La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) inició un nuevo proceso sancionatorio por cuenta de una presunta infracción en la licencia ambiental del proyecto de Hidroituango.
Así lo informó este martes Empresas Públicas de Medellín (EPM) en un reporte publicado en la página de Información Relevante de la Superintendencia Financiera de Colombia.
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Según precisó la compañía, dicho proceso sancionatorio fue notificado el pasado 3 de marzo, con base en un auto (identificado como 000909) emitido por la Anla el pasado 20 de febrero de 2025.
“La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (...) dispuso ordenar el inicio de procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad HIDROITUANGO S.A. E.S.P. en su condición de titular del proyecto ‘Construcción y Operación del proyecto Hidroeléctrico Pescadero – Ituango’, por la presunta comisión de infracción ambiental derivada del supuesto incumplimiento de las obligaciones de la Licencia Ambiental obrante en el expediente permisivo LAM2233”, reseñó EPM en su comunicado.
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Dicho proceso fue informado por EPM en su condición de mandataria de la Sociedad Hidroituango.
Si bien EPM no entró en mayores detalles de los hechos concretos que a juicio de la Anla constituirían una infracción a la licencia ambiental, la empresa de servicios públicos anticipó estar preparando “acciones administrativas” para controvertir dicho proceso sancionatorio.
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Esta noticia aparece casi dos meses después de que EPM informara de otro proceso sancionatorio iniciado por la Anla el pasado 27 de diciembre de 2024 y notificado el pasado 8 de enero de 2025.
De igual forma, en marzo de 2024, trascendió que la Anla había impuesto otra sanción en primera instancia por cuenta de unas sustituciones de puentes identificados como n.° 12 “La Mona” y n.° 14 “El Atraso”, ubicados sobre la vía Puerto Valdivia, y por la construcción de dos box culvert.
Según trascendió entonces, la Anla aseguró que esos elementos se habrían levantado sin que esa entidad hubiera sido informada con miras a la emisión de una autorización.
De igual forma, en dicha sanción, la Anla aludía a presuntos vertimientos de aguas residuales a un campo de infiltración, “provenientes del campamento localizado en el predio El Ciruelar”.
En esta última sanción, la autoridad ambiental había impuesto una multa de $1.408 millones.
