Una fuerte advertencia les hizo a los municipios del Suroeste y el Bajo Cauca antioqueño el representante a la Cámara Hernán Cadavid (Centro Democrático) para que estén alertas sobre las posibles consecuencias negativas que traería para su desarrollo económico una resolución del Gobierno Nacional que restringiría el uso de sus territorios específicamente para la producción de alimentos mediante la destinación de los mismos como APPA, al punto de que incluso podría llegar a cambiarles la vocación actual.
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El texto de la norma fue colgado en el sitio web del Ministerio de Agricultura en los últimos días y tendrá hasta la próxima semana para que los interesados le hagan sus comentarios.
Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) implican que en las zonas que sean definidas como tales no podrán ejercerse otro tipo de actividades económicas.
En el proyecto, el gobierno de Gustavo Petro plantea varias de ellas en el país y delimita los municipios que las conforman: una estaría en la alta Guajira (9 municipios), otra en Córdoba (21 municipios), Santander (2 municipios), Cundinamarca (11 municipios de la sabana de Bogotá), una zona entre Tolima y el Cauca (8 municipios), así como en Antioquia.
En este último departamento mencionado, se nombran 29 municipios de manera concreta. La APPA del Bajo Cauca quedaría definida entre seis localidades: Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza
De otro lado, la APPA del Suroeste estaría entre 23 municipios: Amagá, Andes, Angelópolis, Betania, Betulia, Caramanta, Ciudad Bolívar, Concordia, Fredonia, Hispania, Jardín, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Salgar, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Titiribí, Urrao, Valparaíso y Venecia.
Para Cadavid, de alcanzar a ser expedida la resolución ocasionaría varios problemas. El primero es la incidencia del Gobierno nacional en el desarrollo de los territorios específicos, pasando por encima de la vocación económica que hayan ejercido durante su historia.
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Además, según añadió, habría un choque con otras normas de mayor jerarquía como las que les dan vida a los PBOT (Plan Básico de Ordenamiento Territorial) y los planes de desarrollo que formulan los alcaldes para sus administraciones.
“Es la profundización del centralismo y la superación de las competencias de las autoridad territoriales”, recalcó el congresista antioqueño, quien se pregunta en ese contexto qué podría pasar por ejemplo con la minería que ha caracterizado a Amagá o incluso con la producción cafetera que es insignia de muchos de los municipios mencionados, así como los cultivos de cítricos en otros o la ganadería en algunos, que podrían ser reconducidos o hasta eliminados en virtud de esta resolución cuyo fin oculto, de acuerdo con el representante a la Cámara, es atacar la minería.
Otra de las dificultades que ve Cadavid es la escritura bizarra que da pie a interpretaciones posteriores y a una inseguridad jurídica, pues para empezar manifiesta que se prohibe la minería, pero no especifica de qué tipo y en ese caso mete en un mismo costal proyectos como el de explotación aurífera de Quebradona, entre Jericó y Támesis –al cual el gobierno Petro y todo un movimiento subregional se han opuesto de manera férrea– con la extracción de materiales que son indispensables para la ejecución de obras de infraestructura y viviendas.
Igualmente, prohibiría en algunos casos la industria y el comercio pero tampoco es claro el texto en si allí se incluyen actividades como la producción de ladrillos y tejas que se realicen de manera amigable con el medio ambiente; de paso se estarían pasando por alto licenciamientos ambientales expedidos de forma previa. También, en algunos casos proscribe el comercio, sin dar más especificaciones del alcance.
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“Las personas de estas regiones no han dimensionado estas consecuencias. Así que nosotros estamos listos para presentar todos los comentarios respectivos y enfrentar para derribar esa resolución y toda esa normativa que restringe de manera indebida, con la excusa de unos supuestos determinantes ambientales, la vocación económica del suroeste de Antioquia”, concluyó Cadavid a la vez que reiteró el llamado a los alcaldes, concejales y líderes regionales a que se pronuncien al respecto.
