Parece que las lealtades poco duran en la política y si es para salvar su propio pellejo mucho menos. Eso es lo que estaría pasando entre el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, y el asesor jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Pedro Rodríguez, quienes en el pasado trabajaron juntos en la Gobernación de Nariño y ahora Rodríguez salpica a Romero en el escándalo de corrupción de la Unidad a cambio de un principio de oportunidad con la Fiscalía.
Lo paradójico de todo esto es que Rodríguez llegó a la entidad Nacional gracias a Romero, quien lo recomendó directamente con Olmedo López cuando este era director de UNGRD.
“Director jurídico de la Gobernación, los cuatro años que estuve”, fue el mensaje que el embajador le envió a López el 3 de mayo de 2023 para vincular a Rodríguez en la entidad. Ahora, al verse acorralado en el entramado de corrupción, el asesor jurídico incluyó en su matriz de colaboración a Romero, quien tiene serias aspiraciones a pelear la candidatura presidencial de 2026 por una coalición de izquierda.
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Según la revista Semana, en la construcción de su matriz de colaboración, Pedro Rodríguez, detenido en la cárcel La Picota, aseguró que tiene pruebas de cómo el exgobernador de Nariño estaría implicado en el escándalo; sin embargo, los detalles sobre la presunta participación de Romero en el saqueo de la UNGRD solo serán revelados en una audiencia y serán determinantes para que la Fiscalía presente un principio de oportunidad y un juez lo avale.
Rodríguez, según las investigaciones, habría recibido 1.000 millones de pesos en el entramado de corrupción de la entidad, los cuales se comprometió a devolver. Incluso, ya consignó 500 millones de pesos y solicitó un plazo de dos años para devolver los otros 500 millones. Como garantía, indicó la revista, firmó un pagaré y respaldó la deuda con un lote que tiene en Tabio, Cundinamarca, como garantía, y que está avaluado en 950 millones de pesos.
Con el principio de oportunidad, Rodríguez busca que le sean retirados los delitos de celebración indebida de contratos y falsedad ideológica, y que el proceso continúe con los cargos que ya aceptó: concierto para delinquir y peculado.
En el documento del preacuerdo, Rodríguez se comprometió a pagar cuatro años de prisión, pero por el monto de la pena, sería enviado a su casa al terminar de cumplir la condena.
La historia de los $700 millones de Rodríguez en el caso de la UNGRD
En septiemrbe de 2023, solo tres meses después de su nombramiento como asesor jurídico de la UNGRD, la entidad empezó a estructurar el contrato de los carrotanques para La Guajira que se terminó concretando y firmando en octubre de ese año. Las empresas que participaron fueron Luket SAS, Brand SAS e Impoamericana Roger, todas del contratista nariñense Luis Eduardo López. Este trató de engañar a las autoridades con una mezcla de nombres en las gerencias y representación legal de sus compañías para hacer creer que se trataba de una competencia entre diferentes, pero en realidad era él mismo el cerebro detrás de la contratación.
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El proyecto finalmente se lo ganó Impoamerciana Roger por 46.800 millones de pesos y luego vinieron los pagos en tulas, el dinero en efectivo, los encuentros y los chats con los presidentes del Congreso, la exalta asesora para las regiones, Sandra Ortiz –en prisión por el caso–, y las supuestas reuniones de cónclave que Olmedo señaló a la justicia como parte de la “organización criminal”, calificativo que usó la propia Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos.
Meses atrás EL COLOMBIANO conoció detalles de la declaración de López sobre el papel de Rodríguez en todo el entramado de corrupción y este aseguró que López Rosero le dijo a la Fiscalía que el asesor de Olmedo le pidió 700 millones de pesos en efectivo como cuota para poder ganar el contrato. Finalmente, de esos 700 millones, 300 se entregaron en Bogotá directamente al asesor y los otros 400 se hicieron a través de una transferencia a la pareja de Rodríguez.
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Una vez hecho el pago, la UNGRD decidió entregarle el contrato al empresario pastuso. López acudió a la empresa Kewnworth de la montaña en su sede en Pasto y le compró los carrotanques por 600 millones cada uno, aunque a a la UNGRD se los facturó al doble, en 1.200 millones de pesos.
Este diario buscó a Romero en su momento y dijo que respondería un cuestionario que se le envió. Sin embargo, no contestó. El embajador tampoco se ha referido recientemente a los señalamientos de quien en el pasado trabajó para él en la oficina jurídica de la Gobernación de Nariño.