“Hacen un show mediático de mandar a la cárcel al gobernador Aníbal Gaviria. Decidieron volver a los mandatarios locales el chivo expiatorio de los fracasos del Gobierno y de los abusos de la Fiscalía”, expresó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, cuando se enteró de la decisión de la Fiscalía General de la Nación de dictar medida de aseguramiento contra el gobernador de Antioquia.
Esas frases representaban el pensamiento de cientos de ciudadanos que han manifestado su desacuerdo con las decisiones del fiscal en redes sociales. Allí le enrostran especialmente que haya sido el mejor amigo de la época universitaria del presidente Iván Duque, quien lo ternó para ser fiscal, después de tenerlo como consejero para los Derechos Humanos. Videos en los cuales, durante la campaña a la Presidencia, Barbosa habla de sus razones para votar por Duque se volvieron un polvorín en Twitter y Facebook. Así cada decisión del ente acusador resulta cuestionada.
Por eso EL COLOMBIANO decidió analizar los tres casos en los que ha sido señalado de obrar más por política que por justicia, para con la ayuda de analistas entender hasta qué punto el fiscal Barbosa se extralimita en sus funciones, y si es verdad que tiene a la Fiscalía al servicio del presidente, como opinan sus detractores.
El “Ñeñe” y la compra de votos para duque
El fiscal Barbosa no llevaba un mes en el cargo cuando explotó el escándalo de la Ñeñepolítica.
El 4 de marzo pasado los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez publicaron una investigación en la que evidenciaban que durante las interceptaciones que la Dijín realizaba a las comunicaciones de José Hernández, conocido como el “Ñeñe”, a propósito del homicidio de Óscar Rodríguez, se escucharon conversaciones en las que el investigado hablaba de una supuesta compra de votos en esa región a favor de Iván Duque, entonces candidato presidencial.
Esta información cayó como una papa caliente en la oficina del fiscal, que tras diez días de silencio dijo, en rueda de prensa, que los audios relacionados con el escándalo nunca estuvieron en poder de funcionarios del búnker y aseguró que dichas grabaciones “siempre permanecieron en la Dijín de la Policía y jamás fueron remitidas a la Fiscalía General”.
“Desde que me posesioné (13 de febrero de 2020) hasta hoy, ni el director de la Policía Nacional ni el director de la Dijín me informaron que tenían esos audios. Fue la Fiscalía la que luego de realizar una inspección judicial a la sala técnica de la Dijín logró recuperar las comunicaciones”, añadió Barbosa.
Y aclaró que todo el material recogido en una diligencia judicial realizada en la Dijín sería reenviado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y a la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, ese mismo día se conoció un oficio que había llegado a manos del fiscal 21 Miguel Olaya Cuervo con 23.716 grabaciones, el 29 de agosto de 2019.
En vista de esa salida en falso, varias organizaciones, entre ellas Dejusticia y Transparencia por Colombia, solicitaron al fiscal que se declare impedido para conocer del caso que afecta a su mejor amigo: el presidente.
Ante su reiterada negativa, el abogado Miguel del Río Malo (quien representa los intereses de la familia Rodríguez), recusó a Barbosa y pidió a la Corte Suprema de Justicia que se nombre un fiscal ad hoc para todo lo que tenga que ver con la Ñeñepolítica.
Lo mismo hizo el periodista Guillén, quien le expresó en un derecho de petición: “Usted y sus subalternos están obligados a separarse por completo de este gravísimo caso de corrupción, del cual usted mismo comienza a ser parte como encubridor de la denuncia de compra de votos de su amigo Duque Márquez”.
Pero ahí no para todo. El 26 de mayo Barbosa aseguró que en las escuchas del “Ñeñe” se oye una supuesta financiación indebida que habrían realizado mineros de La Guajira a favor del entonces candidato Gustavo Petro, por lo que afirmó que serían llamados ambos gerentes de campaña.
Y la cereza del pastel fue la captura de los dos policías de la Dijín que interceptaron al “Ñeñe” por presuntamente haber chuzado ilegalmente a cinco compañeros.
Al respecto, Guillermo Mendoza Diago, exfiscal general (e) y exfiscal delegado ante la Corte Suprema, aseguró que que Barbosa no tiene que declararse impedido, porque “al presidente no lo investiga la Fiscalía, sino la Comisión de Acusaciones y la Corte Suprema de Justicia”.
Mientras que Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, advirtió que “Barbosa ha venido tomando una serie de decisiones que tienen consternada a la opinión pública, es como si en el caso de la ‘Ñeñepolítica’ quisiera poner un manto de duda para que nadie lo crea”.
Investigación contra claudia lópez
Cuando en redes sociales se filtró un video en el que un ciudadano denunciaba que en la fila de un supermercado estaban la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y su esposa, la senadora Angélica Lozano, el fiscal abrió una indagación por supuesta violación de medida sanitaria contra López, aún cuando al día siguiente de la denuncia Lozano había ido a una estación de policía a que le notificaran un comparendo.
A lo que la alcaldesa respondió: “La infracción de ir con Angélica al supermercado la reconozco con humildad, ofrezco excusas a la ciudadanía y acato el comparendo. Mi responsabilidad es mayor en dar ejemplo. Las controversias con el presidente no las debe dirimir la Fiscalía”, aseguró la alcaldesa.
El delito por el que indaga la Fiscalía a López, establecido en el artículo 368 del Código Penal, tiene una pena de entre cuatro y ocho años de cárcel.
Arrubla estuvo de acuerdo con la alcaldesa: “Por supuesto que estaba infringiendo una norma, debía ser objeto de sanción de policía y hasta disciplinaria, pero no una investigación criminal”.
Sin embargo, el penalista Iván Cancino dijo que el fiscal procedió como debía: “A él le llega una denuncia y tiene que mirar si investiga o no, el argumento de la Corte para no abrirle un proceso a Lozano dice que la conducta debe ser administrativa y no penal. Seguro será la misma decisión que tomará el fiscal”.
El caso del gobernador
Aníbal Gaviria
Barbosa también anunció a los colombianos que había solicitado al presidente Duque suspender al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, para imponerle una medida de aseguramiento privativa de la libertad en el marco de una investigación que adelanta un fiscal delegado ante la Corte por presuntas irregularidades en la contratación de la vía Troncal de la Paz, cuando fue gobernador por primera vez, hace 15 años.
El tramo que lo tiene en líos judiciales es el que va de Remedios a Caucasia, en la conexión del Nordeste y al Bajo Cauca antioqueño.
El ente acusador lo señala de haber incurrido en posibles delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación a favor de terceros.
Los cuestionamientos tampoco se hicieron esperar, líderes de opinión y empresarios de Antioquia, extrañados, manifestaron su respaldo a Gaviria ante una decisión de este calibre tomada 15 años después, cuando el gobernador ni siquiera ha sido llamado a juicio.
Mendoza Diago explicó que “siempre que se procede contra una autoridad, un funcionario de elección popular hay las reacciones naturales de que se piense que puede ser obra de los opositores. Pero yo aquí no veo esto como una persecución política”.
En ese mismo sentido, Cancino afirmó que “esta decisión no la toma directamente el fiscal general, la toma un fiscal delegado ante la Corte, mal haría él en controvertirla. Lo que hizo mal fue salir a hablar él, cuando eso no es su responsabilidad”.
De momento, Gaviria Correa presentó sus recursos a la Corte Suprema de Justicia, ya que, como consideró en una entrevista en EL COLOMBIANO el martes pasado, “no hay las garantías suficientes en la Fiscalía. No las ha habido en la parte anterior del proceso y no las ha habido en la forma en la que se construyó y comunicó la decisión”.
Arrubla, por su parte, consideró que el fiscal además de extralimitarse “borró con el codo lo que hizo con la mano”, al emitir una directiva en la que le pedía a sus fiscales no abusar de la medida de aseguramiento, y al otro día está emitiendo una contra un gobernador en ejercicio, por un hecho de hace 15 años”.
Así las cosas, la opinión pública y la de los expertos está divida, solo el tiempo dirá si el fiscal tenía razón en sus decisiones o si fueron parte del ajedrez de la política.
