Tanquetas, helicópteros, despliegue de tropas, francotiradores, chalecos antibalas, cascos de combate, radios. Aún para una población acostumbrada a padecer los estragos del conflicto armado, como la de El Plateado (Cauca), era muchísimo más de lo que habían visto en décadas. Videos captaron escenas parecidas a las películas.
A la par, el presidente Gustavo Petro hacía un estruendoso anuncio: “Por orden del presidente de la República y después de más de 5 años de dominio sobre el Plateado del EMC, que convirtió la región en una bolsa internacional de la cocaína, entra el Ejército de la Patria, de Bolívar, Nariño y Santander al plateado (sic). Hoy El Plateado es Colombia”, dijo el mandatario en la red social X el 12 de octubre de 2024. Y remató con una promesa: “A todos los campesinos del cañón del Micay, se les entregará, después de la acción militar, el poder en la región, semillas de producción lícita y atención social del Estado”.
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En lo que fue calificado por algunos como un “show mediático”, el presidente Petro ordenó a su gabinete que viajara el domingo 13 de octubre hasta El Plateado, que es más exactamente un corregimiento del municipio de Argelia. Tiene más de 8.000 habitantes, pero su nombre se asocia ahora a las disidencias de las Farc, aunque históricamente han hecho presencia las guerrillas. Desde allí, estos grupos controlan varias de sus operaciones criminales pues conecta al departamento con el Pacífico, siendo uno de los corredores de droga que alimenta la cadena de producción desde los ‘raspachines’ de hoja de coca, los laboratorios y los enlaces humanos de los carteles.
A esa zona, entonces, llegaron la mayoría de miembros del gabinete con chaleco y casco. Desfilaron funcionarios como Laura Sarabia (Dapre), Iván Velásquez (Defensa), Susana Muhamad (Ambiente), Carlos Carrillo (UNGRD), Mauricio Lizcano (TICs), Martha Carvajalino (Agricultura), Andrés Camacho (Minas) y Gloria Miranda (PNIS). Todos ellos recorriendo las casas, escoltados por decenas de militares, y como en campaña política saludaron a cada habitante con una sonrisa y promesas. Se tomaron hasta selfies. Regresaron a Bogotá con fotos heroicas.
Pero casi tres meses después, según los hechos, parece que El Plateado no es Colombia, como había dicho Petro. O quizás sí lo es, al menos una parte importante del país. Esa que recibe promesas que se diluyen en el tiempo y cuyos reflectores dejan de alumbrar cuando no están las cámaras encendidas.
Balance de la “Operación Perseo”
“Acá en el Cauca, lo que es El Plateado, el sur, solamente hay cultivos de coca, no hay cultivos de ‘pancoger’. Por eso nos parece muy difícil lo que propone Petro; esa compra debe ser a corto plazo porque deben sustituir esos cultivos con otros”, dice Gildawer Otela, un líder campesino del Cauca, en diálogo con EL COLOMBIANO, refiriéndose a otra propuesta del presidente Petro, la compra de hoja de coca por parte del Gobierno, que es difícil de materializar.
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Otela explica que el Ejecutivo ha hecho varias promesas en ese territorio que involucran a carteras y oficinas estatales. Algunas han tenido más avances que otras, como la entrega de 300 computadores por parte del Ministerio TIC a instituciones educativas. También los programas de entrega de semillas para cultivos de uso lícito. Pero nada de eso impacta, según expertos, si no se ataca el origen del problema que es la presencia y control de los grupos armados que se disputan el poder de la región.
Por eso, lo que sucede en El Plateado es el espejo de la cuestionada política de paz total del Gobierno que intenta avanzar en diálogos con los criminales y acude a ideas como los “gestores de paz” sin que eso se traduzca necesariamente en resultados para el territorio. De hecho, el 24 de diciembre pasado, se conoció la noticia del homicidio de un menor de edad que se negó a ser reclutado por las disidencias de las Farc. Y hace solo un par de días un anciano y su nieto de 10 años resultaron heridos en medio de un enfrentamiento de las disidencias con el Ejército.
Este diario conversó con Jorge Mantilla, experto en asuntos de paz y doctor en criminología, ley y justicia de la Universidad de Illinois (Chicago), quien considera que “la paz total quedó en una paz chiquita (sic), con mesas de paz por todo el país en las que se negocia con quien se pueda donde se pueda y tenga la caridad de ayudar al Gobierno a mostrar algún resultado, no importa cuál”.
Aún así, desde las Fuerzas Armadas crearon la “Operación Perseo” para enfrentar militarmente lo que sucede en el Cauca. El balance se concentra en la incautación de sustancias psicoactivas, pero su impacto tampoco resuelve o reduce los efectos del conflicto armado sobre la población.
Este 1 de enero, el comandante del Ejército, Luis Emilio Cardozo, entregó un balance de esa operación.
“Tenemos 12 sometidos, la destrucción de más de 500 artefactos explosivos y 77 minas antipersona, la incautación de 80 kilogramos de explosivos y 1.500 municiones”, dijo Cardozo. Y agregó: “Evitamos la circulación de 1,3 millones de estupefacientes en las calles del mundo. Además, incautamos mercancías avaluadas en más de 67.000 millones de pesos”.
Pero es tan negativo el balance en la política de paz total que el presidente Petro ni tocó el tema en su alocución del 31 de diciembre en donde se concentró en destacar cifras e indicadores macroeconómicos. En esa alocución el mandatario sacó pecho con una medición de la revista inglesa The Economist relacionada con el manejo económico de los países miembros de la OCDE. Colombia ocupó el sexto puesto. Pero esa misma revista, semanas antes, publicó un reportaje titulado “El presidente de Colombia tenía un plan de paz audaz. No está funcionando” en donde raja al Gobierno en materia de paz y seguridad.
El profesor Mantilla explica que la economía en un país como Colombia también es el resultado de una política de seguridad robusta. Lo que sucede en El Plateado y el Cañón del Micay alimenta a las economías ilegales y sus grupos que operan en varias regiones del país y que afecta a municipios y ciudades intermedias. En la ecuación entran otros actores como El Clan de Golfo que hace algunas semanas paralizó la operación de Supergiros a partir de extorsiones en la Costa Caribe. Lo mismo sucede con la guerrilla del ELN, ahora de alcance binacional, que somete a la población en la frontera con Venezuela, al amparo del régimen de Nicolás Maduro.
Esto se ve reflejado en que unos 8,4 millones de colombianos viven en zonas en las que operan grupos armados, un 70% más que en 2021. “Los enfrentamientos entre grupos rivales han aumentado un 40% bajo la dirección de Petro. El número de combatientes en los principales grupos se disparó el año pasado y el cultivo de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, alcanzó un máximo de dos décadas. Todo eso es un mal augurio”, señaló The Economist.
En conclusión, la visita del gabinete a El Plateado sirvió como propaganda gubernamental pero no como una solución real y a corto de plazo para enfrentar la violencia que azota hace décadas a esos territorios. Porque El Plateado existe en otros muchos departamentos del país con otro nombre. Solo que allá no han llegado las tanquetas, los helicópteros, el despliegue de tropas, los francotiradores, los chalecos antibalas, los cascos de combate y los radios. Por ahora.
