Antioquia está en una paradoja. Al tiempo que los homicidios vienen multiplicándose en subregiones como el Bajo Cauca, el Nordeste y el Norte, y el Ejército y la Policía sortean una crisis por su escaso pie de fuerza y graves rezagos de infraestructura, no hay de dónde sacar la plata para atender tanto problema.
Con miras a cubrir ese faltante, el gobernador Andrés Julián Rendón volvió a la carga con su propuesta de cobrar una tasa de seguridad vía servicios públicos, con la que se busca recaudar $1,2 billones entre 2025 y 2027, que se invertirán en robustecer la Fuerza Pública.
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Mientras Rendón argumenta que la medida es urgente y necesaria, por cuenta de un negligente Gobierno Nacional que le dejó coger ventaja a esa crisis y que tiene sus lazos cada vez más maltratados con las administraciones de Medellín y de Antioquia, desde los gremios y algunos diputados de la Asamblea ya empezaron a emerger las primeras voces de inconformidad, alegando impactos adversos en la economía por cuenta de subir la carga tributaria y cuestionando que Antioquia se embarque en cuantiosas inversiones de seguridad, cuando la gestión en ese campo debe ser liderada principalmente por el gobierno central en Bogotá.
En medio de esa discusión, la premura de poner a raya varias estructuras del crimen organizado que vienen ganando terreno en el departamento le ha subido la temperatura al debate. ¿Debe Antioquia meterse la mano al bolsillo de cuenta de sus contribuyentes, ante la inacción del Gobierno Nacional en materia de seguridad?
Panorama de seguridad crítico
En cuestiones de seguridad, Antioquia está cercada en varios frentes. En cuanto al crimen organizado, una de las alertas más recientes que quedaron documentadas en el informe de calidad de vida del programa Antioquia Cómo Vamos, se asocia al fortalecimiento de las tres más grandes estructuras armadas ilegales con presencia en el departamento: el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las antiguas Farc.
El Clan del Golfo es uno de los que más preocupa. Pese a tener una presencia histórica sobre todo en subregiones como el Urabá y el Bajo Cauca, en la última década esta agrupación ha ido extendiendo sus tentáculos por el Nordeste, el Norte, el Occidente, el Magdalena Medio, el Suroeste y hasta el Oriente antioqueño.
De acuerdo con Antioquia Cómo Vamos y la Fundación Pares (Paz y Reconciliación), para este año ese grupo ya tiene presencia en por lo menos 66 de los 125 municipios de Antioquia, lo que equivale a un dominio del 52% del territorio.
Dicho porcentaje se corresponde con una expansión que también ha ocurrido por fuera de Antioquia, ya que mientras en 2016 se calculaba que el Clan tenía un pie de fuerza de 5.960 integrantes y estaba en 248 municipios del país, para 2024 ese contingente ya era de entre 9.000 y 14.000 hombres armados, con presencia en 316 municipios colombianos.
Esa cruzada del Clan se ha traducido en Antioquia en el recrudecimiento de la violencia, especialmente en los municipios ubicados en la zona limítrofe con el departamento de Córdoba, el Bajo Cauca, el Nordeste y los límites con el sur de Sucre y Bolívar.
Además de ser un corredor estratégico para el tráfico de drogas ilegales en su camino hacia Estados Unidos y ser una zona rica en yacimientos auríferos en los que ha florecido la minería ilegal (dos de las rentas más jugosas para el crimen organizado), en esa zona también hacen presencia los dos grupos de mayor envergadura que le disputan influencia al Clan del Golfo: el ELN y las disidencias de las Farc.
Mientras el ELN ha extendido su poder por 33 municipios (equivalentes al 26% de Antioquia), principalmente del Bajo Cauca, el Nordeste, el Norte y el Magdalena Medio; las disidencias de las Farc, que en el departamento se conocen como Estado Mayor Central (EMC), han infestado por lo menos por lo menos 19 municipios (15%), en las mismas subregiones del ELN.
Estas cuatro subregiones, en las que se traslapan esos tres grupos, son precisamente las que muestran los principales incrementos en el saldo de homicidios.
Con corte al pasado viernes 8 de noviembre, de acuerdo con los datos de la Policía Nacional, la lista de subregiones con los incrementos de homicidios más importantes estaba encabezada por el Bajo Cauca, con un 73,6% más entre el 2023 y 2024; Nordeste, con un incremento del 22,3%; y el Norte, con 17% más.
El fortalecimiento de estos grupos armados ha coincidido en años recientes con una disminución del pie de fuerza tanto del Ejército como de la Policía, lo que ha llevado a ambas instituciones a redoblar sus esfuerzos en los puntos más calientes.
Sin embargo, esos diezmados contingentes han dado lugar a casos críticos de municipios como Buriticá, en donde una población que se calcula ya superó las 10.000 personas, y sufre una guerra subterránea por el oro, en la que se estima hay unos 2.000 mineros implicados, apenas tiene entre 8 y 9 agentes de policía para cubrir tres turnos, lo que se traduce en un pie de fuerza de 3 policías para custodiar a toda la población.
Tan solo en el caso de la Policía, y aunque desde Bogotá viene prometiendo hace varios años incrementar la cantidad de efectivos, se calcula que mientras hace 15 años el Departamento de Policía Antioquia tenía unos 9.000 uniformados, hoy tiene menos de 5.000.
Rezagos logísticos
Esta falta de manos se suma a una larga lista de rezagos en materia de dotación e infraestructura que complican el trabajo de vigilancia y control, que se siente tanto en el Valle de Aburrá como en los municipios más apartados de los núcleos urbanos más densamente poblados.
Tan solo en la región metropolitana, la brecha entre Medellín y sus municipios vecinos es abismal, sobre todo en materia del circuito de cámaras de seguridad.
Mientras en la capital, que desde hace varios gobiernos viene robusteciendo su Secretaría de Seguridad, se dispone de una importante red de monitoreo dotada incluso con tecnologías como la LPR y otros software especializados, en los municipios vecinos muchas veces se pierde con facilidad la trazabilidad de los criminales más buscados.
Tanto en la zona urbana como la rural, el Ejército y la Policía también tienen problemas de dotación en materia de camionetas, motos, radios y drones.
Por otro lado, en cuanto a infraestructura, la situación es crítica en municipios como Murindó, en donde la estación de Policía se reduce a una pequeña casa de madera, o Chigorodó y Necoclí, cuyas subestaciones tienen humedades y paredes agrietadas.
Igual problema tiene el Ejército en su base de Abejorral, en donde los soldados que patrullan el municipio deben dormir sobre unos sucios y maltrechos pedazos de espuma tirados en el suelo.
Además de la comodidad y dignidad de la Fuerza Pública, advierte la Secretaría de Seguridad, estos rezagos de infraestructura también afectan la capacidad operativa, por ejemplo con problemas como el represamiento de personas privadas de la libertad en las estaciones de policía, una población que se calcula ya asciende a las 3.600.
Como parte de las inversiones propuestas derivadas de la tasa de seguridad, la Gobernación propone financiar la construcción de una cárcel departamental para sindicados, de un cupo de unas 1.000 personas y un valor de $194.000 millones.
Con este último complejo el objetivo es que dicha capacidad se sume a la también en construcción cárcel de sindicados de San Cristóbal, que tiene previsto alojar una población de 1.339 internos, y así se descongestionen las estaciones de policía tanto en el Valle de Aburrá como en otras regiones de Antioquia.
Además de esas tareas, la Gobernación también propone que de los $1,2 billones que se esperan recaudar se financie una modernización de los circuitos de cámaras de seguridad de todo el departamento, tendiendo una red de 5.000 kilómetros de fibra óptica e instalando cámaras de última generación.
También se proyecta fortalecer el sistema de emergencias 123, inyectar $42.000 millones en reformas de infraestructura para la Policía, el Ejército y la Armada; una partida de $114.000 millones para fortalecer la movilidad de la Fuerza Pública y un rubro de $300.000 millones para el mejoramiento de placas polideportivas.
Pagar o no pagar
A pesar de esta justificación, el debate de fondo que ha abierto el gobernador Rendón con ese proyecto para un nuevo impuesto es si serían los ciudadanos y empresas las que deberían subsanar esos rezagos.
Si bien el texto del proyecto de ordenanza no se conoce en detalle, y no lo tienen ni gremios ni varios diputados consultados, se sabe que la tasa conserva la misma esencia del proyecto que se hundió en julio pasado, que consistía en gravar el servicio de energía para los estratos 4, 5 y 6 y los clientes comerciales, industriales y oficiales, para financiar un fondo con destinación específica.
Durante la presentación ante medios de comunicación que se hizo este viernes, Rendón planteó que en un país en el que se están fortaleciendo los grupos armados y ante una política de seguridad nacional flaca en resultados, el Departamento no debería quedarse de manos cruzadas.
En contraste, organizaciones privadas como el Comité Intergremial han expresado su preocupación por la creación de un tributo que le sume más presión a las empresas, para una tarea en la que el principal doliente debería ser precisamente el gobierno nacional.
“Antioquia y Colombia atraviesan por una serie de dificultades económicas y sociales, presentadas ampliamente por instituciones como el Dane, donde la gran mayoría de las actividades empresariales presentan decrecimientos significativos, lo cual impacta drásticamente el empleo y las condiciones de vida en nuestro Departamento. Por lo cual un nuevo impuesto no es apropiado en estos momentos”, expresó Nicolás Posada, presidente de Intergremial.
Todas estas consideraciones serán las que deberá analizar la Asamblea de Antioquia cuando se radique este mes la iniciativa. El debate apenas comienza.
