A raíz de una deuda con Corantioquia por casi $5.000 millones, la administración debió poner como prenda la sede del gobierno local.
Lo que comenzó como un rumor que se le salió a algún funcionario, terminó siendo un suceso pocas veces visto, que tiene en el ojo del huracán a la alcaldía de Caucasia por cuenta de haberse colgado en unos pagos, hecho que tiene hoy en riesgo a sus dependencias.
Según denunció el pasado 25 de noviembre la concejala Surany Arboleda Arias, a la alcaldía de Caucasia le habrían embargado su sede administrativa luego de haberse colgado en los pagos de algunas obligaciones tributarias con la entidad ambiental Corantioquia.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Arboleda comentó que las deudas de la administración con la Corporación ambiental datan de 2016 y estas tendrían que ver con el pago de las multas que la entidad impuso al municipio por el vertimiento de aguas residuales al río Cauca.
“Aunque el asunto viene de administraciones anteriores, lo que no entiendo es como embargan la sede de la Alcaldía desde junio de 2024 y hasta ahora no sabemos ni cuánto se debe a Corantioquia”, detalló.
Lea también: Niño de dos años murió en Caucasia por la picadura mortal de un alacrán
Arias le detalló a este diario que el embargo recaería sobre dos bienes cuyas matrículas inmobiliarias son la 015-611014 y la 015-71701. En los registros, el primero tiene como dirección la calle 20#10-160, que coincide con la sede de gobierno de Caucasia. Mientras que el otro aparece como un inmueble en el barrio La Y adscrito. La notificación del embargo se habría dado el pasado 7 de junio.
“Lo del embargo es preocupante porque, primero, para llegar a esa instancia inicialmente se hacen unos cobros persuasivos y así se llega a un acuerdo para evitar el embargo. Para mí, lo que el alcalde Johan Montes debió haber hecho fue mostrarle a Corantioquia qué esfuerzos se estaban haciendo en el tema de aguas residuales para así –de ser posible– renegociar la deuda. Pero parece que esto no pasó y lo peor de todo es que según parece, fue el mismo alcalde el que ofreció el inmueble como prenda para respaldar el pago de la deuda”, detalló la corporada.
Hay un asunto que no es menor y es que hasta hace poco no se conocía el monto adeudado. Algunos hablaban de que la cifra rondaría los $5.000 millones. La otra cuestión que resalta Arboleda es el secretismo del asunto.
“Yo me di cuenta porque a unos funcionarios se les salió el asunto en un comentario de pasillo. Indagando, averigüe que la sanción vendría desde hace cinco meses. Por eso tuve que enviar un derecho de petición a Corantioquia para conocer los detalles”, dijo.
Un asunto que tampoco pasa desapercibido es si el alcalde debió haber contado con el visto bueno del Concejo para, de haberlo hecho, realizar la oferta del inmueble para respaldar la deuda. Si bien la concejala dijo que tanto el alcalde –como responsable de los inmuebles públicos– y Corantioquia –como autoridad ambiental– tienen la potestad sin recurrir al Concejo, para ella el asunto debió haberse discutido e informado en el cabildo, aún teniendo en cuenta que Montes tiene dentro de su coalición de gobierno cerca de 12 de los 15 corporados.
“Él actuó como si estuviera entregando un inmueble personal, pero acá hay muchas dependencias que –de hacerse efectivo el embargo– afectarían el desarrollo del municipio. En este edificio están varias secretarías e incluso el Concejo. O sea nos tocaría ir a sesionar en el parque si Corantioquia nos quita el inmueble. ¿Cómo un hombre que viene de hacer parte del sector bancario va a preferir embargar la 'casa' de 130.000 caucasianos?”, inquirió.
En diálogo con el portal informativo Noticias Caucasia, el secretario de Hacienda John Navarro brindó declaraciones donde explicó su punto de vista de la situación.
Navarro confirmó que el asunto data de 2016 cuando, con el radicado 029 de ese año, Corantioquia inició un proceso sancionatorio contra el municipio por vertimiento de aguas residuales al río Cauca y a otras afluentes. Por ello descartó que el desbarajuste financiero hubiese ocurrido en la actual administración.
Complementando sus respuestas, Navarro dijo que por esto Corantioquia le hizo un cobro persuasivo en 2016 a la Alcaldía (en ese entonces bajo el gobierno de Óscar Aníbal Suárez). Después de ese cobro persuasivo procedió con un cobro coactivo que empezó a caminar desde 2017.
“En el 2023, según el reporte, se invitó al alcalde de ese entonces (Jefferson Sarmiento) a que se presentara a negociar con Corantioquia y él no lo hizo. En febrero de 2024 ya se emite un cobro coactivo con un mandamiento de pago. Eso quiere decir que si no se pagaba se embargaban las cuentas del municipio. Entonces ahí el alcalde Montes me autoriza a ir a Corantioquia para ver como está la deuda”, ahondó sobre el mismo tema Navarro en diálogo con el medio Noticias Caucasia.
Navarro confirmó que en Corantioquia encontró que la deuda ascendía a $4.838 millones al momento de la negociación, por lo que la única opción para las menguadas arcas caucasianas era pagar o negociar.
“La primera salida era ver que interés cobra Corantioquia y que interés cobra el sector financiero para ver si pagamos con crédito bancario o con la entidad. Corantioquia cobra el 12% y los bancos el 15%. Por eso nos acogemos a la deuda más baja y procedemos a hacer una negociación donde Corantioquia nos fija unas condiciones”, detalló
El funcionario también comentó que se llegó al acuerdo con Corantioquia de pagar la deuda en 84 cuotas con una inicial de 5% de la deuda. En ese contrato Corantioquia también solicitó unas condiciones, como por ejemplo, que hubiese inmuebles para respaldar la deuda.
“Pero no podíamos hacer una hipoteca porque eso genera un costo extra y encima esa plata la podemos usar para otros proyectos. Entonces Corantioqiua no deja en el contrato el término 'hipoteca' sino que radica ante registros públicos que lo que hay sobre los bienes del municipio es un 'embargo'. Y eso es normal. Ese fue el mejor negocio para el municipio”, opinó.
Lea también: Mataron a un hombre en el cementerio de Caucasia en el funeral de otra víctima de homicidio
Navarro Finalmente dijo que de la deuda ya se han pagado $350 millones en cinco pagos, de $70 millones cada uno desde julio. Indicó que la única solución definitiva a la situación es la construcción de dos plantas de tratamiento de aguas PTAR que valen $60.000 millones cada una, plata que la alcaldía no tiene por lo que anda tocando puertas en el departamento y la Nación.
Este diario también buscó hablar con el funcionario y este confirmó lo explicado en el medio digital.
Eso sí, agregó que el acuerdo entre la Alcaldía y y Corantioquia se dio en abril y que para el mismo no se requería aprobación del concejo por ser un trámite administrativo potestad del alcalde.
“Es de anotar que el bien cedido a Corantioquia no está en medida cautelar, se utilizó la figura del embargo pero realmente es una garantía o prenda de pago entre ambas entidades”, corroboró a EL COLOMBIANO.
Por su parte, Corantioquia también confirmó lo dicho por Navarro y comentó que el “embargo” del inmueble donde opera la administración municipal se efectuó luego de un pacto de voluntades entre el municipio y la Corporación para la efectiva celebración del acuerdo de pago.
Siga leyendo: Gobierno Nacional formaliza a 156 pequeños y medianos mineros en Caucasia, Antioquia
“Lo anterior no significa que esta autoridad ambiental intervenga la titularidad de este predio si se está cumpliendo el acuerdo de pago, puesto que es únicamente una garantía necesaria de acuerdo con la ley. Asimismo, es preciso manifestar que en el momento que el municipio requiera cambiar la garantía por otra, podrá realizarlo una vez aporte una garantía igual o mejor a la constituida”, dijo la entidad refiriéndose al inmueble.
Finalmente, Corantioquia reiteró que cuando se pague la deuda, la Corporación procederá a ejecutar las acciones correspondientes para desembargar este bien inmueble.
