Mientras que los ediles cuestionaron que la Alcaldía de Medellín no les ha entregado un incentivo mensual para transporte, cuatro personas presentaron una demanda en contra de los líderes comunales por supuesto incumplimiento de funciones.
Mientras que los ediles de la ciudad reclaman por cuenta de retrasos de la Alcaldía de Medellín en la entrega de unos bonos que les da cada mes para apoyar su labor, otros los critican a ellos por una supuesta poca ejecución y hasta incumplimiento de sus funciones, lo que derivó en una demanda de pérdida de investidura presentada esta semana.
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Este lunes 28 de abril se radicó dicha demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, con la que buscan que se decrete pérdida de investidura contra casi la totalidad de los 146 ediles que tiene la ciudad. No se salvó ninguna Junta Administradora Local (JAL) de las 21 que tiene Medellín.
En el documento, conocido por EL COLOMBIANO, se pretende que los ediles pierdan la investidura que les dio su elección por un periodo de cuatro años, con el argumento de que, presuntamente, “desviaron y evadieron las funciones y sus responsabilidades, y han incumplido sistemáticamente los deberes inherentes a sus cargos”.
El abogado Ramiro Albeiro Sánchez, quien presentó la demanda en representación de cuatro ciudadanos demandantes, dijo que entre los incumplimientos que sustentan la petición al Tribunal están que los ediles no habrían debatido ni aprobado ni adoptado los acuerdos locales en el tiempo que debían hacerlo, en 2024, para consolidar los planes de desarrollo locales de las comunas y corregimientos. Tampoco habrían debatido ni aprobado los acuerdos locales para presentar los planes de inversión de cada territorio a la Alcaldía de Medellín para la vigencia 2025.
El abogado sostuvo que las pruebas de la demanda se basan en respuestas a derechos de petición de la administración distrital y las mismas JAL. Lo cierto es que el Tribunal tiene 45 días para tomar una decisión en primera instancia y lo más seguro es que el caso se vaya, tras una apelación, a una segunda instancia que determinará si hay lugar a que alguno de los ediles pierda la investidura.
La demanda va en contravía de lo que los ediles manifiestan, pues algunos afirman que son muchas las responsabilidades que cumplen y que pueden asemejarse a las de un concejal, pero a una escala comunal. Maximiliano Navarro, presidente de Asoediles y edil de la comuna 11 (Laureles-Estadio) resaltó entre las tareas una que justamente los demandantes dicen que habrían incumplido: construir acuerdos locales y los planes de desarrollo local de las comunas y corregimientos.
El edil destacó que realizan audiencias públicas de control político a las secretarías ante problemas de las comunidades y que promueven la participación de los habitantes en la priorización de los recursos de Presupuesto Participativo, una labor fundamental que volvió a sus manos tras un fallo en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia hace unos meses.
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Y es por eso que expresaron preocupación ante los retrasos en la entrega del bono, llamado de transporte, que el Distrito les entrega por medio de la Secretaría de Participación Ciudadana y que para muchos, según dijeron, es parte fundamental para su labor y hasta para su sostenimiento.
El pasado 24 de abril, circuló un comunicado en el que Asoediles, que agrupa a casi 90 ediles, indicó que el Distrito no había dado claridad sobre por qué este 2025 no les ha llegado ni el primer bono: “Esta situación ha generado un resquebrajamiento en las relaciones de confianza entre los ediles y la administración, toda vez que la información brindada hasta ahora ha sido evasiva e incierta”.
El asunto es que este incentivo no es obligación legal, pero la administración distrital lo venía entregando desde el año pasado. Es un bono mensual de $400.000, según explicó Navarro, quien afirmó que son conscientes de que es un aporte discrecional de la Secretaría de Participación y que reconocen los esfuerzos de la entidad para entregarlos, pero que les cuestiona que no se haya hecho este año.
El bono, agregó el presidente de la asociación, lo redimen por transporte, para movilizarse a cumplir sus funciones, pero algunos lo cambian por mercados. Y aseguró que complementa los honorarios de casi $1 millón al mes, que dependen de la asistencia a las sesiones —son 80 ordinarias y 20 extraordinarias cada año—, es decir, ese monto lo gana un edil que no falte a ninguna.
Por su lado, el secretario de Participación de Medellín Camilo Andrés Cano, respondió que el Distrito cumple de forma oportuna los beneficios de ley para los ediles, como la celebración del Día de las JAL, los honorarios, la cobertura de seguridad social —EPS, ARL y pensión— y la suscripción a una póliza de vida.
Respecto a los bonos de transporte, el funcionario no aclaró el porqué del retraso, pero recordó que además de ese a los ediles les brindan otros beneficios como pago del servicio de telefonía celular para cumplir funciones; dotación de equipos de oficina y papelería; pago de servicios públicos en las sedes de las JAL; apoyo para intercambiar experiencias nacionales; y asesoría con equipos jurídicos, administrativos, profesionales y auxiliares.
El secretario Cano puntualizó que al no tratarse de beneficios legales, la implementación del bono de transporte se rige por los tiempos propios de los procesos administrativos y contractuales de la Alcaldía de Medellín. Y dijo que la próxima semana se empezarán a hacer llegar a los ediles.
