Durante el inicio de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) este jueves en Medellín, varios países cuestionaron la presencia Julio Borges, delegado de Venezuela designado por el opositor Juan Guaidó, como representante de su país en la reunión.
Las reservas fueron expresadas inicialmente por el delegado de Bolivia, Diego Pary Rodríguez, quien señaló que Venezuela no es un país miembro de la OEA debido a que en 2017 el gobierno de Nicolás Maduro solicitó el retiro de su país de la organización.
El subsecretario de relaciones exteriores de Uruguay, Ariel Bergamino fue más lejos y apuntó que, validar la presencia del delegado de Guaidó implicaría reconocer a este último como presidente legítimo, algo que iría más allá de las competencias de la OEA. “A partir de esta situación, que desnuda un progresivo vaciamiento de la institucionalidad de la organización, Uruguay se retirará de esta Asamblea”, afirmó.
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A la inconformidad de Bolivia y Uruguay se sumaron países como Granada, San Vicen y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Suriname, Dominica, y Nicaragua. La embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños, señaló que, si Venezuela permanecía en las discusiones, su país se reservaría el derecho a reconocer “la validez de todos los actos y decisiones que emanen de la Asamblea General”.
Sin embargo, otros países como Argentina aceptaron la presencia de Venezuela en la sala. El vicecanciller Gustavo Rodoldo Zlauvinen apuntó que “Venezuela aún es parte de la OEA”, debido a que la Asamblea Nacional, institución controlada por la oposición, frenó la solicitud de retiro del gobierno de Maduro.
En 2017, el gobierno de Nicolás Maduro pidió a la OEA salir la organización, que debía hacerse efectivo en abril de este año. Sin embargo, en enero la OEA desconoció la legitimidad de Maduro y, en abril, aceptó el delegado de Guaidó Gustavo Tarre.
