba buscando alternativas.
La mujer, de nombre Johana, contactó al conductor como le ordenó su jefe, pero del otro lado escuchó una voz diferente; no era la de Rivera. “No llamen más a este teléfono, porque a este hp lo matamos”, pronunció una persona al teléfono.
A pesar de que ninguno de los miembros de la comunidad consultados por este medio confirmó haber visto lo sucedido, Claudia Geragama, indígena embera, dijo: “El papá dijo que parara un momento y el carro no quiso, metió más velocidad, entonces es culpable el conductor, yo creo que por eso el papá reaccionó y agredió al conductor”.
Cuando pudieron sacar al victimario y víctima del lugar, a las 9:46 de la noche, lo llevaron al servicio de urgencias del Hospital de Engativá. Un grupo interdisciplinario lo atendió, pues tenía “trauma craneoencefálico severo, lesiones en torax, abdomen y extremidades” –su cuñado aseguró que le desfiguraron la cara y le arrancaron un dedo–, que hizo necesario ingresarlo al servicio de cirugía, en donde murió por un paro cardiorrespiratorio, según confirmó la Secretaría de Salud de Bogotá.
A las seis de la tarde del miércoles 26, en el Parque Principal de Guasca, la familia convocó a una velatón en rechazo a los actos violentos de la comunidad embera, que a su vez vive su propia tragedia.
Y es que el deceso de Ermilda Tunay Sintua, quien será enterrada en Bogotá, se suma a su ya compleja situación de asentamiento en el parque La Florida, en donde habitan desde hace dos meses cuando la Alcaldía de Bogotá los trasladó desde el Parque Nacional.
Algunos de ellos retornaron a Risaralda y Chocó el 20 de diciembre del año pasado, a los resguardos de donde huyeron por la violencia, pero otros permanecen en la zona, mientras el Gobierno nacional coordina su reubicación, según ha informado el Distrito.
Como no es extraño, la situación sirvió para lanzar nuevos dardos desde el despacho de la alcaldesa Claudia López al Ministerio de Defensa, quien en una serie de trinos cuestionó el trabajo del Gobierno central: “El Ministerio de Defensa debe cumplir sus funciones, garantizarle a las comunidades que pueden vivir en sus resguardos y no desplazados por la violencia sistemáticamente”.
Por ahora, quizás lo más urgente, es la definición de la situación de los cinco menores huérfanos que dejó la madre indígena, actualmente en estudio de la Alcaldía de Bogotá.
A su vez, la Fiscalía trabaja en la individualización de los culpables del homicidio de Rivera y la empresa y su familia estudian tomar medidas legales.
