La Procuraduría General de la Nación tiene la lupa puesta sobre EPM a raíz del inicio de la operación comercial de las unidades de generación 3 y 4, que estaban en una carrera contra el reloj para encenderse y cumplir con las obligaciones de energía en firme adquiridas por la compañía con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
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Luego de que EPM informara que esas dos nuevas unidades ya estaban operativas, sumando así 600 megavatios de capacidad a la Hidroeléctrica Ituango, el ente de control encontró una presunta inconsistencia en los términos que empleó la compañía para comunicarle a la opinión pública esa operación.
La nuez de la cuestión estaría en las pruebas que la compañía antioqueña dijo realizar sobre los aparatos, que a juicio de la Procuraduría no corresponden exactamente a las mismas que se informaron a finales del año pasado.
Buscando aclarar si se trató de una imprecisión en las comunicaciones, o si en efecto obedecería a un cambio en las pruebas reales que fueron efectuadas en los aparatos, el ente hizo un requerimiento a EPM.
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Según el órgano, las dudas sobre ese proceso salieron a flote luego de que la procuradora Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial se diera a la tarea de comparar los comunicados publicados por EPM a finales del año pasado y este año.
Y es que de acuerdo con ese análisis, mientras en los comunicados de 2022 EPM fue explícita en señalar que las unidades 1 y 2 habían pasado por un proceso de pruebas que constaba de cuatro etapas, clasificadas como tipo A, B, C y D, a pocos días de poner en funcionamiento la turbina 4 solo se habló de forma general de una “sincronización”.
“De este contraste pudimos constatar que en el caso de las unidades 1 y 2, las pruebas tipo D incluían el rechazo de carga, mientras que para las unidades 3 y 4, en las mismas pruebas, sólo se hace mención a la de sincronización”, expresó el Ministerio Público.
“Por tratarse del mismo tipo de máquinas y basándose en los estándares de seguridad aplicados el año pasado, se solicitó que precisen si las unidades 3 y 4 pasaron por la prueba de rechazo de carga a potencia nominal o si esa prueba está pendiente por efectuarse, esto como parte de las pruebas dinámicas con carga que informaron en la visita al proyecto el pasado 12 de octubre y que le reportaron a ANLA en comunicación del 22 de octubre”, escribió el ente en su comunicado.
A juicio de la Procuraduría aclarar dicho detalle no sería una cuestión menor, dado que durante los últimos años uno de los factores que ha marcado todo el proceso constructivo y de instalación de las primeras cuatro unidades de generación ha sido el tiempo, clave no solo para que EPM cumpliera con sus compromisos regulatorios, sino para reducir la presión que sufre el vertedero desde su habilitación en noviembre de 2018.
Esta estructura, cabe recordar, pese a ser diseñada solamente para resolver crecientes, viene siendo usada de forma continua como única salida del agua y es uno de los componentes que amenaza la estabilidad del proyecto.
Pese a dicha premura, la Procuraduría recordó que ha insistido en que las pruebas y la habilitación de las unidades se realice siguiendo los máximos estándares de seguridad y de allí su preocupación por la información suministrada por la compañía de servicios públicos durante el proceso de encendido de las unidades.
