10
núcleos de deforestación priorizó el Gobierno en 2020 para un plan de choque.
120
millones de árboles plantados es la meta que quiere alcanzar Colombia en 2021.
La pandemia de la covid-19 nos ha quitado mucho: las vidas de seres queridos, la prosperidad de los negocios, la cercanía con los amigos y la tranquilidad. Y, sin que nos demos cuenta entre tantas dificultades, generó un escenario en el que también estamos perdiendo bosques.
Global Forest Watch (GFW), una plataforma de internet que monitorea esta situación, indicó que en 2020 se perdieron 166.000 hectáreas de bosque primario en Colombia; en 2019, esa pérdida fue de 115.000 hta, lo que refleja un incremento de 51.000 hta arrasadas desde que comenzó la peste del coronavirus.
La afectación también se observó en la cobertura arbórea, es decir, en el área por la cual se extiende el follaje, medida desde una vista superior (satelital o con dron), y que no solo abarca los bosques, sino también los viveros y zonas verdes urbanas.
En 2019 se perdieron 268.000 hta de esta cobertura y en 2020 la cifra subió a 324.000 hta (56.000 hta más).
Con base en esas estimaciones, grupos ambientalistas y expertos han lanzado llamados de atención al Estado y la sociedad, por las graves consecuencias que trae la depredación del medioambiente.
La Fundación Proaves, que administra 28 reservas naturales en todo el país, informó: “Ecosistemas de Colombia llenos de árboles, arbustos y matorrales han sido talados sin piedad, hemos perdido 563.000 hectáreas de bosque lluvioso primario entre el 2016 y el 2019, y esto fue antes de la pandemia; con la llegada de la covid-19 el aumento de la tala ilegal y las invasiones de tierras han incrementado. Un área tres veces mayor a la de Bogotá ha sido destruida”.
Juan Lázaro Toro, director de Estrategias de Conservación de esa entidad, partiendo de los datos de GFW, le contó a EL COLOMBIANO que “las alertas de deforestación tuvieron un primer pico en 2017, justo después de terminar los Acuerdos de Paz de La Habana; hubo una caída en 2018 y 2019, y el problema repuntó el año pasado, cuando empezó la pandemia”.
La tala indiscriminada y la invasión ilegal ha impactado a 10 de las 28 reservas de Proaves en el último año, por lo que tuvieron que interponer denuncias ante la Fiscalía y las autoridades ambientales. Estas áreas están en las inmediaciones de Barbacoas (Nariño), San Vicente de Chucurí (Santander), Manaure (Cesar), Carmen de Atrato (Chocó), la Serranía de las Quinchas (entre Boyacá y Santander), la Sierra Nevada (Santa Marta), Timbiquí (Cauca) y Mapiripán (Meta).
En respuesta a un cuestionario enviado por este diario, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reconoció el incremento en la destrucción de bosques, aunque le mermó gravedad: “El inicio del periodo de aislamiento selectivo se identificó un aumento en las detecciones tempranas de deforestación; no obstante, este comportamiento resultó ser menor que el presentado para el mismo periodo del 2019”.
Aún así, el ente gubernamental afirmó que “la deforestación es uno de los problemas más lamentables que tenemos en el país, sobre todo en el inicio de las temporadas secas del año, donde se promueve la implementación del modelo de tala, roza y quema”.
El foco del problema
Las causas del aumento en la depredación son múltiples y están bajo estudio de la autoridades ambientales.
Andrés Avella, exinvestigador del Instituto Humboldt y profesor de Manejo y Ordenamiento Forestal en la Universidad Distrital, opinó que “debido a la emergencia sanitaria, las acciones institucionales se concentraron en otros frentes y, en lo relacionado con los ecosistemas, mermaron. Esto provocó que los ilegales avanzaran en los territorios, porque las economías ilícitas nunca se detienen”.
Los daños provienen de la ganadería extensiva, las quemas provocadas, la ampliación de la frontera agrícola, la minería y la exploración maderera. “A la debilidad institucional que teníamos para enfrentar estos fenómenos, sobre todo en los sitios alejados, se sumó la escasez de recursos económicos que dejó el virus”, dijo el docente.
Toro comentó que otra de las causas es que, debido al encierro decretado en las áreas urbanas y el desempleo que esto conllevó, “muchas personas se fueron a buscar trabajo al campo, explotando la tierra y buscando nuevos cultivos, incluso en zonas de reserva”.
El Ministerio complementó que las motivaciones incluyen la praderización orientada a la usurpación y acaparamiento de tierras, y el desarrollo de infraestructura de transporte no planificada.
Según Global Forest Watch, el 2020 ha sido el año con el mayor número de incendios forestales registrados en la última década en Colombia, con 7.511 casos. En lo corrido de 2021 (con corte a mayo 17), los satélites han emitido 2.246 “alertas de alta confiabilidad” de incendios, con base en el sistema VIIRS (Suite de Radiómetros de Imágenes Infrarrojas Visibles).
Si analizamos la pérdida de cobertura arbórea a la luz del presente siglo (2001-2020), los cinco departamentos más afectados han sido Caquetá (688.000 hta), Meta (563.000 hta), Antioquia (521.000 hta), Guaviare (354.000 hta) y Putumayo (272.000 hta).
Estos sitios coinciden con ocho de los 10 “núcleos activos” que priorizó el MinAmbiente durante la pandemia. “En el monitoreo de 2020 se identificaron 10 núcleos activos de deforestación, para implementar un plan de choque: Yarí Sur y El Camuya (Caquetá); Parque Natural Tinigua, Mapiripán y Macarena Norte (Meta); San Lucas (Antioquia); Calamar-Miraflores y Marginal de la Selva (Guaviare); Catatumbo (Norte de Santander) y Carmen del Darién (Chocó)”.
En sus boletines de Detección Temprana (abril a septiembre de 2020), el Ideam registró daños en Tibú (Norte de Santander), relacionados con sembrados de coca, extracción informal de carbón y madera, y la expansión de la frontera agrícola y ganadera.
También en la cuenca del río Amazonas, en particular en las inmediaciones de Leticia y el Trapecio Amazónico (frontera con Brasil y Perú), en donde a las razones anteriores se añadió el incremento no planificado de vías fluviales y terrestres.
La lista continúa con Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo y La Hormiga, en Putumayo, donde la franja con Ecuador facilita el tráfico de madera.
En el Oriente antioqueño, puntualmente en Argelia, Sonsón, San Francisco y bosques cercanos al río Samaná, el agro se está tomando áreas de ecosistema estratégico. El mismo caso se presenta en la Sierra Nevada de Santa Marta.
El Ideam anunció que el próximo mes publicará datos más actualizados sobre la deforestación, que permitan enfocar aún más los esfuerzos del Gobierno y las organizaciones ambientalistas.
Protección ambiental
Desde el año pasado, el Estado cuenta con “la Política Nacional para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de Bosques, un Conpes que nos ha permitido implementar más y mejores estrategias”, respondió el Ministerio.
En lo relacionado con el control a la ilegalidad, la campaña militar y policial Artemisa ha permitido recuperar 14.000 hta que estaban siendo degradadas. Y en cuanto al cambio climático, “tenemos la meta más ambiciosa de Latinoamérica contra los gases de efecto invernadero, nos comprometimos con una disminución del 51 % para el 2030”.
Toro reconoció que el Estado está implementando planes, “pero la deforestación sigue. Se requiere un esfuerzo mucho más grande”.
El Gobierno, por intermedio del MinAmbiente y otras entidades aliadas, tiene la meta de sembrar 180 millones de árboles entre 2018 y 2022. De acuerdo con el Sistema de Información Ambiental de Colombia (Siac), a la fecha se han cultivado 60’604.477.
En 2018 se plantaron 6’213.728 y hubo un incremento importante en 2019, con 33’502.818. Al año siguiente, con la pandemia atormentando a la nación, la cifra cayó a 17’963.327; y en lo que va de 2021, se han contabilizado 2’858.822.
El departamento que más ha sembrado es Antioquia, con 18’899.077; le siguen Valle del Cauca (7’796.925), Bolívar (3’181.706), Nariño (2’596.120) y Sucre (2’465.368).
En ese repunte antioqueño ha sido vital el aporte de EPM (11,1 millones de árboles), el Grupo Argos (5,3 millones), Cornare (2,4 millones) y la Gobernación (2 millones).
Avella dijo que este es un objetivo loable, aunque jamás se puede pensar en una proporción matemática de 1 a 1 en cuestiones naturales. “La deforestación no es un asunto de cifras netas, el valor de lo que se pierde es incalculable comparado con lo que se siembra, porque también implica la desaparición de especies y el tejido del ecosistema”, añadió.
El Sistema de Información sobre Biodiversidad (SIB), constituido por el MinAmbiente, el Instituto Humboldt, el Ideam, la U. Nacional y otras entidades, precisa que Colombia es el primer país del mundo en cantidad de aves y orquídeas; el segundo en número de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce; el tercero en palmas y reptiles; y el sexto en mamíferos.
La acción humana tiene bajo amenaza a 1.302 especies, mientras que 3.524 son objeto tráfico ilegal, y todo esto refleja el enorme riesgo que conlleva la deforestación.
“Los planes de siembra – prosiguió Avella - tienen que estar acompañados de una vigilancia constante. Hay estudios que señalan que hasta el 50 % de estas ‘sembratones’ se puede podrir en dos años, si no hay monitoreo. En últimas, esto es igual a traer hijos al mundo: mejor que tener muchos, es criar pocos, pero bien acompañados, para que crezcan bien”.
