Los últimos señalamientos del alcalde Daniel Quintero sobre el manejo del informe técnico del reasegurador de Hidroituango, apuntan a que el anterior gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, conocía este documento y, además, lo habría ocultado por una supuesta cercanía del exdirectivo y Mapfre.
EL COLOMBIANO entrevistó a Londoño para conocer su versión y preguntarle, además, por qué si la contingencia se inició en abril de 2018, durante su administración se avanzó en la reclamación mas no en las acciones juídicas.
El alcalde Quintero dijo que el informe del reasegurador fue construido por Advanta Global Services, empresa escogida entre Mapfre y EPM, que usted viajó a Londres, e insinuó que existía una cercanía con Mapfre, ¿son ciertos estos señalamientos?
“Es totalmente falso. Primero, que yo haya viajado a Londres; yo no he visitado esa ciudad en los últimos 15 años. Y segundo, que yo tengo una relación cercana con Mapfre, no conozco ningún accionista ni ningún directivo de esa empresa. No tengo ninguna relación con ellos ni personal ni comercial, ni la he tenido en toda mi trayectoria profesional, entonces lo que afirma el alcalde es totalmente falso”.
¿Qué buscaría Quintero con este tipo de afirmaciones?
“Indudablemente es desorientar la opinión pública. No sé por qué para dar un debate ante la opinión, tiene que hacer uso de falacias y mentiras”.
Quintero también señaló que usted pidió a los funcionarios de EPM hacerle oposición a la nueva gerencia y a la nueva Alcaldía. ¿Usted hizo tales acciones?
“Fue de público conocimiento que los empleados de EPM me invitaron a un reconocimiento por la gestión que había hecho en los pasados cuatro años. No reuní a los empleados de EPM, me invitaron a un homenaje de forma espontánea, y en ese homenaje, con palabras mías de gratitud hacia ellos, les expresé que la empresa no se podía dejar irrespetar. Recuerde que el señor Quintero en el Concejo me entregó un queso y afirmó que la corrupción en EPM corrió por las venas. Lo que dije en su momento, era que siempre hicieran respetar la organización e impidieran que esta se politizara, a eso me refería”.
¿Pero hubo sugerencia suya de oposición o no?
“El mensaje mío es que todos los ciudadanos tienen la obligación moral de defender a EPM contra la politiquería, no es un tema de oposición, es un tema de defender la empresa contra la politiquería. EPM es el principal activo que tiene Medellín y es la mayor fuente de bienestar y desarrollo, luego todos tenemos que cuidarla y protegerla; y era la invitación que les estaba haciendo”.
¿Cree que EPM se politizó?
“Yo he recibido información de que se han relajado procesos de contratación de personal, se han relajado procesos de contratación de productos y servicios y se han aumentado gastos, llamaríamos, suntuosos, al interior de la organización. Eso son indudablemente señales que no dan tranquilidad del rumbo que lleva la organización”.
¿A qué se refiere con gastos suntuosos?
“Se habla de la remodelación de unas oficinas de la gerencia de EPM en Bogotá por cerca de 3.000 millones de pesos; se habla de contratación de firmas de abogados por más de 7.000 millones de pesos, sabiendo que al interior de EPM la vicepresidencia de Asuntos Jurídicos cuenta con más de 60, 70 abogados. Aquí hay una serie de gastos que empiezan a ser innecesarios para el correcto devenir de la empresa”.
En cuánto al tema del informe técnico del reasegurador, ¿ustedes lo conocían?
“El estudio del reasegurador es un estudio que lo hacen ellos para ellos. No es un estudio que el receptor final fuera EPM, lo hacen para determinar si la contingencia estaba dentro de cobertura o no”.
¿Pero, sabían de la existencia de este informe?
“Nunca la junta tuvo acceso a ese informe y nunca se discutieron los resultados del mismo. Se sabía que las aseguradoras lo estaban haciendo, porque los técnicos de ellos visitaban nuestras instalaciones, e igual, técnicos nuestros fueron a Londres a soportar la información que las reaseguradoras pedían. Nunca la junta directiva tuvo ese estudio ni nunca en EPM se radicó por parte de Mapfre”.
¿Por qué nunca lo discutieron en la junta de EPM?
“Eso lo hacen las reaseguradoras para ellas confirmar si la contingencia estaba dentro de la cobertura o no. ¿Qué significa estar dentro de cobertura? Esto es un error que uno escucha en los medios de comunicación, que como es una póliza todo riesgo, ellos iban a pagar de cualquier manera; no, eso no es cierto, una póliza todo riesgo tiene unas cláusulas de exclusión, no quiere decir que lo pagan de cualquier manera. Hay unas cláusulas que si se llegan a producir una de esas causales no pagan. ¿Y cuáles son esas causas? Que no haya dolo ni culpa grave. Las aseguradoras, con la información que les entregó EPM, con el estudio de Skava pudieron determinar que no había ni dolo ni culpa grave, por lo tanto, reconocen el pago de la póliza. Se sabía, pero no fue radicado. En cualquier siniestro, toda compañía aseguradora desarrolla un estudio técnico para ver si reconoce o no el pago de la póliza. Eso también nos pasó en Guatapé, nos pasó en Playas, y esos estudios técnicos no los tiene EPM. Son estudios de las aseguradoras para las aseguradoras. Para ellos determinar si reconocen el pago de póliza”.
¿EPM debería conocer el estudio para saber, si hubiera un caso de riesgo, cobrar la póliza?
“EPM tiene su propio estudio. Qué hubiera pasado dónde las aseguradoras le hubieran dicho ‘no le pago’. En ese momento entramos en una disputa jurídica en donde yo le presentó mi estudio, el de Skava, y ellos me tendrían que presentar el suyo y me tendrían que decir ‘aquí le tengo mis argumentos’, pero resulta que no hubo conflicto entre los dos estudios, porque las aseguradoras dicen ‘sí, usted está dentro del cubrimiento de la póliza’ y en ese sentido coincidieron ambos”.
Si la contingencia en Hidroituango empezó en abril de 2018, ¿por qué su administración no presentó una reclamación?
“Porque estaba avanzando el proceso de reclamación con el seguro en cuanto a los montos; porque mal haría entablar una demanda sin determinar con mayor claridad responsabilidades y posibles montos, y para eso había cuatro meses en la nueva administración. Sería una torpeza jurídica emprender una demanda sin tener avanzado todo el proceso de reclamación con los seguros y sin tener mucho más claro cuáles fueron los daños que produjo la contingencia. ¿Por qué no demandé? Pues porque no era el tiempo, el tiempo de las demandas más apropiado era en el primer trimestre de 2020”.
Entonces, ¿cuáles fueron las acciones para llegar a una reclamación en su administración?
“Cuando se presenta la contingencia desarrollamos un plan de trabajo de cuatro puntos, uno con mayor prioridad que el otro. El punto número uno era salvar vidas aguas arriba y aguas abajo. Eso era lo primero que había que hacer, evitar que la contingencia produjera víctimas fatales. Ahí nos vieron trabajando full, levantando la presa, robusteciéndola y terminando el vertedero que era lo más importante en ese momento. Afortunadamente hubo cero víctimas fatales”.
¿Y el segundo punto fue?
“Mitigar y revertir los impactos medioambientales y sociales que produjo la contingencia. Cuando pasó la inundación sobre Puerto Valdivia o como cuando hicimos el cierre de compuertas que se redujo el caudal del Cauca, trabajamos para las comunidades que se vieron afectadas, y se venía en un proceso de negociación, pero faltaba concluirlo. Lo dejamos avanzado, y le tocaba a esta administración concluirlo.
Lo mismo en lo medioambiental. Contratamos un equipo como de 10 instituciones, Universidad de Antioquia, Universidad de Córdoba, Instituto Humboldt, por mencionar algunas, para ver cómo cuidábamos y protegíamos el río Cauca y su entorno. Ese trabajo se hizo, pero necesita continuidad. Luego teníamos que concentrarnos en la tercera prioridad: recuperar el proyecto, y así pasaba, a tal punto que en algún momento se pensaba que había fracasado y no pasó”.
¿Y la reclamación?
“Buscamos la recuperación de dineros que se pudieron haber perdido con la contingencia, y esa recuperación viene con la reclamación a las aseguradoras y con la posible demanda ante terceros actores. Lo primero era ir a buscar la reclamación ante las aseguradoras. Eso fue lo que hicimos y se logró la declaración de cobertura y logramos que se diera el primer pago de ese ajuste a finales de 2019 por 150 millones de dólares y ahora acaban de pagar otros 100 millones de dólares. Le tocaba a la siguiente administración seguir el proceso de ajuste y le tocaba evaluar las posibles acciones jurídicas ante terceros”.
¿Qué piensa de la conciliación citada por EPM contra los consorcios y que cree que va a suceder?
“No tengo opiniones con argumentos, no sabría responder.”
¿Pero la ve viable?
“Lo único que tengo para decir es que el estudio técnico de Skava da como causa eficiente un problema de diseño de la fase de asesoría, pero con probabilidad baja de ocurrencia, todo eso se vuelve una discusión de posibles responsables; una discusión jurídicamente muy compleja de quiénes son los posibles responsables”.
