El gobierno del presidente Gustavo Petro le está cerrando la llave a las inversiones más importantes de Medellín y Antioquia. En una bolsa en la que están megaobras ya en ejecución, otras que no logran salir de los diseños y hasta programas sociales bandera como Buen Comienzo y el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la región está sintiendo los embates del desorden y la falta de recursos del Gobierno Nacional.
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El lío es complejo, ya que mientras por un lado el Gobierno Nacional aduce estar atravesando una crisis presupuestal severa que lo ha obligado a hacer recortes en todas las regiones, desde Antioquia y Medellín muchos no se explican por qué son precisamente las iniciativas más importantes de la región las que se terminan quedando por fuera de las prioridades de Bogotá.
Esta recurrente lista de pendientes ha profundizado además la fractura que ya separa al presidente Gustavo Petro con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, quienes en muchos casos han optado por apretarse el cinturón para que los procesos desfinanciados más críticos sigan andando sin importar la ausencia del gobierno central.
Las tensiones que ha suscitado el problema han derivado en múltiples conflictos, tal vez el más pronunciado es el de los proyectos de infraestructura vial, que llevó al presidente Petro a aseverar que en Antioquia esas obras ya estarían “prácticamente todas terminadas” y que prefería usar el dinero disponible en combatir el hambre y mejorar la educación, dos campos también con faltantes según la Alcaldía y la Gobernación.
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En un horizonte a mediano plazo la situación no se muestra alentadora, sobre todo por los anuncios de la Nación que apuntan a más recortes y a su cada vez más estrecho margen de maniobra en el Congreso, en donde no logró sacar adelante en diciembre una ley de financiamiento con la que esperaba recaudar $12 billones.
Un problema conocido
Las primeras señales de la escasez de recursos desde la Nación a Antioquia y Medellín comenzaron a salir a flote meses antes del cambio de gobierno, cuando desde octubre de 2023, el entonces gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, denunció que en el presupuesto nacional varios proyectos viales necesarios para culminar la red 4G en el departamento había quedado en el limbo.
La obra más crítica alertada desde entonces fue el Túnel del Toyo, que a pesar de tener un tramo a cargo del gobierno central desde 2015, con contratos firmados a bordo, se quedó varado.
Sin importar los múltiples reclamos que desde aquel año se formularon, la salida más expedita para que la obra no que quedara en el limbo apareció cuando el Ministerio de Transporte accedió a cederle a la Gobernación y la Alcaldía de Medellín un primer contrato del tramo en cuestión, pendiente de inversiones por $330.000 millones.
En Medellín, otro proyecto en ascuas es el metro ligero de la avenida 80, que desde el año pasado está esperando que la Nación le gire $483.000 millones acordados en su convenio de cofinanciación.
A los líos en estas dos obras, este año también arrancó con el anuncio de un recorte generalizado en las inversiones para Antioquia en casi todos los campos, según se alertó desde el Congreso cuando se conoció el decreto que reglamentó el presupuesto para la vigencia 2025.
En este caso uno de los recortes más severos vino para el presupuesto regional, que tuvo una disminución del 28%, pasando de $75,8 billones en 2024 a $54,5 billones este año. En el caso de Antioquia la reducción representó una caída del 26%, pasando de un valor de $8,8 billones en 2024 a $6,5 billones para 2025.
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Desde el año pasado, integrantes de la bancada antioqueña en el Congreso como el representante opositor Hernán Cadavid, de la bancada del Centro Democrático, ha señalado que dicho tijeretazo afecta inversiones en múltiples sectores, que van desde agricultura y desarrollo ($510.000 millones menos), inclusión social y reconciliación ($471.000 millones menos), transporte ($412.000 millones menos) y hasta Educación. En este último rubro trascendió un recorte aproximado de $30.000 millones aproximadamente, justo en medio del debate que se ha abierto por las afugias presupuestales de la Universidad de Antioquia.
Además de los proyectos en curso y las inversiones proyectadas para 2025, la región también afronta huecos contables por demoras antes impensadas, como es el caso del pago de los subsidios al servicio de energía de los estratos 1, 2 y 3, que tienen al Grupo EPM con un hueco de $1,25 billones según denuncio el alcalde Gutiérrez. En su cuenta, el mandatario distrital sumó a esos $1,25 billones otros $2,7 billones por concepto del saldo pendiente que quedó de la opción tarifaria, que la Nación había prometido asumir pero que todavía sigue en el limbo.
En su defensa, sin referirse a los subsidios, Petro señaló que el hundimiento de la ley de financiamiento ocurrido en el Congreso, cuestionado especialmente por el grueso de la bancada antioqueña, había tumbado un mecanismo con el que se buscaba cubrir ese faltante.
Más allá de este debate, la Alcaldía señala otros programas que también el gobierno Petro exhibe como prioridades, como la atención a víctimas y hasta el PAE, que han tenido que ser cubiertos con recursos locales para que sigan funcionando.
Al igual que en Medellín, la Gobernación alerta que en Antioquia muchos otros proyectos están en ascuas, incluyendo obras como la optimización del acueducto de Entrerríos, la construcción de infraestructura deportiva en Apartadó y hasta obras de mitigación del riesgo en Carepa y Dabeiba, que pese a ya estar contratadas todavía no arrancan en el terreno. En el radar también aparecen proyectos de fortalecimiento de servicios en salud y múltiples mantenimientos viales que están pendientes y cuyas solicitudes parecen estar durmiendo el sueño de los justos en los escritorios de Bogotá. Para conocer en detalle, EL COLOMBIANO consultó con la Alcaldía de Medellín y la Gobernación el listado de obras y programas en afugias o en veremos ante la falta de recursos del Gobierno Nacional. Así está el panorama.
Túnel del Toyo: la obra que tuvo que recibir Antioquia
El megaproyecto insignia que ha marcado los reparos de Antioquia y Medellín por la falta de recursos del Gobierno Nacional es el Túnel del Toyo, un complejo vial que unirá a las autopistas Mar 1 y Mar 2 y permitirá acortar los tiempos de desplazamientos del interior del país con el Golfo de Urabá. Aunque en 2015 la obra se dividió en dos tramos, uno a cargo de Antioquia y Medellín para construir su túnel vial y otro a cargo de la Nación para construir la vía de acceso desde Santa Fe de Antioquia al Túnel, en 2023 el Palacio de Nariño comenzó a decir no tener recursos para la obra. En medio de una fuerte controversia, el Invías accedió en septiembre a ceder un primer contrato y señaló estar dispuesto a ceder un segundo eventualmente. Las inversiones pendientes en el tramo a cargo de la Nación son de $660.000 millones.
Otros tramos viales de la red 4G están en el limbo
La misma falta de recursos que la Nación aduce tener para terminar su tramo del Túnel del Toyo ensombrecen el panorama para varios puntos críticos de la red de autopistas de cuarta generación que cruzan las montañas de Antioquia, muchos de ellos que tenían la promesa de salir adelante con recursos de las arcas nacionales. Un ejemplo de ello es el Puente de Bolombolo, proyectado en ese corregimiento de Venecia y crucial para conectar el eje Pacífico 1, 2 y 3 con el eje compuesto por Mar 1 y Mar 2. En agosto de 2021, aún bajo la era Duque, el Ministerio de Transporte expresó que el proyecto sería priorizado, en una inversión que entonces se estimó en $166.000 millones. Sin embargo, el cambio de gobierno vino y la obra quedó en el aire, junto a otras obras pendientes en Pacífico 1 que hoy no cuentan con respaldo presupuestal de la Nación.
El Tren del Río no pasará por el Palacio de Nariño
Pese a que una de los proyectos bandera del Gobierno Nacional es revivir la red férrea, Antioquia no está en los planes más inmediatos. Así lo señaló la gerente de la promotora Ferrocarril de Antioquia, María Marcela Holguín Moreno en diciembre pasado, precisando que el proyecto se quedó en el congelador desde 2022 y no es una prioridad para el gobierno central, sobre todo por no estar pensado para pasajeros exclusivamente. “Las regiones no pueden depender de una cofinanciación de un gobierno que hoy solo financia pasajeros. Sabemos que por las dinámicas comerciales y territoriales, ahora la puesta en marcha de Puerto Antioquia, poner a Antioquia en otra dimensión se hace prioritario y necesario”, expresó Holguín, quien señaló que Antioquia busca viabilizar con recursos propios un primer tramo de 29,8 kilómetros.
¿Atención a víctimas quedó en la cuerda floja?
Pese a ser una de las políticas bandera del Gobierno Nacional, otro programa que ha sufrido traumatismos en días recientes y que tuvo que asumir la región con recursos propios se trata de la atención a víctimas. Aunque en Medellín se calcula que hay aproximadamente 354.411 víctimas del conflicto armado, la Alcaldía señaló que por retrasos en la contratación de la Unidad Nacional para las Víctimas al Distrito le tocó meterse la mano al bolsillo para cubrir su atención. La Alcaldía señaló que en la ciudad hay puntos de Atención a Víctimas (PAV), atendidos conjuntamente por personal de la Unidad de Víctimas y profesionales del Equipo de Víctimas del Distrito. Los profesionales que dependen de la Nación se quedaron sin contrato en diciembre y desde entonces es solo la Alcaldía la que se encarga de atender los PAV, buscando garantizar la atención esencial de las víctimas.
El pasado 16 de enero, la Unidad para las Víctimas emitió un comunicado de prensa refiriéndose a la controversia, señalando que los retrasos en la contratación del personal serían “naturales” y no es la primera vez que ocurren.
“La Unidad para la Atención a las Víctimas cuenta con canales de atención como Unidad en Línea, a través de los cuales las víctimas pueden seguir recibiendo orientación y soporte en tiempo real”, argumentó esa dependencia.
Por otro lado, la unidad planteó que, de acuerdo con la ley, la atención a víctimas es una responsabilidad compartida y que la sostenibilidad de los PAV es competencia de la Alcaldía.
El metro de la 80: la Nación está colgada en sus pagos
En 2020, el Gobierno Nacional y Medellín lograron un cierre financiero para el proyecto del metro ligero por la avenida 80, avaluado entonces en $3,54 billones, 70% a cargo de la Nación y el 30% restante a cargo del Distrito. Durante aquel año, en contraprestación, Medellín accedió a meterse en el chicharrón de operar el servicio de energía en la costa Caribe, asumiendo una de las mitades que dejó la desaparecida Electricaribe y que luego se convirtió en Afinia. En 2024, con la llegada de Gutiérrez, la obra sufrió su primer cimbronazo cuando se conoció que además de un hueco de $1,1 billones, la misma no aparecía con destinaciones específicas en el presupuesto nacional. Si bien la Nación dijo que sus aportes estaban garantizados, el año terminó y a las arcas del proyecto no llegaron $483.000 millones correspondientes a la Nación. El faltante persiste.
El Grupo EPM está contra las cuerdas por subsidios
El trueque de financiación para el metro ligero de la 80 por poner a EPM a operar un pedazo del mercado de la desaparecida Electricaribe dejó el conglomerado público de Medellín con el lío de Afinia, que además de demandar inversiones por $3 billones y no reportar ganancias en los últimos cuatro años, es la filial de EPM con el faltante más grande ante el rezago del Gobierno Nacional por los servicios de energía para los estratos 1, 2 y 3. Tan solo en el caso de Afinia, la empresa está en ascuas ante un faltante de $695.000 millones, que incluso la tienen en vilo para operar en un horizonte de dos meses. Para el Grupo EPM, incluido el faltante de Afinia, el rezago en los subsidios representa un hueco de $1,2 billones: $227.000 millones de la matriz, $62.000 millones de la Chec; $148.000 millones de Cens; $15.000 millones de Edeq, y $117.000 millones de Essa.
El PAE y Buen Comienzo penden por reducciones
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) tiene a su cargo la alimentación de por lo menos 232.000 estudiantes en Medellín, siendo una de las apuestas más importantes para combatir la desnutrición infantil y garantizar la permanencia de los estudiantes en las aulas. En Medellín, la Alcaldía empezó el 2025 esperando que se desembolse el quinto y último giro de ese programa, que comprende $2.291 millones de un total de $11.455 millones de 2024.
En Buen Comienzo la preocupación es diferente. Según informó la Alcaldía, en 2024 el ICBF giró a ese programa $72.000 millones, pero para este año solo se ha comprometido a girar $20.000 millones al mes de junio. Para este año, Medellín ya había asignado $379.000 millones para la operación del programa, pero ahora tendrá que ver cómo cubre cerca de $60.000 que se esperaban.
Incertidumbre en varios frentes de la salud
De acuerdo con los datos de la Gobernación de Antioquia, en el departamento hay incertidumbre por varias inversiones de fortalecimiento que fueron prometidas y en las que todavía no llegan los recursos. Se trata de contratos para la adquisición de equipos biomédicos por $61.906 millones, que ya tienen resoluciones de respaldo expedidas desde el año pasado, pero cuyos recursos no llegan. El caos en estas promesas por parte del Ministerio de Salud aparecen en medio de un panorama en el que esa misma cartera es cuestionada por su negligencia con todo el sistema de salud, sobre todo en debates como la fijación del incremento de la UPC para este año, que también ha generado nerviosismo en los hospitales públicos del departamento a través de agremiaciones como Aesa, desde donde se pide revisar el tema. Entre tanto, desde la Nación dicen que no hay recursos.
