En la Costa Caribe ni siquiera las alcaldías y las entidades públicas le están pagando el recibo de la luz a EPM. Con corte a diciembre del año pasado, el hueco con el que Afinia cerró por concepto de cuentas pendientes del sector público fue de $341.098 millones.
Dicha deuda se ha convertido en un tema tan crítico que hasta la Procuraduría General de la Nación tuvo que expedir esta semana una circular dirigida a gobernadores, alcaldes y gerentes de entidades descentralizadas de todo el país, para recordarles que pagar el servicio de energía es una obligación y dejar de hacerlo podría constituir una falta disciplinaria.
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El llamado de atención no solo aparece en medio de un panorama preocupante a nivel nacional por esos pasivos, sino sobre todo en una situación cada vez más crítica para Afinia, que tras casi cinco años de asumir la mitad de la desaparecida Electricaribe, todavía no logra levantar cabeza por cuenta de la mala cultura de pago entre muchos usuarios.
Según aparece en la información contable de la compañía, el listado de deudores en el sector público, uno de los más gruesos del país, está compuesto por un total de 451 entidades, que van desde alcaldías, hospitales, otras empresas de servicios públicos, entre muchas otras entidades.
Con corte a diciembre, el principal deudor era el Municipio de Ariguani, en Magdalena, con una cartera de $11.732 millones. En un rango similar también aparece la Empresa de Servicios Públicos de El Paso (Empaso) con una deuda de $11.089 millones; seguida de Servicios Públicos Domiciliarios Empresa Intermunicipal de La Línea, que debe $10.482 millones.
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Por debajo del umbral de los $10.000 millones, el listado de deudores continúa con la Empresa de Purificación de Agua de Bosconia (Empobosconia), con $ 9.822 millones; el Hospital Rosario Pumarejo de López, con $8.996 millones; la Empresa de Servicios Públicos Los Palmitos (Empal), con $7.535 millones; el municipio de Chiriguaná (César), con $7.535 millones; el municipio de Montería (Córdoba), con $5.590 millones; la Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de Ovejas, con $5.511 millones; el municipio de Mompós (Bolívar), con $5.239; y la Empresa de Servicios Públicos de El Blanco, con $5.233 millones.
Otros municipios que también aparecen como morosos con deudas por encima de los $3.000 millones son Bosconia, Lorica y Guamal.
Tan solo entre las 20 entidades que más ventaja le han dejado coger a sus deudas, Afinia tiene un hueco de $125.144 millones.
Precisamente con la vista puesta en ese paisaje, que también se repite en otras regiones del país, la Procuraduría General de la Nación expidió el pasado 3 de febrero una circular identificada como la 005, en la que recordó a los alcaldes, gobernadores y cabezas de entidades públicas que el pago oportuno de los servicios públicos es un imperativo y para ello deben destinar las partidas de recursos públicos necesarias.
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“Se recuerda que el artículo 12 de la Ley 142 de 1994 establece que el incumplimiento en el pago de los servicios públicos domiciliarios por parte de las entidades oficiales, en calidad de usuarios, constituye una causal de mala conducta. (...) conforme con el Código Disciplinario el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de los servicios públicos podría tener incidencia disciplinaria”, advirtió el Ministerio Público en su circular, que aparece firmada por el procurador delegado, John Harvey Pinzón Navarrete.
En su comunicación, el ente instó a los municipios a corregir esos pasivos y no poner en riesgo la sostenibilidad de las compañías de servicios públicos.
En enero pasado, Afinia ya había elevado una voz de alerta, ya que pese a invertir más de $3 billones provenientes del Grupo EPM desde que comenzó a operar en 2020, no ha logrado reportar un peso de ganancias por cuenta de las deudas de sus usuarios y el robo de energía.
Según señaló el entonces gerente Jhon Jairo Granada, quien renunció a su cargo el pasado 30 de enero, la empresa perdía por lo menos $62.000 millones por usuarios que se conectaban ilegalmente a las redes.
Además de ese faltante, el exgerente reprochó la actitud de muchos mandatarios locales, quienes dejaban a su suerte a la compañía en su esfuerzo por mejorar la cultura de pago e incluso a sus operarios a la hora de realizar trabajos de mantenimiento y mejoras en el territorio, muchos de ellos víctimas de asonadas y bloqueos por parte de comunidades que se rehusan a que se intervengan las redes.
Además de esos faltantes, esa filial del grupo EPM también denunció en enero tener pendiente un pago de $695.000 millones por parte del Gobierno Nacional por concepto de subsidios y otro faltante de $1,5 billones por cuenta del mecanismo de la opción tarifaria.
