Detrás del imperio ilegal que mantienen los disidentes de las FARC en el departamento del Cauca se esconde una simbiosis peligrosa que atiza la llama del conflicto. El triángulo de la droga, las armas y el interés de los carteles mexicanos por el territorio han hecho que –como La Hidra de la mitología griega– este sea un monstruo difícil de derrotar para la Fuerza Pública.
El propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció que los criminales en el Cauca ya no operan como una guerrilla y que, por tanto, la estrategia militar para enfrentarlos debe ser replanteada.
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“Allá hay una cultura traqueta y la amenaza es diferente a la que antes enfrentábamos. (...) Ahora son traquetos que visten de civil, se mueven en moto, se camuflan entre la población y generan una intimidación enorme”, advirtió el ministro durante una conferencia de prensa.
En la noche del 11 de marzo las disidencias del Frente Carlos Patiño –comandadas por alias Iván Mordisco– atacaron con explosivos un convoy militar que transportaba materiales para reconstruir un puente en la región del Cañon del Micay. En ese atentado murieron cinco soldados y 16 más resultaron heridos.
Después del ataque, el presidente Gustavo Petro dio pistas de lo que es la alianza criminal entre disidentes y los carteles de la droga mexicanos.
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“El ejército privado de los carteles mexicanos en el Cañón del Micay ha respondido con la mayor de las brutalidades en el municipio de Balboa, matando a los soldados que llevaban parte del puente para el campesinado”, señaló el presidente.
Así funciona la alianza
Han pasado cinco meses desde que el Gobierno ordenó el envío de 1.400 soldados en la operación Perseo a esa zona. La victoria militar todavía no está garantizada.
Por el contrario, los disidentes parecen tener los recursos para recuperarse con rapidez. Después de cada golpe, parece, les surge una nueva cabeza.
Es que el suroccidente del país representó el territorio ideal para el aterrizaje y consolidación de los capos mexicanos. Esa llegada también benefició a los disidentes.
El balance humanitario de la Defensoría del Pueblo evidenció –durante el primer semestre del 2024– la presencia en Colombia de los carteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y los Zetas (ver mapa).
En Colombia hay 253.000 hectáreas sembradas con hoja de coca y solo en el Cauca se concentran 31.844 hectáreas de estos cultivos ilícitos (12,5%). El clúster de la ilegalidad se completa con las rutas que facilitan la salida al océano Pacífico para exportar los narcóticos.
La alianza, entonces, es simple:
Los carteles son el brazo financiero y los disidentes controlan las armas y ejercen presión sobre los campesinos para mantenerlos concentrados en cultivar, exclusivamente, la hoja de coca.
31.844
hectáreas de hoja de coca hay cultivadas en el departamento del Cauca.
“Los carteles inyectan a los grupos armados grandes capitales y armas y, a su vez, se articulan a través de trabajo conjunto en función de la regulación de la cadena de producción de la cocaína”, le explicó a ELCOLOMBIANO Francisco Javier Daza, coordinador Paz y Posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación.
Con la inyección de los narcos, los disidentes han logrado establecer presencia en 41 de los 42 municipios del departamento del Cauca.
Los carteles de droga, por su parte, saben que su alianza con los armados les permite acaparar ganancias y cubrir la demanda en un mercado que representa 11.680.000 consumidores de cocaína solo en América del Norte, Centro y Sur, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
Los mexicanos también tienen fácil acceso a armas compradas en Estados Unidos y, las mismas rutas del narcotráfico, son utilizadas para hacerle llegar material bélico a los armados ilegales en Colombia.
¿Cómo llegaron los mexicanos?
Con la salida de la guerrilla de las FARC del conflicto en 2016 –encargada anteriormente de custodiar la primera cadena del narcotráfico– se abrió un espacio para que se tejieran nuevas alianzas entre los carteles de la droga extranjera y los grupos armados ilegales de Colombia. La guerrilla se fue, pero el negocio debía continuar.
En 2021, un informe de inteligencia de la Policía señalaba que se había detectado la presencia de intermediarios de carteles mexicanos en 11 de los 32 departamentos de Colombia. Incluso en las zonas límites con Venezuela.
Un informe de la Fundación Pares, por su parte, documentó que en los municipios caucanos de Toribio, Corinto, Argelia y Jambaló se había difundido panfletos alusivos a los carteles mexicanos en los que daban aviso de su llegada al territorio y en los que prometían a los cultivadores de hoja de coca incrementar los precios por sus cosechas.
“Sobre los panfletos emitidos, la población del Norte del Cauca expresa que han llegado personas foráneas al territorio, pero que no pueden precisar que sean de nacionalidad mexicana. Entre varios líderes indígenas está la premisa de que grupos armados postfarc pueden estar aliados con carteles mexicanos en el territorio”, se leía en el informe de la Fundación Pares de 2020.
La confirmación de la instalación de emisarios al servicio de los narcotraficantes llegó en agosto de 2021 cuando la Policía capturó en Pereira a Néstor Tarazona Enciso alias “el Caballista”.
11,6
millones de pesonas en América son consumidoras de cocaína, según informe de la ONU.
El hombre era requerido por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Fue señalado de articular una red criminal que fue puesta al servicio de los carteles de Jalisco Nueva Generación ySinaloa. Era el responsable de constituir un holding o sociedad financiera para lavar dineros de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En abril de 2022 capturaron en un condominio de Cali a Brian Donaciano Olguín Verdugo, alias Pitt. Lo señalaron de tejer los vínculos entre el cartel de Sinaloa y los disidentes de los frentes Dagoberto Ramos, Jaime Martínez y Carlos Patiño.
“Nosotros si alcanzamos a ver panfletos firmados por gente que se hacía llamar mexicana, pero aquí en el territorio nunca hemos visto gente de esa nacionalidad”, le dijo a este diario un habitante del Cañón del Micay.
Es que el interés de los narcos extranjeros se reduce únicamente al económico. Por eso no envían grandes cantidades de sus hombres a Colombia, saben que están en desventaja ante una eventual confrontación bélica con otro actor armado.
“Su presencia es a través de pocas personas y esa es una muestra de que no tienen disposición de enfrentar a los grupos armados. Simplemente buscan controlar la economía sin inmiscuirse o meterse en las dinámicas de conflicto que hay actualmente en Colombia”, señaló el experto Daza.
El propio general Eric Rodríguez, segundo comandante del Ejército, reconoció que es difícil que los carteles mexicanos, propiamente, sean los autores directos de los atentados contra la Fuerza Pública.
“Para un cartel mexicano es muy difícil venir a posicionarse en Colombia porque sería objeto de operaciones constantes de la Fuerza Pública. De hecho, lo que ha sucedido en el Cañón del Micay con el incremento de acciones del grupo Carlos Patiño, es una reacción de las disidencias porque se les está dañando el negocio y se les está haciendo muy inseguro”, señaló el general Rodríguez.
El plan de la Fuerza Pública, explicó el ministro Sánchez, entonces, ahora se centrará en debilitar las economías que han permitido la rápida recuperación de los ilegales.
“Son cuatro grandes males que ya hemos mencionado: narcotráfico, minería ilegal, contrabando y corrupción. Allá estará el enfoque de todos nosotros para debilitarlos y que no tengan esa capacidad de recuperación criminal tan rápida como la tienen”, puntualizó Sánchez.
Los carteles mexicanos, que libran sangrientas batallas en Norteamérica por el control del negocio, parece que en Colombia continuarán en la sombra mientras juegan un papel silencioso, pero protagónico, en la reconfiguración del conflicto armado.
1.400
soldados fueron desplegados desde octubre pasado en el Cañón del Micay.
